Gustavo Fidencio Sanchez Rojas

Expediente 12/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
12/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Gustavo Fidencio Sanchez Rojas
  • JOAQUIN SANCHEZ ROJAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se remite al archivo el presente expediente

  2. Principal

    Notificación personal

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista el proveído de dos de los actuales a la parte quejosa. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Hipólito De Jesús De Jesús, Reyes Robles González, Ángel Martínez Rodríguez, Soledad Salazar Arzate, Celia Muciño Reyes, Marina Enriqueta Sánchez Camacho, Domitila Romero Peñaloza, Guillermina Reyes Mantia, Marina Mendoza Salcedo, Joaquín Sánchez Rojas, Juan José Hernández Torres, J. Guadalupe Palma Pascasio, Gustavo Fidencio Sánchez Rojas y Ruperta Emilia Nava Miranda, por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables que enseguida se precisan: ? Actos reclamados. 1) La inscripción y calificación registral positiva del acta de asamblea de veinte de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se elige presidente del Comisariado Ejidal. ? Autoridades responsables. 1) Delegación del Registro Agrario en el Estado de México Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 12/2018 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Desechamiento Esta juzgadora advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la diversa causal de improcedencia en cuanto a que contra el acto reclamado procede un medio de defensa ordinario, susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, prevista en el artículo 61, fracción XX, en concomitancia con el numeral 217, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior aseveración, es menester traer a colación el contenido de los preceptos 61, fracción XX , y 63, fracción V, de la normatividad de garantías , de cuyo contexto se obtiene que es improcedente el juicio de garantías contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, existiendo criterio jurisprudencial sobre el tema a que se contrae el acto reclamado; lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en los artículos 113 y 217 de la Ley de Amparo. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque respecto del acto reclamado consistente en la inscripción y calificación registral positiva del acta de asamblea de veinte de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se eligió presidente del Comisariado Ejidal procede el recurso de nulidad; y, en ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2a./J. 33/97 , del rubro: "ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES EJIDALES O COMUNALES. SU NULIDAD PUEDE PROMOVERLA UN EJIDATARIO O COMUNERO", deja sentado que los ejidatarios pueden promover la nulidad de las asambleas de elección de representantes del núcleo. Ahora, debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a que no deben exigirse mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso o medio de defensa ordinario, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley que rige el juicio constitucional para conceder la suspensión definitiva; el principio de definitividad debe prevalecer en ese caso y, en consecuencia, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios en su defensa. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le causen afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal; resultando aplicables, las tesis jurisprudenciales 447, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro: "RECURSOS ORDINARIOS" y la diversa 451, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del epígrafe: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO". Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como las de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que los particulares estén en la aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado; resultando ilustrativo a las consideraciones precedentes, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 115/99 , emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". Por consiguiente, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese sentido, el acto que se combate, consistente en: legalidad de la inscripción y calificación registral positiva del acta de asamblea de veinte de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se eligió al presidente del Comisariado Ejidal, constituye una determinación dictada por una autoridad agraria, de conformidad con lo que señala el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; por tanto, al tratarse de la afectación de un derecho de la parte quejosa respecto de un acto jurídico agrario, su impugnación tiene la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, relativas a la elección del presidente del Comisariado Ejidal, lo que implica que se trata de actos dictados por autoridad agraria que dan origen a la tramitación de un juicio cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Unitario Agrario competente. b) Que proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. En la especie se colma, porque la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en su artículo 18, fracción IV , se desprende que el Tribunal Unitario Agrario es competente para conocer del juicio de nulidad instaurado contra cualquier acto emitido por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; y, en ese sentido el juicio de nulidad ante dicha autoridad es un medio ordinario de impugnación que la parte quejosa debe agotar antes de acudir ante esta instancia constitucional, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado. c) Que la legislación ordinaria prevea la suspensión del acto reclamados sin mayores requisitos a los establecidos en la ley de amparo para su procedencia. Del artículo 166 de la Ley Agraria se desprende que podrá decretarse la suspensión de los actos reclamados, para cuya substanciación se remite al trámite previsto en la Ley de Amparo; de ahí que no se exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en virtud de que ambos juicios se regulan por igual ordenamiento legal y requisitos para proveer sobre la medida cautelar; por tanto, se cumple con ese requisito, contemplando lo dispuesto en la Ley de Amparo, en materia de suspensión, pues se constituyen los mismos requisitos, con lo que se refuerza que el acto que se combate carece de definitividad y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. d) Que el caso concreto no se ubique dentro de algunas de las excepciones contempladas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. También se cumple con este requisito para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el caso concreto no se ubica dentro de las excepciones previstas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo.

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