Gustavo Esequiel Silva Davila
Expediente 4019/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4019/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/01/2023
Partes del expediente
- Gustavo Esequiel Silva Davila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido vía electrónica por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del amparo en revisión R.A. 118/2018 de su índice, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, cinco de enero de dos mil veintitrés.Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las quejosas hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en consecuencia, se declara que dicha determinación ha quedado firme.En esas condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluido.Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda, la sentencia y la resolución emitida por el tribunal colegiado, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio, se negó el amparo y se concedió la protección constitucional, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere dicho artículo.En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el acuerdo referido en el párrafo que antecede, por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original.Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada.Finalmente, atento a lo ordenado por el artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente.Devolución de documentos.Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la quejosa que deberá acudir al local que ocupa este juzgado de Distrito con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa.Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa en auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga en relación a lo manifestado por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede hacer el pronunciamiento correspondiente en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en amparo en revisión 228/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en la que determinó resolver lo siguiente: "SEXTO. CONSIDERACIONES FIRMES E INTOCADAS. No es materia del recurso de revisión, por falta de impugnación de la parte interesada, el sobreseimiento decretado en los considerandos cuarto y sexto, en relación con el resolutivo primero, de la sentencia recurrida, debido a la inexistencia de los actos de aplicación de las normas cuestionadas y del acto formal y materialmente legislativos, así como por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de las diversas reglas ahí especificadas. Por consiguiente al no ser recurridas esas consideraciones, a pesar de que pudieran causar perjuicio a la parte recurrente, deben quedar firmes. Además, no se advierte queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. [.] De igual modo, tampoco es materia de la revisión, la concesión del amparo contenida en el considerando décimo tercero de la sentencia recurrida, repecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, dado que dicha consideración no afecta a la parte recurrente y no se impugna por la parte a quien, en su caso perjudica. [.] " En ese sentido, conviene destacar que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal, fueron para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la sociedad quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Ahora bien, mediante el mismo auto se requirió a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria a fin de que diera cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos precisados. En acatamiento a la sentencia de amparo, en auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informando que, respecto de la quejosa ********************, no se realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo cual no existen actos de cobro que dejar insubsistentes; oficio con el cual se ordenó dar vista a la sociedad quejosa y del cual quedó debidamente notificada, según se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. CUMPLIMIENTO SIN MATERIA RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. En ese sentido, al advertirse que la sociedad quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna al respecto, no obstante haber sido notificada legalmente, según consta de la constancia de notificación que obra en autos, y dado que la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria manifestó que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de la quejosa ********************, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes; por tanto, se concluye que no existen actos que dejar insubsistentes y en consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, lo que -se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación respectiva en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, este juzgado de Distrito estima que, no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, la ejecutoria de amparo ha quedado puntualmente cumplida sin exceso o defecto alguno, dado que se ha restituido a la sociedad quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese a la quejosa esta determinación y una vez que transcurra el plazo establecido en artículo 202 de la Ley de Amparo se proveerá lo conducente. Finalmente, visto el estado procesal que guardan este asunto, del cual se advierte que por escrito con folio 12020, acordado en auto de veintiséis de junio de dos mil veinte, el autorizado de la sociedad quejosa solicitó las notificaciones vía electrónica; en consecuencia con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo y con apoyo en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se autoriza las notificaciones vía electrónica. En atención a ello, se instruye al personal adscrito a este juzgado, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como al área de actuaría, a fin de que realicen los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Notifíquese y vía electrónica a la sociedad quejosa.
- Principal
Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el sumario constitucional en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Del análisis de las constancias de autos se advierte que en la sentencia de amparo este juzgado concedió el amparo a ***********, sociedad anónima de capital variable, contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remitan copia certificada de las constancias que lo acrediten. Deberá informar si a las morales quejosas ***********, sociedad anónima de capital variable, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: Precisado lo anterior, en relación con la concesión del amparo contra el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, el amparo se concedió para el efecto de que en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no hubiere ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tomará en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito se declare insubsistente. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En el entendido de que la autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se le impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por al razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. QUEJOSA R.F.C. ********** Notifíquese.
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