Gustavo Ernesto Llanes Chejin
Expediente 872/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gustavo Ernesto Llanes Chejin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
V-Agréguese el oficio 2646 de la secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo, al que adjunta los autos originales del expediente ******************** del índice de este juzgado. Acúsese recibo. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad oficiante refiere enviar testimonio de resolución, voto particular emitidos en el incidente de inejecución de sentencia ********************y juicio de amparo indirecto ******************** en un tomo. Sin embargo, en este juzgado únicamente fue recibido el oficio de cuenta y los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, no así el testimonio ni el voto particular que se aluden. En consecuencia, gírese atento oficio al Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que, de no existir inconveniente alguno, se sirva remitir el testimonio de resolución y voto particular, emitidos en el incidente de inejecución de sentencia ********************de su índice, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda. Notifíquese.
- Principal
V- Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio con el cual fueron enviados los autos originales del juicio de amparo 872/2019-V-A, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, en razón de la imposibilidad de la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, se le tiene informando que el veinte de julio de dos mil veintidós, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia planteado, el cual quedó registrado bajo el número 7/2022 de su índice. Notifíquese.
- Principal
V-Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; por consiguiente, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida o no.Precisado lo anterior, es necesario puntualizar que por sentencia terminada de engrosar de veintiocho de enero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó el presente juicio y por otra parte, fue concedido el amparo de la Justicia Federal al quejoso Gustavo Ernesto Llanes Chejín, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, que fue el siguiente: Culmine los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio "AGUA MARINA", ubicado en el Municipio de Bacalar, Quintana Roo, con el número de expediente. Una vez realizado lo anterior, ante la autoridad competente, continúe con el procedimiento de enajenación del expediente.... En auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de enero de dos mil veinte, y se procedió a requerir a la autoridad responsable delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, que acreditara con constancias fehacientes, haber dado cumplimiento al fallo protector. Cabe mencionar que a partir del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del año dos mil veinte, se suspendieron los plazos y términos, decretado por los Acuerdos Generales 5/2020 al 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV-2, por lo que todos los asuntos de manera paulatina se fueron dando seguimiento, conforme a las cargas de trabajo de este Juzgado, por lo que, seguida la secuela procesal, fue hasta el catorce de diciembre de dos mil veinte, que se requirió a la autoridad responsable titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con sede en esta ciudad, para que acreditara ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado total cumplimiento al fallo protector de mérito; o en su caso, las gestiones que se encuentre realizando al respecto. Consecuentemente, en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se tuvo a la subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en el Estado de Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, informando por oficio I-143- SJ/7616/2019 de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, que solicitó a la dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, la autorización correspondiente, a fin de realizar los trabajos de medición y deslinde; sin embargo, señaló que al no obtener respuesta por parte de esa autoridad, giró el diverso oficio I.143.OR.ROO.SJ.655.2021 fechado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, reiterando de nueva cuenta la solicitud antes realizada. Por lo que en dicho proveído, ante tales circunstancias, fue solicitada a la dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, a efecto de que informara el tratamiento que le dio a los oficios de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, así como al diverso I.143.OR.ROO.SJ.655.2021. En ese sentido, por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al subdirector de Cumplimiento de Ejecutorias de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, informando que el área técnica de su adscripción elaboró un Plano de Identificación Geográfica respecto del predio denominado "Agua Marina", ubicado en el municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, en el que se observa que el polígono del predio se ubica dentro del Corredor Turístico "Costa Maya- Punta Herrero Xcalak", en ese tenor, también le hizo de conocimiento que el expediente relativo al predio en comento se encuentra en revisión técnica para emitir el acuerdo correspondiente. Por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, la subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en el Estado de Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en esta ciudad, en atención al requerimiento efectuado en diverso proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, informó que se encontraba en espera de que la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, dictara el acuerdo en el expediente DGRP/SOTN23QR/0253/2019, respecto del predio "Agua Marina", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. En determinación judicial de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, informando que por oficios I.143.SJ.7616.2019 y I.143.OR.ROO.SJ.0655.2021 de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve y veinticinco de enero de dos mil veintiuno, solicitó a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, autorizar los trabajos de medición y deslinde, y por oficio II210.DGOPR.DTN.12545.2021 de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Agrario, habilitó notificar al quejoso Gustavo Ernesto Llanes Chejín, el oficio que contiene el acuerdo de incompetencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el cual fue recibido de manera personal por el quejoso el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de las constancias que adjuntó al mismo. En proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, en relación al fallo protector, a efecto de que informara a que autoridad le declaró la incompetencia para continuar con el procedimiento de enajenación del predio "Agua Marina", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, manifestó que la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, emitió "ACUERDO DE INCOMPETENCIA" en el expediente , relativo al predio "AGUA MARINA", Ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, y se requirió a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, informara a quién declinó la competencia. En determinación de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad vinculada al cumplimiento Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con residencia en la Ciudad de México, informando que el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, había emitido un acuerdo administrativo, en el cual atendió la solicitud de enajenación de terrenos nacionales presentada por el quejoso Gustavo Ernesto Llanes Chejín, declarando que dicha Unidad Administrativa es incompetente para continuar con el trámite de enajenación del predio denominado "Agua Marina", ubicado en el Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, en razón de que dicho predio: a) Se encuentra sobrepuesto particularmente con la zona federal marítimo terrestre del Mar Caribe. b) Se sobrepone parcialmente con la superficie de 39,500-00-00 hectáreas, que fueron cedidas al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1994, para destinarse al proyecto del "Corredor Turístico Costa Maya Punta Herrero-Xcalac". Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". En tal virtud, en proveído cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, se procedió a dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad coadyuvante, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo que se le notificó a la parte quejosa el cinco de noviembre del año dos mil veintiuno, por lista de estrados, tal y como se advierte de la constancia de notificación personal, vista que en auto de diez de noviembre del año dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso realizando diversas manifestaciones. Una vez precisado lo anterior, se procede a realizar el estudio correspondiente. De conformidad con los artículos 192, 193, 196 y 201, fracción II, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que concedió la protección constitucional se debe pronunciar respecto de la ejecutoria recaída al juicio de amparo, al ser quien conoce los alcances protectores de la sentencia, pues cuando no se ha cumplido, se encuentra en vías de cumplimiento o está cumplida, le corresponde hacer la declaratoria relativa o, en su caso, iniciar el procedimiento respectivo, como acontece en el caso particular. Al efecto, el procedimiento a seguir para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo y que a través de éste se tenga cumplida o en su caso se decrete la imposibilidad que hubiere, consiste en lo siguiente: 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se conceda el amparo y el órgano jurisdiccional ordena notificar la resolución a las partes. 2. En el auto en que se ordena la notificación señalada, se debe requerir a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo y su posterior consignación. Asimismo, en el acuerdo referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, se le impondrá multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, conforme lo dispuesto en artículo 193 de la Ley de Amparo. 3. Adicionalmente, de conformidad con el diverso artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable remite al órgano judicial de amparo el informe relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, se deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. 4. La ejecutoria se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. En caso de que el juzgador de amparo emita resolución en el sentido de que la ejecutoria de amparo está cumplida, podrá ordenar el archivo del expediente, pero si determina que existe incumplimiento en razón de que no está cumplida la ejecutoria de amparo o no está cumplida correctamente o la considera de imposible cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda para que se siga de nuevo el procedimiento previsto en el numeral 193 de la referida ley. De la narrativa anterior, se advierte que en juicio constitucional, una vez que las autoridades informen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, el juez de distrito puede determinar lo siguiente: Que la sentencia de amparo está cumplida y ordene el archivo del asunto; Que no está cumplida; Que no está cumplida totalmente; Que no lo está correctamente, o Que existe imposibilidad para cumplir el fallo. En relación con los supuestos identificados en los incisos b, c y d, no existe duda que el juzgador de amparo tiene el deber de enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito -en inejecución de sentencia-, a fin de que dicho órgano sea el que continúe con el procedimiento de cumplimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en relación con la hipótesis marcada en el inciso e, consistente en que exista imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, el procedimiento impone remitir el sumario al Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de que confirme si se actualizó esa imposibilidad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Respecto a la imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, se debe recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo tendrá por efecto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, esto es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sin embargo, en ocasiones no es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, ya que si la autoridad al pretender dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo encuentra obstáculos insuperables, el incumplimiento no obedecería a su voluntad, sino a la existencia de factores externos de lo que se infiere que la intención fundamental del legislador, respecto de la ejecución de las sentencia de amparo, no es que se sancione a las autoridades responsables, que no cumplieron con éstas, sino que se acate. Esto es, si el legislador hubiere pretendido que, en todo caso se aplicaran las sanciones constitucionales a las autoridades responsables que no obedecieren las sentencias de amparo, sin importar si el cumplimiento era posible material o jurídicamente, así lo habría prescrito en el procedimiento de que se trata; extremo éste que permite inferir la necesidad de que las autoridades puedan demostrar si les es posible jurídica o materialmente acatar el fallo protector, dado que si los obstáculos resultan insuperables. En ese contexto, no se deben aplicar las sanciones establecidas en la fracción XVI del numeral 107 constitucional, dado que la parte quejosa puede optar, de ser procedente, por el cumplimiento sustituto o la reserva del asunto hasta en tanto cambie la situación jurídica, pues pretender que se constriña a la autoridad a cumplir con la sentencia, en sus términos, cuando existe imposibilidad material o jurídica para ello, u ordenar la separación de su cargo y su consignación, significaría desatender la finalidad primordial perseguida por el legislador al instaurar los procedimientos en comento, que es la de evitar la desobediencia de las ejecutorias y ello no se logra ordenando la separación del cargo de una autoridad y su consignación, cuando existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento, por lo que está en derecho la autoridad responsable de acreditar si le es imposible jurídica o materialmente acatar la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." Partiendo de las premisas apuntadas, se considera que en el presente asunto existe imposibilidad de la autoridad para dar cumplimiento al fallo protector, no obstante que se han realizado diversas diligencias tendentes a su cumplimiento; lo cierto es que éste no se ha materializado ni podrá materializarse, tal como se evidencia a continuación. Sobre el particular, se debe tener presente que a fin de dar cabal cumplimiento al fallo protector es necesario que la autoridad responsable delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, culminara los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio "Agua Marina", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, con el número de expediente DGPR/SOTN-23QR/0253/2019, y una vez realizado lo anterior, ante la autoridad competente, continuara con el procedimientos de enajenación. Ahora, de la narrativa expuesta, se advierte con claridad que la autoridad coadyuvante dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, realizó las gestiones necesarias tendentes a dar cumplimiento a lo sostenido por este Juzgado Federal; sin embargo, informó que se encontraba jurídicamente imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y que dicha Unidad había emitido un acuerdo administrativo, por el que se declaró que es incompetente para continuar con el trámite de enajenación del predio denominado "Agua Marina", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, solicitado en enajenación por Gustavo Ernesto Llanes Chejín, en razón que dicho predio se encuentra sobrepuesto particularmente con la zona federal marítimo terrestre del Mar Caribe, y se sobrepone parcialmente con la superficie de 39,500-00-00 hectáreas, que fueron cedidas al Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1994, para destinarse al proyecto del "Corredor Turístico Costa Maya Punta Herrero-Xcalac", resolución que adjuntó dicha autoridad coadyuvante, para acreditar tales circunstancias. En este sentido, no existe una conducta contumaz por parte de la referida autoridad, tendente a evadir su obligación de cumplimentar el fallo protector, por lo que no se le pueden imputar omisiones culposas o dolosas, dado que tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para hacerlo, pese a que realizó todos los actos necesarios y a su alcance para el debido cumplimiento de la ejecutoria sin poder colmarlo, lo que hace excusable el incumplimiento. Por tanto, existe un factor ajeno al delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal y a la autoridad coadyuvante con sede en la Ciudad de México, que impide el cumplimiento de la ejecutoria, por las razones antes expuestas. En las relatadas consideraciones, se estima que existe imposibilidad jurídica y en consecuencia material de la autoridad responsable local y coadyuvantes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así las cosas, una vez que transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que sea necesario que se interponga recurso de inconformidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, a efecto de que confirme la existencia de la imposibilidad decretada. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Proceda la actuaria a remitir al correo dgae.docytramite@sedatu.gob.mx el oficio a la autoridad con sede en la Ciudad de México, que deriva de este auto, debiendo dejar constancia del envío en autos y solicitar el acuse de recibido. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
I- Notifíquese personalmente al quejoso.
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