Gustavo Enrique Paredes Meza

Expediente 717/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
717/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
12/05/2017

Partes del expediente

  • Gustavo Enrique Paredes Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que transcurrió el plazo de cinco días, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. El presente expediente es susceptible de ser destruido, no es de relevancia documental. Asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa que se indica, el auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, que dice: "Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra del acto de la Junta Especial Número Dieciocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 717-2017-IX, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En cumplimiento a lo anterior, se procede a estudiar la demanda en cuestión, empero, previamente debe señalarse que en el numeral en comento dispone que para desechar una demanda de amparo no basta con que se encuentre un motivo de improcedencia, sino que además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable, es decir, que de la simple lectura de la demanda, y en su caso de los documentos que a la misma se acompañen, se advierta de manera clara, inobjetable, sin dejar dudas, que el amparo resulta improcedente, supuesto en el cual no es lógico que el Juez Federal admita a trámite un asunto ocioso para su resolución. De la lectura de los antecedentes y conceptos de violación expresados en la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama a la Junta Especial Número Dieciocho de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el siguiente acto: La audiencia de cuatro de abril del año en curso, celebrada en el juicio laboral, en lo relativo a la fecha programada para la celebración de la audiencia de admisión de pruebas, la cual se fijó para el doce de junio de dos mil diecisiete. Respecto del acto reclamado descrito con antelación, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, este último en sentido contrario, dada la imposibilidad jurídica de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos ante una eventual concesión de amparo, por circunstancias de tiempo que subyacen al trámite y resolución del propio juicio biinstancial. Del último de los preceptos en cita se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de esos derechos. En ese contexto, el efecto jurídico de una sentencia de amparo es restituir a la propia agraviada en el pleno goce de derecho humano violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte lo que el mismo exija, si aquél es negativo o implique una omisión. Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho humano violado. De ese modo, para el caso en que se advierta que existe imposibilidad jurídica para producir los efectos restitutorios de la sentencia protectora, el juicio de amparo será improcedente. En el caso, el acto reclamado consiste en la audiencia de cuatro de abril del año en curso, celebrada en el juicio laboral, en lo relativo a la fecha programada para la celebración de la audiencia de admisión de pruebas, la cual se fijó para el doce de junio de dos mil diecisiete, pues aduce la parte quejosa que esa data se encuentra fuera de los plazos establecidos en la ley. Al respecto, el suscrito advierte que los efectos de una sentencia protectora no podrían concretarse, en razón de que el acto reclamado es de carácter negativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que actué en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que éste exija y en ese sentido, para la fecha en la cual la autoridad responsable estaría obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo sería posterior a la data señalada para la celebración de la señalada para la celebración de la audiencia de admisión de pruebas. Además, el acto de que se trata no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, que no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo cual no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, situación que no acontece en la especie, pues de las manifestaciones formuladas por el justiciable bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se advierte que no existe una paralización del juicio natural, pues manifiesta que se han desarrollado diversas etapas de la audiencia de admisión de pruebas, pues mencionó que solamente está pendiente el pronunciamiento de la Junta responsable sobre la admisión de los medios convicción ofrecidos. En ese sentido, no se soslaya que el quejoso solicita la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se obligue a la autoridad responsable a llevar a cabo la audiencia de admisión de pruebas dentro de los términos legales; sin embargo, tal petición no puede ser atendida de esa manera en el juicio constitucional, pues la protección de la Justicia Federal debe delimitarse en función del acto reclamado y atendiendo a la etapa procedimental en la cual se sitúa dentro del juicio, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; porque lo contrario implicaría que el Juez Federal vigilara que toda la tramitación del juicio natural se desarrolle respetando las formas procesales, lo cual haría interminable el juicio constitucional; de ahí se tiene que estudiar únicamente la violación que en concreto se reclama de acuerdo a la etapa procesal en la cual se encuentre el juicio de origen, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que impone el deber de impartir justicia de manera pronta y expedita, ya que la afectación a un derecho tiene que ser real, actual y directa, es decir, preexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo, y subsistir durante la tramitación y etapa de ejecución del mismo, pues lo opuesto implicaría que la substanciación del juicio fuera inútil ya que no podrían concretizarse los efectos de la sentencia al desaparecer el objeto o materia del mismo. Ello es así, pues en el supuesto de que la demanda de amparo se admitiera, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo, este Juzgado deberá fijar fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro de los treinta días hábiles siguientes, es decir, para el cinco de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente, tomando en cuenta que son inhábiles los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril; uno, cinco, seis, siete, trece, catorce, veinte veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres y cuatro de abril, todos del año en curso. Luego, para el hipotético supuesto de que durante el trámite del juicio no acaeciera algún motivo legal que pudiera generar el diferimiento de la audiencia constitucional, se emitiría la sentencia correspondiente ese mismo día cinco de junio de dos mil diecisiete, la cual se notificaría por medio de lista que se publicara en este Juzgado el seis de junio del mismo año; notificación que surtiría sus efectos, el siete próximo. En las relatadas circunstancias, dicho fallo podría hacerse exigible hasta que transcurriera el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpongan recurso de revisión, por lo cual, el plazo para su impugnación transcurriría del ocho al veintiuno de junio de la presente anualidad, sin contar los días diez, once, diecisiete y dieciocho del mismo mes y año, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así las cosas, una vez que transcurriera dicho lapso, el veintidós de junio de dos mil diecisiete, se procedería a emitir el acuerdo para requerir el cumplimiento a la autoridad responsable, por lo cual resultaría contrario a la finalidad perseguida por la parte quejosa, obligar a la responsable a dejar insubsistente el acuerdo reclamado para que emitiera otro en el cual señalara una data más cercana para la celebración de la audiencia de admisión de pruebas, si en el auto que se impugna se programó el doce de junio del presente año, para su celebración. En este sentido, al quedar en evidencia que no sería posible concretar los efectos de una sentencia protectora, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, de la Ley de Amparo, este último a contario sensu. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo. Ahora, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, al tratarse de la parte trabajadora. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente a la parte promovente. "

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