Gustavo Eduardo Díaz Ortíz
Expediente 883/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2020
Partes del expediente
- Gustavo Eduardo Díaz Ortíz
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. .....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexos de cuenta del Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia y Director de Asuntos Jurídicos por sí y en representación del Presidente Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, a través de los cuales rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado respectivo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a la persona que mencionan en los oficios de cuenta y por señalado el domicilio que indican en los mismos para recibir notificaciones. Ahora bien, de las constancias que remitieron las autoridades responsables -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el Director de Asuntos Jurídicos y el Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, el veinticinco y veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, dieron contestación al escrito del quejoso Gustavo Eduardo Días Ortiz presentado el doce de noviembre de dos mil diecinueve; acuerdos que le fueron notificados el veintiséis de noviembre y dos de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, respectivamente. Por tanto, el acto reclamado del Director de Asuntos Jurídicos y del Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, consistentes en la omisión de dar contestación el escrito de del quejoso, de doce de noviembre de dos mil diecinueve, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues las autoridades responsables, el veinticinco y veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, dieron contestación al escrito presentado por el quejoso el doce de noviembre de dos mil diecinueve, los cuales le fueron notificados el veintiséis de noviembre y dos de diciembre, ambos de dos mil diecinueve; y, la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el veintidós de septiembre de dos mil veinte; esto es, después de que ya se había dado contestación al referido escrito. ... La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el veinticinco y veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dio contestación al escrito de doce de noviembre de dos mil diecinueve, acuerdos que le fueron notificados el veintiséis de noviembre y dos de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. No escapa a este órgano jurisdiccional la circunstancia de que en el caso se reclama la violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, el que se conforma a su vez de diversos derechos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Los diversos derechos derivados del derecho de petición son las siguientes: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado; 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, No obstante, en el caso de constancias se advierte que la respuesta se notificó a la parte quejosa el veintiséis de noviembre y dos de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, entonces, es inconcuso que en la data ahí precisada se hizo sabedora del acto reclamado por ende es a partir de esa fecha cuando deberá correr el plazo respectivo para ampliar la demanda. Cabe destacar que este órgano jurisdiccional no está facultado para para realizar un análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación del oficio, se siguieron, ni desconocer su existencia, pues dicho acto no es materia de la litis en la presente instancia constitucional. Luego, está probado plenamente que el veintiséis de noviembre y dos de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, se notificó a la parte quejosa los oficios por los que se dio contestación a su escrito presentado el doce de noviembre de dos mil diecinueve. Al respecto, cabe precisar que la legislación de amparo, en su artículo 111, prevé la posibilidad de ampliar la demanda de amparo siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. No hayan transcurrido los plazos para su presentación. 2. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. Ahora bien, del contenido de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, se desprende que el plazo genérico de quince días para promover la demanda de amparo, se contará a partir del siguiente a aquel en que se dé alguno de estos supuestos: 1. En que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. En que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; 3. En que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente a aquel en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, lo que resulta de igual manera aplicable para establecer el plazo para la presentación de la ampliación de la demanda. Entonces, se debe analizar, conforme a la ley del acto, cuándo surtieron sus efectos esas notificaciones, para así determinar cuándo comenzó a transcurrir el plazo para presentar la ampliación de la demanda de amparo, por tanto, sería ocioso dar vista a la parte quejosa con los informes del Director de Asuntos Jurídicos y del Secretario Técnico de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, ambos del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, para que en el plazo de quince días manifestaran si era su deseo ampliar la demanda de amparo contra los citados oficios, pues lo relevante para considerar el momento en que debe computarse el inicio del plazo para la ampliación de demanda, no está relacionado con la vista que se otorga del informe justificado al quejoso, sino conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que de otra manera se otorgaría injustificadamente una extensión del plazo para presentar la ampliación de demanda. De manera que si antes de promover el juicio de amparo ya tenía conocimiento de los oficios de veinticinco y veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve por el que le dieron contestación al escrito de doce de noviembre de dos mil diecinueve -omisión que reclama- este juzgado no está en posibilidad de ampliar la demanda de amparo por dicha contestación. Pues al momento de recibir el informe justificado, el juez de Distrito da vista a la parte quejosa con su contenido y constancias anexas, lo que sucede a través de la notificación correspondiente, éste se ubica dentro del primer supuesto al que hace referencia el multicitado artículo 18, pues será a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, que iniciará el plazo para presentar la ampliación de demanda. ..... En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. .... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte. .....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante decreto emitido por el Gobernador del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el dos de octubre de dos mil veinte, entrando en vigor al día hábil siguiente al de su publicación -cinco de octubre de dos mil veinte-, se determinó como actividad esencial las labores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las Juntas Especiales que la Integran, y del Tribunal de Arbitraje, todos del Estado de Puebla, así como, su reincorporación a actividades presenciales y la reanudación de términos procesales. Asimismo, se advierte que el doce de agosto de dos mil veinte se tuvo por recibido escrito original con firma autógrafa de la quejosa Sonia ***por medio del cual interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de marzo de dos mil veinte; y que el plazo de tres días concedido a las partes mediante el proveído referido de doce de agosto de dos mil veinte ya transcurrió. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e); 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo se rinde el informe materia de la queja. Atento a lo dispuesto en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En consecuencia, envíese correo electrónico con los datos correspondientes al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, a fin de que turne al Tribunal Colegiado que deba substanciar el recurso de queja interpuesto en contra del auto dictado dentro del presente juicio constitucional. En ese orden de ideas, se comisiona al analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio de amparo para que el órgano colegiado del conocimiento esté en posibilidad de relacionarlo y consultarlo. Finalmente, se hace del conocimiento al Tribunal Colegiado que le toque conocer del citado recurso de queja que por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte se suspendió el procedimiento en el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Maribel Camacho Fuentes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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