Gustavo Duque Angel
Expediente 528/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Gustavo Duque Angel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el once de julio de dos mil veintidós, en la que, en su primer punto resolutivo se decretó el sobreseimiento y, en el segundo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. No obstante lo anterior, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad judicial responsable, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Entrega de documentos a la parte quejosa. Asimismo, se requiere a la parte quejosa para que comparezca dentro de un plazo de noventa días hábiles a recoger los documentos con firmas y sellos originales, así como las certificadas que haya exhibido, pues de lo contrario seguirán la misma suerte que este expediente principal. Instrucciones para la obtención de una cita para ingresar al órgano jurisdiccional. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el auto admisorio. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 528/2022, promovido por Gustavo Duque Ángel, quien compareció por derecho propio y en representación de sus menores hijos de iniciales L.D.J. y C.D.J., contra actos de la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, Gustavo Duque Ángel, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales L.D.J. y C.D.J., solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que reclama a la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito formó el expediente 528/2022, y previa prevención que quedó satisfecha, el diez de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a la tercera interesada Yael Marlen Lupita Jiménez Mociño, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintitrés de junio de esta anualidad, al tenor del acta que antecede; TERCERO. Representante especial. En auto de admisión este Juzgado solicitó al Delegado Estatal del Instituto Federal de Defensoría Pública que designara un asesor jurídico como representante especial de los menores de edad involucrados en este asunto. En acuerdo de dieciocho de mayo del año que transcurre, se tuvo a Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, asesor jurídico de la referida Delegación, aceptando y protestando el cargo conferido de representante especial; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de la pretensión que deduce. Así, de la lectura integral a la demanda de amparo, en relación con las documentales que integran este juicio constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad y actos siguientes: Autoridad responsable. 1. Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actos reclamados. a). El acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de revocación planteado por el promovente contra el auto de uno del mismo mes y año, que admitió las pruebas ofrecidas en el incidente de reclamación de medidas provisionales interpuesto por la ahora tercera interesada en el expediente 302/2019 y su acumulado 460/2019, relativos a las controversias del orden familiar propuestas por Gustavo Duque Ángel y Yael Marlen Lupita Jiménez Mociño, respectivamente, así como sus consecuencias, como el desahogo de las probanzas admitidas, entre ellas, la prueba pericial en materia de psicología sobre los menores de edad involucrados en este asunto. b). La interlocutoria de cuatro de abril de dos mil veintidós, que declaró improcedente el diverso recurso de revocación hecho valer por el peticionario de amparo, contra el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se admitió a trámite el incidente de reclamación de medidas provisionales interpuesto por la tercera interesada Yael Marlen Lupita Jiménez Mociño, demandada en el expediente 302/2019 y su acumulado 460/2019. TERCERO. Existencia de lo reclamado. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa del acto que se combate, este órgano jurisdiccional de amparo procede al análisis de la certeza o inexistencia de éste, en observancia a la jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, abril de 1994, página 68, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, son ciertos los actos reclamados a la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora además, con las copias certificadas que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, derivadas del incidente de reclamación promovido por Yael Marlen Lupita Jiménez Mociño, en el expediente 302/2019 y su acumulado 460/2019, las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese tenor, este Juzgado de Distrito estima oficiosamente que en relación con la interlocutoria reclamada de cuatro de abril del año en curso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma ley, este último interpretado a contario sensu. En efecto, acorde al segundo de los numerales invocados, el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Cabe señalar que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la ley suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que al rubro estatuye: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En este contexto, puede concluirse que por regla general el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo cuando se reclama el fallo definitivo. En consecuencia, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo, ahora se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que sólo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. Al caso, se invoca el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), registro digital 2006589, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, para clarificar que en el caso no se está ante una afectación a derechos sustantivos, es necesario exponer los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias existentes en autos, en los términos siguientes: 1. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la demandada Yael Marlen Lupita Jiménez Mociño, interpuso incidente de reclamación en contra de las medidas provisionales decretadas en el expediente 302/2019 y su acumulado 460/2019, relativas a la guarda y custodia de los menores de edad de iniciales L.D.J. y C.D.J., otorgada a favor de su progenitor Gustavo Duque Ángel, así como una pensión alimenticia provisional a cargo de la incidentista. 2. Por acuerdo de fecha dos de diciembre del año pasado, la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, admitió a trámite el incidente planteado y se dio vista con su contenido al aquí quejoso Gustavo Duque Ángel, a efecto de que en un plazo de tres días manifestara lo que considerara conveniente a sus intereses. 3. No conforme con la admisión de la incidencia, el promovente del amparo planteó recurso de revocación contra el acuerdo de dos de diciembre del año en curso, el cual previos los trámites respectivos, en fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, se dictó la interlocutoria respectiva cuyos puntos resolutivos, en lo que interesa, dicen: ".SEGUNDO. Son infundados los agravios esgrimidos por el recurrente, y en consecuencia, se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado en la presente incidencia Gustavo Duque Ángel, en contra del auto dictado en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar; consecuentemente: TERCERO. Queda intocado el proveído dictado en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, quedando firme en todas y cada una de sus partes." La anterior determinación, que en esencia, resuelve el recurso de revocación y confirma el acuerdo de admisión a trámite del incidente de reclamación propuesto por la demandada en el juicio de origen, es uno de los actos que se reclaman en esta instancia constitucional y que se considera no es susceptible de impugnación en este juicio de amparo. Ello es así, pues conforme a los antecedentes narrados, por el contenido y naturaleza de lo resuelto, es evidente que el acto combatido no es un acto de imposible reparación, pues aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que a través de dicha actuación no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino como una posible violación de prerrogativas adjetivas que producen únicamente efectos intraprocesales dentro de la incidencia donde se emitió dicha determinación. Esto se afirma así, porque la resolución reclamada ningún perjuicio de imposible reparación causa al quejoso, ya que el hecho de que la juez responsable haya admitido a trámite el incidente planteado, no lesiona de una manera real y efectiva los derechos ni la persona del solicitante del amparo, mucho menos se le dejó sin defensa, pues en esa actuación no se tomó ninguna determinación que trascienda materialmente en algún derecho humano en perjuicio de la parte quejosa. Máxime que, en el propio acuerdo de admisión del incidente se dio vista al impetrante del amparo; además, ya compareció a contestar la incidencia, ofreció pruebas, alegó lo que consideró pertinente a sus intereses y está interviniendo en el trámite incidental, por lo que está siendo escuchado en defensa de sus derechos y todavía está latente la posibilidad que obtenga un fallo favorable y, en el supuesto que no sea así, aún podría impugnar esa determinación mediante el recurso pertinente. Por tanto, se reitera, lo reclamado solo constituye un acto procesal que no afecta ni trasciende a sus derechos sustantivos, por lo que, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo cual conlleva a decretar el sobreseimiento respecto del acto analizado en este apartado, de acuerdo con el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Orienta las consideraciones anteriores, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sustentado en la jurisprudencia IX.1o. J/22, publicada en la página 2859, con el registro digital 163233, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable por las razones que la sustentan, la tesis aislada IX.1o.61 K, de Tribunales Colegiado de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1324, con registro digital 185833, de rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE UN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA FIRME. Igual razón existe para estimar improcedente el amparo cuando se reclama la admisión de un incidente cuya finalidad es que no se ejecute la sentencia firme, que cuando se trata de un auto encaminado a la ejecución de ese tipo de sentencia, es decir, se respeta el principio establecido en la Ley de Amparo, en el sentido de que, tratándose de actos dictados en la fase de ejecución de aquéllas, sólo procede contra la resolución con la que culmine dicho procedimiento y las violaciones cometidas en el mismo sólo podrán alegarse al reclamar la resolución que en su caso reconozca la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a la sentencia." QUINTO. Al no proponerse ninguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento por las demás partes que intervienen y como este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice alguna en relación al diverso acto de molestia, consistente en el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de revocación planteado contra la admisión de pruebas en el incidente de reclamación, es procedente entrar al fondo del asunto que se plantea, aunado a que dentro de las probanzas admitidas se encuentra la pericial en materia de psicología sobre los menores de edad involucrados en este asunto, cuyo desahogo puede constituir un acto de imposible reparación. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 20/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 162017, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 128, que dice: "PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Debe hacerse extensivo el criterio sostenido por esta Primera Sala en la Contradicción de Tesis 130/2005, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", a las sentencias de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento para el efecto de que se admitan y desahoguen pruebas psicológicas a cargo de menores en juicios de guarda y custodia y patria potestad. En efecto, conforme a tal criterio el derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación, por lo que no es necesario que se acredite que las pruebas psicológicas ocasionarán una afectación a la salud mental de los menores para que se considere un acto de imposible reparación, sino que la sola posibilidad de causar un daño de esa naturaleza genera la procedencia del amparo por la vía indirecta. Ahora bien, el que se considere a las pruebas psicológicas un acto de imposible reparación, no quiere decir que estén proscritas sino que es posible controvertir su pertinencia a través del amparo indirecto." Sin embargo, antes de determinar si le asiste razón o no a la parte quejosa en su reclamo constitucional en torno al desechamiento del recurso de revocación que es lo que constituye la materia de estudio en este considerando, se estima importante retomar los antecedentes narrados en párrafos precedentes. 1. Derivado de la admisión a trámite del incidente de reclamación de las medidas provisionales y la vista otorgada al inconforme, éste dio contestación a dicha incidencia, ofreciendo las pruebas y formuló los alegatos que consideró pertinente a sus intereses, por lo que en acuerdo de uno de marzo del año en curso, se señaló hora y fecha para la audiencia de ley, admitiéndose las probanzas ofrecidas por la actora incidentista, entre ellas, la testimonial a cargo de dos testigos, así como la pericial en psicología sobre los menores de edad habidos entre las partes contendientes. 2. En contra de la admisión de dichas probanzas, el impetrante del amparo planteó recurso de revocación, el cual fue desechado de plano por notoriamente improcedente mediante el acuerdo ahora combatido de fecha veintidós de marzo del año que transcurre, que es del tenor literal siguiente: "Se tiene por recibido el escrito de cuenta 1957, signado por GUSTAVO DUQUE ÁNGEL, por su propio derecho. Visto su contenido, toda vez que pretende interponer recurso de revocación en contra del auto de fecha uno de marzo de dos mil veintidós, que provee sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en la presente incidencia, se desecha dicho recurso por ser notoriamente improcedente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción IV, 120, 234, 307, 314, 552 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Familiar en vigor en el Estado.". En contra de dicha decisión, el promovente efectúa diversas manifestaciones en el capítulo que denomina tercer concepto de violación, en las cuales refiere que con el desechamiento del aludido medio de impugnación, la responsable violenta en su perjuicio y de los menores de edad los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, pues el acuerdo recurrido de fecha uno de marzo de la presente anualidad, da curso al incidente de reclamación propuesto por la demandada en el juicio natural y admite pruebas en contravención del debido proceso legal, ordenando su desahogo cuando debieron desecharse de plano, por lo que procede su revocación. Asimismo, refiere que con la admisión de las pruebas en la incidencia se están duplicando las actuaciones en el procedimiento origen, ya que por un lado se está determinando una medida provisional y, por el otro, el monto de los alimentos definitivos o la guarda y custodia provisional con el consecuente perjuicio para las partes y, en específico, para los menores de edad involucrados. Que con lo anterior, también se está dando una doble oportunidad a la actora incidentista aquí tercera interesada para desahogar las pruebas que no propuso en el juicio principal, pretendiendo acreditar hechos que son materia de aquél, pues las medidas provisionales ya quedaron oportunamente acreditadas, lo cual no analizó ni tomó en consideración la responsable, de modo que las pruebas por ella ofertadas deben desecharse, al margen de lo que establece el artículo 263 del Código Procesal Familiar del Estado, por lo que el desahogo de las pruebas es materia de la secuela procedimental principal donde habrá de determinarse en definitiva sobre las prestaciones de las partes. Que el acuerdo de uno de marzo de esta anualidad, recurrido en la revocación desechada por la autoridad, le causa perjuicios al interés superior de los infantes, por la ilegal admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por la incidentista, pues ello contraría su derecho a recibir alimentos, así como desarrollarse en un ambiente familiar y libre de violencia, por lo que debió desecharse de plano el incidente de reclamación interpuesto por la contraparte del quejoso por ser notoriamente improcedente. Concluyendo el impetrante del amparo, en que debe ordenarse a la responsable que declare procedente el recurso de revocación interpuesto y se revoque el acuerdo de uno de marzo de la presente anualidad, dejándose sin ningún efecto, además de desecharse de plano las pruebas ofertadas en el incidente de reclamación, mismo que de igual manera es total y definitivamente improcedente. Los anteriores motivos de disenso son inatendibles, puesto que como se puede advertir de una simple lectura, se encuentran dirigidos a combatir los acuerdos de dos de diciembre de dos mil veintiuno y uno de marzo de dos mil veintidós, a través de los cuales, de manera respectiva, la juez responsable admitió a trámite el incidente de reclamación interpuesto, así como las pruebas ofrecidas por la ahora tercera interesada y ordenó su desahogo, pero en modo alguno controvierten frontalmente el acuerdo que es objeto de estudio en este apartado, es decir, el proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad, por el que se desechó el recurso de revocación planteado por el promovente del amparo. Incluso, el agraviado solicita se revoque tanto la admisión del incidente como de las pruebas ofrecidas por la incidentista por las razones que invocada, cuando se insiste, lo que debe contradecir es el contenido del auto que no admisión la revocación planteada contra el acuerdo de admisión de pruebas en el incidente, de ahí que al no atacar las consideraciones legales del acuerdo que es materia de esta controversia, es evidente que este Juzgado de Distrito no puede ocuparse de las manifestaciones expuestas en vía de conceptos de violación a fin de declararlos fundados o no. Sobre el particular, se invoca el registro digital: 230776, que corresponde a la jurisprudencia VI. 1o. J/1, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 653, Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, que se lee: "CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES, SI NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. En los casos en que no deba suplir la deficiencia de la queja, si no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, o que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inatendibles, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable, y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos." No obstante, con el objeto de no dejar sin respuesta a la parte quejosa, debe decirse que la autoridad responsable no cometió ninguna transgresión a sus derechos fundamentales con la emisión del acuerdo de veintidós de marzo del año que transcurre, en virtud de que el desechamiento del recurso de revocación intentado contra el auto de uno del mismo mes y año, se encuentra ajustado a derecho. En efecto, si bien al pronunciar dicha determinación, la juez familiar señaló escuetamente que desechaba el recurso de revocación por notoriamente improcedente, faltando a su obligación de explicar los motivos y/o razones por las cuales arribó a esa conclusión, lo cierto es que tal circunstancia es inocua e insuficiente para conceder la protección constitucional, si se tiene en cuenta que para desechar el medio de impugnación, la aludida autoridad se fundó en diversos preceptos legales que le conceden facultades para obrar en el sentido señalado. Esto es así, pues en su acuerdo la autoridad invocó, entre otros, el artículo 60, fracción VI, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que establece la atribución de los jueces en materia familiar para desechar de plano promociones o recursos notoriamente maliciosos, intrascendentes o improcedentes, sin sustanciar artículo; el numeral 120 de la misma codificación que dispone que los autos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles; y los ordinales 307 y 314 de la ley adjetiva familiar, que expresamente señalan que contra la resolución en que se admita alguna prueba no procederá recurso alguno. De modo que, se encuentran cabalmente satisfechos los requisitos relativos a la fundamentación y motivación exigidos en el artículo 16 de la Constitución General de la República, en virtud de que el contenido de los dispositivos legales descritos conducen a la motivación omitida por la autoridad, ya que conceden facultades para desechar recursos notoriamente improcedentes, como la revocación planteada puesto que la legislación prohíbe impugnar el auto que admita pruebas. Al respecto, es aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la tesis P. CXVI/2000, con registro digital 191358, consultable en la foja 143, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Por lo expuesto, es inconcuso que resulta infundado el argumento del quejoso donde refiere que la juez incurrió en una indebida e inexacta aplicación de la ley, pues conforme lo argumentado con antelación, en la legislación aplicable existe disposición expresa que encuadra exactamente al caso concreto, pues prohíbe interponer recurso alguno contra determinaciones como la mencionada. Bajo ese tenor, es claro que fue correcto el actuar de la autoridad al desechar por improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo que ordenó la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por su contraparte en el incidente de reclamación al que fue citado a comparecer para deducir sus derechos, por lo que, en relación al acto de molestia analizado debe negarse la protección constitucional que se solicita, más aun que no se advierte motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores involucrados en este juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que las tesis invocadas en esta sentencia, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gustavo Duque Ángel, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales L.D.J. y C.D.J., contra el acto reclamado, motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Gustavo Duque Ángel, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales L.D.J. y C.D.J., contra el acto reclamado a la autoridad responsable descritos en la primera parte del quinto considerando y por las razones expresadas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el once de julio de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA la sentencia de ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 528/2022, promovido por ****, quien compareció por derecho propio y en representación de sus menores hijos de iniciales *** y ****, contra actos de la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, ****, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales *** y ****, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que reclama a la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad. SEGUNDO Admisión y trámite de la demanda. Por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito formó el expediente 528/2022, y previa prevención que quedó satisfecha, el diez de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a la tercera interesada ****, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintitrés de junio de esta anualidad, al tenor del acta que antecede; TERCERO Representante especial. En auto de admisión este Juzgado solicitó al Delegado Estatal del Instituto Federal de Defensoría Pública que designara un asesor jurídico como representante especial de los menores de edad involucrados en este asunto. En acuerdo de dieciocho de mayo del año que transcurre, se tuvo a Trinidad Bernabé Zaragoza Tenorio, asesor jurídico de la referida Delegación, aceptando y protestando el cargo conferido de representante especial; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI y 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de la pretensión que deduce. Así, de la lectura integral a la demanda de amparo, en relación con las documentales que integran este juicio constitucional, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad y actos siguientes: Autoridad responsable. 1 Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actos reclamados. a) El acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de revocación planteado por el promovente contra el auto de uno del mismo mes y año, que admitió las pruebas ofrecidas en el incidente de reclamación de medidas provisionales interpuesto por la ahora tercera interesada en el expediente ****y su acumulado ***, relativos a las controversias del orden familiar propuestas por Gustavo *** y ***, respectivamente, así como sus consecuencias, como el desahogo de las probanzas admitidas, entre ellas, la prueba pericial en materia de psicología sobre los menores de edad involucrados en este asunto. b) La interlocutoria de cuatro de abril de dos mil veintidós, que declaró improcedente el diverso recurso de revocación hecho valer por el peticionario de amparo, contra el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se admitió a trámite el incidente de reclamación de medidas provisionales interpuesto por la tercera interesada ****, demandada en el expediente ** y su acumulado *.** TERCERO. Existencia de lo reclamado. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa del acto que se combate, este órgano jurisdiccional de amparo procede al análisis de la certeza o inexistencia de éste, en observancia a la jurisprudencia XVII.2o J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, abril de 1994, página 68, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO" En ese sentido, son ciertos los actos reclamados a la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora además, con las copias certificadas que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, derivadas del incidente de reclamación promovido por ****, en el expediente****y su acumulado ***, las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, deben analizarse las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que de oficio se advierta su actualización, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese tenor, este Juzgado de Distrito estima oficiosamente que en relación con la interlocutoria reclamada de cuatro de abril del año en curso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61 , fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 , fracción V, de la misma ley, este último interpretado a contario sensu. En efecto, acorde al segundo de los numerales invocados, el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Cabe señalar que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la ley suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que al rubro estatuye: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" En este contexto, puede concluirse que por regla general el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo cuando se reclama el fallo definitivo. En consecuencia, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo, ahora se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que sólo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. Al caso, se invoca el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), registro digital 2006589, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" Ahora bien, para clarificar que en el caso no se está ante una afectación a derechos sustantivos, es necesario exponer los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias existentes en autos, en los términos siguientes: 1 Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la demandada ****, interpuso incidente de reclamación en contra de las medidas provisionales decretadas en el expediente *** y su acumulado ***, relativas a la guarda y custodia de los menores de edad de iniciales *** y***, otorgada a favor de su progenitor *, así como una pensión*** alimenticia provisional a cargo de la incidentista. 2 Por acuerdo de fecha dos de diciembre del año pasado, la Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, admitió a trámite el incidente planteado y se dio vista con su contenido al aquí quejoso ***, a efecto de que en un plazo de tres días manifestara lo que considerara conveniente a sus intereses. 3 No conforme con la admisión de la incidencia, el promovente del amparo planteó recurso de revocación contra el acuerdo de dos de diciembre del año en curso, el cual previos los trámites respectivos, en fecha cuatro de abril de dos mil veintidós, se dictó la interlocutoria respectiva cuyos puntos resolutivos, en lo que interesa, dicen: ".SEGUNDO Son infundados los agravios esgrimidos por el recurrente, y en consecuencia, se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado en la presente incidencia *****, en contra del auto dictado en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales a que haya lugar; consecuentemente: TERCERO Queda intocado el proveído dictado en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, quedando firme en todas y cada una de sus partes" La anterior determinación, que en esencia, resuelve el recurso de revocación y confirma el acuerdo de admisión a trámite del incidente de reclamación propuesto por la demandada en el juicio de origen, es uno de los actos que se reclaman en esta instancia constitucional y que se considera no es susceptible de impugnación en este juicio de amparo. Ello es así, pues conforme a los antecedentes narrados, por el contenido y naturaleza de lo resuelto, es evidente que el acto combatido no es un acto de imposible reparación, pues aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que a través de dicha actuación no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino como una posible violación de prerrogativas adjetivas que producen únicamente efectos intraprocesales dentro de la incidencia donde se emitió dicha determinación. Esto se afirma así, porque la resolución reclamada ningún perjuicio de imposible reparación causa al quejoso, ya que el hecho de que la juez responsable haya admitido a trámite el incidente planteado, no lesiona de una manera real y efectiva los derechos ni la persona del solicitante del amparo, mucho menos se le dejó sin defensa, pues en esa actuación no se tomó ninguna determinación que trascienda materialmente en algún derecho humano en perjuicio de la parte quejosa. Máxime que, en el propio acuerdo de admisión del incidente se dio vista al impetrante del amparo; además, ya compareció a contestar la incidencia, ofreció pruebas, alegó lo que consideró pertinente a sus intereses y está interviniendo en el trámite incidental, por lo que está siendo escuchado en defensa de sus derechos y todavía está latente la posibilidad que obtenga un fallo favorable y, en el supuesto que no sea así, aún podría impugnar esa determinación mediante el recurso pertinente. Por tanto, se reitera, lo reclamado solo constituye un acto procesal que no afecta ni trasciende a sus derechos sustantivos, por lo que, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo cual conlleva a decretar el sobreseimiento respecto del acto analizado en este apartado, de acuerdo con el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Orienta las consideraciones anteriores, el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sustentado en la jurisprudencia IX.1o. J/22, publicada en la página 2859, con el registro digital 163233, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, que dice: "AMPARO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo" Asimismo, es aplicable por las razones que la sustentan, la tesis aislada IX.1o.61 K, de Tribunales Colegiado de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1324, con registro digital 185833, de rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE UN INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA FIRME. Igual razón existe para estimar improcedente el amparo cuando se reclama la admisión de un incidente cuya finalidad es que no se ejecute la sentencia firme, que cuando se trata de un auto encaminado a la ejecución de ese tipo de sentencia, es decir, se respeta el principio establecido en la Ley de Amparo, en el sentido de que, tratándose de actos dictados en la fase de ejecución de aquéllas, sólo procede contra la resolución con la que culmine dicho procedimiento y las violaciones cometidas en el mismo sólo podrán alegarse al reclamar la resolución que en su caso reconozca la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a la sentencia" QUINTO Al no proponerse ninguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento por las demás partes que intervienen y como este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice alguna en relación al diverso acto de molestia, consistente en el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó el recurso de revocación planteado contra la admisión de pruebas en el incidente de reclamación, es procedente entrar al fondo del asunto que se plantea, aunado a que dentro de las probanzas admitidas se encuentra la pericial en materia de psicología sobre los menores de edad involucrados en este asunto, cuyo desahogo puede constituir un acto de imposible reparación. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia 1a/J. 20/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 162017, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 128, que dice: "PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Debe hacerse extensivo el criterio sostenido por esta Primera Sala en la Contradicción de Tesis 130/2005, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", a las sentencias de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento para el efecto de que se admitan y desahoguen pruebas psicológicas a cargo de menores en juicios de guarda y custodia y patria potestad. En efecto, conforme a tal criterio el derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación, por lo que no es necesario que se acredite que las pruebas psicológicas ocasionarán una afectación a la salud mental de los menores para que se considere un acto de imposible reparación, sino que la sola posibilidad de causar un daño de esa naturaleza genera la procedencia del amparo por la vía indirecta. Ahora bien, el que se considere a las pruebas psicológicas un acto de imposible reparación, no quiere decir que estén proscritas sino que es posible controvertir su pertinencia a través del amparo indirecto" Sin embargo, antes de determinar si le asiste razón o no a la parte quejosa en su reclamo constitucional en torno al desechamiento del recurso de revocación que es lo que constituye la materia de estudio en este considerando, se estima importante retomar los antecedentes narrados en párrafos precedentes. 1 Derivado de la admisión a trámite del incidente de reclamación de las medidas provisionales y la vista otorgada al inconforme, éste dio contestación a dicha incidencia, ofreciendo las pruebas y formuló los alegatos que consideró pertinente a sus intereses, por lo que en acuerdo de uno de marzo del año en curso, se señaló hora y fecha para la audiencia de ley, admitiéndose las probanzas ofrecidas por la actora incidentista, entre ellas, la testimonial a cargo de dos testigos, así como la pericial en psicología sobre los menores de edad habidos entre las partes contendientes. 2 En contra de la admisión de dichas probanzas, el impetrante del amparo planteó recurso de revocación, el cual fue desechado de plano por notoriamente improcedente mediante el acuerdo ahora combatido de fecha veintidós de marzo del año que transcurre, que es del tenor literal siguiente: "Se tiene por recibido el escrito de cuenta 1957, signado por ****, por su propio derecho. Visto su contenido, toda vez que pretende interponer recurso de revocación en contra del auto de fecha uno de marzo de dos mil veintidós, que provee sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en la presente incidencia, se desecha dicho recurso por ser notoriamente improcedente. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción IV, 120, 234, 307, 314, 552 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Familiar en vigor en el Estado.". En contra de dicha decisión, el promovente efectúa diversas manifestaciones en el capítulo que denomina tercer concepto de violación , en las cuales refiere que con el desechamiento del aludido medio de impugnación, la responsable violenta en su perjuicio y de los menores de edad los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, pues el acuerdo recurrido de fecha uno de marzo de la presente anualidad, da curso al incidente de reclamación propuesto por la demandada en el juicio natural y admite pruebas en contravención del debido proceso legal, ordenando su desahogo cuando debieron desecharse de plano, por lo que procede su revocación. Asimismo, refiere que con la admisión de las pruebas en la incidencia se están duplicando las actuaciones en el procedimiento origen, ya que por un lado se está determinando una medida provisional y, por el otro, el monto de los alimentos definitivos o la guarda y custodia provisional con el consecuente perjuicio para las partes y, en específico, para los menores de edad involucrados. Que con lo anterior, también se está dando una doble oportunidad a la actora incidentista aquí tercera interesada para desahogar las pruebas que no propuso en el juicio principal, pretendiendo acreditar hechos que son materia de aquél, pues las medidas provisionales ya quedaron oportunamente acreditadas, lo cual no analizó ni tomó en consideración la responsable, de modo que las pruebas por ella ofertadas deben desecharse, al margen de lo que establece el artículo 263 del Código Procesal Familiar del Estado, por lo que el desahogo de las pruebas es materia de la secuela procedimental principal donde habrá de determinarse en definitiva sobre las prestaciones de las partes. Que el acuerdo de uno de marzo de esta anualidad, recurrido en la revocación desechada por la autoridad, le causa perjuicios al interés superior de los infantes, por la ilegal admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por la incidentista, pues ello contraría su derecho a recibir alimentos, así como desarrollarse en un ambiente familiar y libre de violencia, por lo que debió desecharse de plano el incidente de reclamación interpuesto por la contraparte del quejoso por ser notoriamente improcedente. Concluyendo el impetrante del amparo, en que debe ordenarse a la responsable que declare procedente el recurso de revocación interpuesto y se revoque el acuerdo de uno de marzo de la presente anualidad, dejándose sin ningún efecto, además de desecharse de plano las pruebas ofertadas en el incidente de reclamación, mismo que de igual manera es total y definitivamente improcedente. Los anteriores motivos de disenso son inatendibles, puesto que como se puede advertir de una simple lectura, se encuentran dirigidos a combatir los acuerdos de dos de diciembre de dos mil veintiuno y uno de marzo de dos mil veintidós, a través de los cuales, de manera respectiva, la juez responsable admitió a trámite el incidente de reclamación interpuesto, así como las pruebas ofrecidas por la ahora tercera interesada y ordenó su desahogo, pero en modo alguno controvierten frontalmente el acuerdo que es objeto de estudio en este apartado, es decir, el proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad, por el que se desechó el recurso de revocación planteado por el promovente del amparo. Incluso, el agraviado solicita se revoque tanto la admisión del incidente como de las pruebas ofrecidas por la incidentista por las razones que invocada, cuando se insiste, lo que debe contradecir es el contenido del auto que no admisión la revocación planteada contra el acuerdo de admisión de pruebas en el incidente, de ahí que al no atacar las consideraciones legales del acuerdo que es materia de esta controversia, es evidente que este Juzgado de Distrito no puede ocuparse de las manifestaciones expuestas en vía de conceptos de violación a fin de declararlos fundados o no. Sobre el particular, se invoca el registro digital: 230776, que corresponde a la jurisprudencia VI. 1o J/1, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 653, Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, que se lee: "CONCEPTOS DE VIOLACION INATENDIBLES, SI NO RAZONAN CONTRA EL ACTO IMPUGNADO. En los casos en que no deba suplir la deficiencia de la queja, si no se formula ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones y fundamentos de la sentencia impugnada, y el quejoso sólo se concreta a decir que se violaron las leyes del procedimiento, que la responsable no valoró correctamente las pruebas, o que la sentencia carece de fundamentación y motivación, pero sin emitir ningún razonamiento, tales conceptos de violación son inatendibles, teniendo en consideración que los mismos deben ser la relación razonada que ha de establecerse entre los actos emitidos por la autoridad responsable, y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos" No obstante, con el objeto de no dejar sin respuesta a la parte quejosa, debe decirse que la autoridad responsable no cometió ninguna transgresión a sus derechos fundamentales con la emisión del acuerdo de veintidós de marzo del año que transcurre, en virtud de que el desechamiento del recurso de revocación intentado contra el auto de uno del mismo mes y año, se encuentra ajustado a derecho. En efecto, si bien al pronunciar dicha determinación, la juez familiar señaló escuetamente que desechaba el recurso de revocación por notoriamente improcedente, faltando a su obligación de explicar los motivos y/o razones por las cuales arribó a esa conclusión, lo cierto es que tal circunstancia es inocua e insuficiente para conceder la protección constitucional, si se tiene en cuenta que para desechar el medio de impugnación, la aludida autoridad se fundó en diversos preceptos legales que le conceden facultades para obrar en el sentido señalado. Esto es así, pues en su acuerdo la autoridad invocó, entre otros, el artículo 60 , fracción VI, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que establece la atribución de los jueces en materia familiar para desechar de plano promociones o recursos notoriamente maliciosos, intrascendentes o improcedentes, sin sustanciar artículo; el numeral 120 de la misma codificación que dispone que los autos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles; y los ordinales 307 y 314 de la ley adjetiva familiar, que expresamente señalan que contra la resolución en que se admita alguna prueba no procederá recurso alguno. De modo que, se encuentran cabalmente satisfechos los requisitos relativos a la fundamentación y motivación exigidos en el artículo 16 de la Constitución General de la República, en virtud de que el contenido de los dispositivos legales descritos conducen a la motivación omitida por la autoridad, ya que conceden facultades para desechar recursos notoriamente improcedentes, como la revocación planteada puesto que la legislación prohíbe impugnar el auto que admita pruebas. Al respecto, es aplicable el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la tesis P. CXVI/2000, con registro digital 191358, consultable en la foja 143, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa" Por lo expuesto, es inconcuso que resulta infundado el argumento del quejoso donde refiere que la juez incurrió en una indebida e inexacta aplicación de la ley, pues conforme lo argumentado con antelación, en la legislación aplicable existe disposición expresa que encuadra exactamente al caso concreto, pues prohíbe interponer recurso alguno contra determinaciones como la mencionada. Bajo ese tenor, es claro que fue correcto el actuar de la autoridad al desechar por improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo que ordenó la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por su contraparte en el incidente de reclamación al que fue citado a comparecer para deducir sus derechos, por lo que, en relación al acto de molestia analizado debe negarse la protección constitucional que se solicita, más aun que no se advierte motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja a favor de los menores involucrados en este juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe precisar que las tesis invocadas en esta sentencia, concebidas en el marco de la abrogada Ley de Amparo, fueron citadas en estricta observancia de lo previsto por el artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gustavo Duque Ángel, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales ** y ****, contra el acto reclamado, motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución SEGUNDO La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Gustavo Duque Ángel, por sí y en representación de sus menores hijos de iniciales *** y ****, contra el acto reclamado a la autoridad responsable descritos en la primera parte del quinto considerando y por las razones expresadas en el último considerando de la presente sentencia Notifíquese personalmente
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las doce horas del veintitrés de junio de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.Elaboró: slsg
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