Gustavo Diaz Sanchez

Expediente 471/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
471/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Diaz Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de enero de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. Por lo tanto, se hace constar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, realizada la depuración del mismo, solicítese la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General del Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 471/2022-I. En audiencia pública la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien actúa asistida del Secretario licenciado Mario Alvez Cuevas, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da lectura a las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan por su importancia: escrito de demanda de amparo; proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se admitió a trámite la demanda; informe justificado de las autoridades responsables y demás constancias que obran en autos. A lo que la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario certifica que el Director General, Encargado de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo, en apoyo a su informe justificado remitieron diversas constancias. A lo anterior la Jueza provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas con que se ha dado cuenta. Sin existir prueba pendiente de desahogo, se da por concluido el presente periodo. Abierta la fase de alegatos, El Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal Adscrito realizó manifestaciones a manera de alegatos, en el pedimento 157/2022. A lo que la Juez provee. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento de resolver el presente asunto, por lo que se procede a declarar cerrada tal fase. Por último, al no obrar en autos más que relacionar se da por terminada la presente audiencia; se levanta para constancia la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 471/2022-I, promovido por Gustavo Díaz Sánchez, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, turnado en ese día a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, Gustavo Díaz Sánchez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que se especifican a continuación, que estimó violatorios en su perjuicio de los artículos 1°, 4°, 18° y 22° Constitucionales. AUTORIDADES RESPONSABLES. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL "17 CPS, MICHOACAN. ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL "17 CPS, MICHOACAN. ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL "17 CPS, MICHOACAN. COORDINADOR DE CENTROS FEDERALES, CIUDAD DE MÉXICO. ACTOS RECLAMADOS. "Falta de atención médica especializada relación a mi presión arterial alta; Omisión de autorizar un Vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso, tomando en consideración que tengo veinte años padeciendo dicha enfermedad.". SEGUNDO. Radicación. Por proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, la demanda de garantías fue admitida a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán ejerce jurisdicción y es legal y constitucionalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 57, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio (Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En esta tesitura, tenemos que el peticionario de la tutela Federal reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: Falta de atención médica especializada en relación a la presión arterial alta que padece el quejoso; Omisión de autorizar un Vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa atribuyó a las autoridades responsables Director General, Encargado de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo y Coordinador de Centros Federales, Ciudad de México, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de autorizar un vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso Gustavo Díaz Sánchez, toda vez que las citadas autoridades al rendir su informe manifestaron lo siguiente: Precisiones de las indicadas autoridades responsables que son corroboradas con las copias certificadas administrativas correspondientes al expediente personal del quejoso, que enviaron como soporte de su informe justificado. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria como lo establece el diverso 2° de la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En tanto que la parte quejosa no aportó pruebas encaminadas a desvirtuar la negativa de las citadas autoridades responsables, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión de autorizar un vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso Gustavo Díaz Sánchez, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2°.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Director General, Encargado de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo; al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados consistente medularmente, en la falta de atención médica integral conforme al padecimiento que presenta el quejoso. Sin embargo, al tratarse de un acto de naturaleza negativa, la carga de la prueba recae en las autoridades responsables. De ahí que no sea dable aceptar la negativa propuesta, toda vez que de las constancias que anexó la autoridad responsable como complemento a su informe de ley, en las notas médicas de evolución del quejoso, fue valorado respecto de los síntomas que aduce le aquejan en relación con la hipertensión arterial, que dice tener desde hace veinte años; valoración que fue efectuada el nueve y trece de agosto de dos mil veintidós, esto es, posterior a que presentara la demanda de amparo, por lo que dicha negativa queda desvirtuada, ya que al quejoso no se le había dado la atención médica requerida, lo que a la fecha ya aconteció. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 27, volumen 60, primera parte Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora considera que de las documentales remitidas por las autoridades responsables Director General, Encargado de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en virtud de las siguientes consideraciones. Es de precisar, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por el quejoso consiste en la falta de atención médica especializada en relación a la presión arterial alta del quejoso. Sin embargo, como se anotó se considera que efectivamente tal acto reclamado cesó en sus efectos, habida cuenta que las autoridades responsables Director General, Encargado de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe de ley, informaron entre otras cosas lo siguiente: Para acreditar lo anterior, las referidas autoridades responsables remitieron las documentales consistentes en copias certificadas del expediente de Gustavo Díaz Sánchez. De ahí que, se advierte que las responsables han hecho lo que está en el ámbito de su competencia para continuar con el tratamiento del agraviado. En las relatadas condiciones, se encuentra evidenciada la hipótesis de improcedencia en estudio (cesación de efectos), toda vez que se le ha dado oportuno, adecuado y constante tratamiento clínico respecto de la enfermedad que padece el quejoso; ello en fecha que desde luego es posterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, cinco de agosto pasado. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en su efectos y con ello dejó de afectarle dentro de la esfera jurídica del quejoso, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SEXTO. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que el promovente del amparo Gustavo Díaz Sánchez se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, le notifique personalmente la presente sentencia. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada. SÉPTIMO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Coordinador de Centros Federales, Ciudad de México, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificadas de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. OCTAVO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. NOVENO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Gustavo Díaz Sánchez, respecto del acto y autoridades que se precisan en el considerando segundo de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el tercer y quinto considerandos de la misma. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente, elabórese versión pública en términos del considerando sexto del presente fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Director General, Encargado de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, por conducto del Encargado de la Dirección General de dicho centro penitenciario, con vista a las partes. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Hace valer el contenido del precepto 61, fracción XXI, del mencionado ordenamiento legal. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Invoca el contenido del numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia. PRUEBAS. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de las citadas autoridades responsables las documentales que remiten, mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En ese contexto, como se advierte que el quejoso Gustavo Díaz Sánchez se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo; comisiónese a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que por su conducto, se constituya en el referido centro de reclusión y realice lo siguiente: Le notifique el presente auto y le corra traslado con el registro 18000. Se precisa que en el acta de la diligencia correspondiente, el Actuario adscrito deberá especificar que se notifica y se corre traslado con el registro de que se trata a la indicada persona. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de noviembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Del estado procesal de autos se desprende que las autoridades responsables Director General, Encargado de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, no han rendido sus informes justificados, a pesar de encontrarse debidamente notificados del proveído de cinco de agosto pasado, en que les fue requerido tal informe, como se corrobora de la constancia de correo electrónico de los respectivos oficios de notificación 15283/2022, 15284/2022 y 15285/2022, por lo cual de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que a ellas se atribuye. REQUERIMIENTO. Por tanto, de conformidad con el articulo 117 en relación con el diverso 75, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades, para que dentro del término de veinticuatro horas, remitan las constancias relacionadas con el acto reclamado, mismas que se requieren para estar en condiciones de resolver el juicio de amparo en que se actúa. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades requeridas que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se harán acreedoras a la imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables enviar las constancias vía correo electrónico oficial 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. SE COMISIONA AL ACTUARIO. Por tanto, túrnense los autos a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que por su conducto les haga entrega a las mencionadas autoridades responsables de los oficios de notificación que al efecto se libren respecto del presente auto, debiendo las mismas acusar de recibo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE; A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS.

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