Gustavo Díaz Jiménez
Expediente 1110/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Gustavo Díaz Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Glósese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Coordinadora General de Medidas, Preliberaciones y Sanciones Restrictivas de la Libertad, mediante el cual informa la representación jurídica del aquí quejoso. Sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento, en virtud de que por acuerdo de veintinueve de agosto pasado, se desechó la demanda constitucional en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el LICENCIADO CARLOS CRISTOPHER NÚÑEZ HERNÁNDEZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN, DE LA UNIDAD DE ROBO A CASA HABITACIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, mediante el cual informa los datos del defensor del aquí quejoso. Sin embargo, no se realza mayor pronunciamiento, en virtud de que por acuerdo de veintinueve de agosto pasado, se desechó la demanda constitucional en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Ténganse por recibido el escrito de cuenta, que firma el quejoso Gustavo Díaz Jiménez, mediante el cual cumple la prevención de la que fue objeto en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés y, al efecto, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no ha sido notificado de ninguna solicitud de revisión de medida cautelar, ni resolución jurisdiccional de la procedencia de la solicitud de revisión de medida cautelar. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se provee la demanda de amparo en los términos siguientes: Desechada. La suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo anterior, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Supervisor de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, adscrito a la unidad de medidas (UMECAS), el oficio CGMPSRL/UMCSCP/7999/2023, donde le pone del conocimiento al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación adscrito a la Unidad de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, unas "manifestaciones" de incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al quejoso dentro de la causa penal 722/2019. Sentado lo anterior, este tribunal federal considera que la acción de amparo se torna improcedente. En efecto, en el caso conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 6°, por su orden, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme al contenido del artículo 6º de la ley de la materia, se tiene que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1994, Octava Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." Asimismo se cita la tesis P. XIV/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 34 del tomo XXXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2011, Novena Época, con registro 161286, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". En consecuencia, si la parte promovente reclama del Supervisor de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso, adscrito a la Unidad de Medidas Cautelares, el oficio mediante el cual hace del conocimiento al agente fiscal, el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al quejoso dentro de la causa penal 722/2019; por lo que, de momento, ese oficio no le irroga perjuicio alguno al aquí impetrante. Lo anterior es así, en la medida en que el oficio CGMPSRL/UMCSCP/7999/2023, solamente pone del conocimiento al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación adscrito a la Unidad de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, unas "manifestaciones" de incumplimiento de las medidas cautelares impuestas al quejoso dentro de la causa penal 722/2019. Por ello, el oficio por sí solo, no trae alguna consecuencia legal (acto de ejecución en contra del quejoso), al no producir alguna consecuencia jurídica que afecte la esfera del promovente, pues aún no se advierte determinación alguna en la que se desprenda la procedencia de la solicitud de revisión de medida cautelar. Máxime que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que a la fecha no se le ha notificado por parte del fiscal ni de autoridad jurisdiccional, alguna resolución de procedencia de solicitud de modificación de medida cautelar. Además, de conformidad con el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerarse de manera objetiva el cambio de las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual, el órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Por lo que las autoridades correspondientes podrán solicitar modificación de la medida cautelar cuando así lo consideren, por lo que, de ser procedente, el juez correspondiente acordará la procedencia de la solicitud y, una vez hecho lo anterior, deberá notificar a las partes, a fin de que en audiencia hagan valer su derecho de defensa, de conformidad con el principio de contradicción. Por tanto, como ya quedó establecido que los actos reclamados no causan de momento un perjuicio al impetrante del amparo, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos humanos que nos ocupa, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la invocada Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese hágase personalmente.
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