Gustavo Delgado Casas
Expediente 321/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 321/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Gustavo Delgado Casas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Glósese el escrito signado por la tercero interesada Gabriela Barcena Monsech; en atención a su contenido se provee: Solicitud copias.
- Principal
Glósese la razón actuarial de doce del mes y año en curso, mediante la cual la actuaria judicial de este juzgado informa que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno se tiene por hecha la notificación a la parte tercero interesada Gabriela Barcena Monsech, del acuerdo de veintinueve de octubre de la misma anualidad, en términos de lo dispuesto en la fracción II, de los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo, por los motivos que indica. Estado de autos Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para que se manifestaran respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo hayan hecho. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida Análisis del cumplimiento. En sentencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno este Juzgado Federal resolvió el presente juicio de amparo y determinó, conceder la protección de la Justicia Federal solicitada por Gustavo Delgado Casas. Dicha sentencia, causó ejecutoria el quince de octubre de dos mil veintiuno y, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, por oficio 1917/2021 signado por el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de octubre de este año dictada en el toca 53/2021, en la que dejó insubsistente la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno y declaró procedente la excepción de incompetencia por materia opuesta por el quejoso Gustavo Delgado Casas. Mediante proveído de veintinueve de octubre del presente año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Efectos de la sentencia constitucional. Como se indicó, en la ejecutoria de amparo se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado, para los efectos de que la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: "[.]a) Deje insubsistente la determinación de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 53/2021. b) Hecho lo cual, dicte otra resolución en la que prescinda de las consideraciones contenidas en la resolución reclamada y atento a las expuestas a lo largo de este fallo, resuelva la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado, aquí quejoso." Al respecto se sostuvo, que a efecto de establecer la naturaleza jurídica de la acción de origen, la sala responsable determinó que el contrato basal de obra a precio alzado se encuentra regulado dentro de la hipótesis normativa prevista en la fracción VI del artículo 75 del Código de Comercio, que reputa actos de comercio las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados. Sin embargo, tal como lo sostuvo el quejoso, dicha hipótesis normativa reputa actos de comercio todos aquellos que se realizan por medio de las personas jurídicas de construcciones, pues en este caso, la forma económica con la que el acto se efectúa es lo que explica su sujeción a la ley comercial. En tanto que, si bien en el contrato base de la acción se asentó que el demandado, aquí quejoso, en su calidad de contratista, declaró ser una sociedad mercantil constituida, de la lectura integral se desprendía que lo suscribió como persona física, no así como una persona jurídica (empresa), lo cual se robusteció con la cédula de identificación fiscal del propio quejoso, que la responsable tomó en consideración en la resolución reclamada, pues de ella se desprendía que está inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria como persona física. Así, era evidente que el contrato de obra a precio alzado no fue por medio de una persona jurídica de construcción, sino por el demandado, ahora quejoso, como persona física. Condición necesaria porque, el acto de comercio es aquel que el propio legislador ha querido como tal, esto es, él declara un acto esencialmente comercial y no permite ulteriores investigaciones sobre el carácter que le ha dado. De ese modo, se determinó que la resolución reclamada se tornaba ilegal, en razón de que la hipótesis normativa invocada para sujetar al contrato de obra a precio alzado, base de la acción, a las leyes mercantiles, no estaba debidamente justificada en cuanto el demandado suscribió esa convención de voluntades como persona física, además de que, la sala responsable no realizó un análisis para determinar si el acto jurídico de que se trata actualizó alguna de las diversas hipótesis normativas previstas en el citado numeral 75, sin que fuera necesario pronunciarse si las partes son o no comerciantes, pues en primer lugar debió establecer si tal acto es de naturaleza mercantil. Actos dictados en cumplimiento de la sentencia A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, el Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el veintiséis de octubre de este año dentro del toca 53/2021, dictó resolución en la que dejó insubsistente la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno y declaró procedente la excepción de incompetencia por materia opuesta por el quejoso Gustavo Delgado Casas. Análisis comparativo de las referidas resoluciones Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y la determinación de la autoridad responsable en la cual da cumplimiento a ella, se advierte que satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera, en tanto que el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno dejó insubsistente la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno y declaró procedente la excepción de incompetencia por materia opuesta por el quejoso Gustavo Delgado Casas. En razón de que las prestaciones reclamadas derivan de un contrato de obra de precio alzado, el cual no se encuentra considerado como un acto de comercio por el dispositivo 75 del Código de Comercio, por lo que no procede su estudio y resolución en un juicio mercantil; por consiguiente decretó que el Juez competente para dirimir el conflicto presentado, lo es el del Ramo Civil, pues a éste le corresponde regular las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado y que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que concedió la medida cautelar que fue solicitada, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado. Por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, una vez que se cumplan los seis meses desde que se ordenó su archivo. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mediante el cual en atención al oficio 31007/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, informa que se dejó insubsistente la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, asimismo hace del conocimiento que se encuentra realizando gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Prórroga. Toda vez que la autoridad oficiante solicita que se otorgue una prórroga a efecto de cumplimentar el fallo protector, y atendiendo a los aspectos de concesión del fallo amparatorio, que se traducen en que la responsable Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dejara insubsistente el acto reclamado de doce de marzo de dos mil veintiuno. Debiendo dictar una nueva determinación en la que prescindiera de las consideraciones contenidas en la resolución reclamada y, atento a las expuestas en el fallo amparatorio, resolviera la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado, aquí quejoso. Por única ocasión, se concede a la autoridad oficiante una prórroga de diez días hábiles para que dé cabal cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, plazo que se estima razonable y se determina estrictamente para acatar el fallo protector de manera puntual, en el entendido de que dicho término comenzará a contar a partir del primer día hábil posterior a la notificación del presente acuerdo, subsistiendo el apercibimiento decretado en auto de quince de octubre de dos mil veintiuno para el caso de incumplimiento. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, mismo que prevé la posibilidad de prorrogar el plazo de cumplimiento originalmente concedido, lo cual tiene como propósito garantizar que la autoridad responsable tenga el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias sin excesos ni defectos.
- Principal
Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la que ampara y protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Se pide cumplimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en este juicio constitucional, para que dentro del plazo de tres días informe al respecto, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, en términos del numeral 258 de la ley en cita y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en Turno, para el trámite de la inejecución de sentencia. Devuelve anexo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el anexo que remitió como justificación a su informe de ley.
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