Gustavo de León Bugarín

Expediente 1293/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1293/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2018

Partes del expediente

  • Gustavo de León Bugarín

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinte de junio de la presente anualidad, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por Gustavo de León Bugarín, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en el Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, por considerar que transgrede en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, se acuerda. Fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 1293/2018-III, que por su orden le corresponde. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano (.)" Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Por otra parte, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado, el auto de once de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en el Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, en el juicio de divorcio necesario 80/2018, que decretó una pensión alimenticia provisional en favor de Silvia Pasillas sosa, a una cuota de salario mínimo, que por quincena asciende a la cantidad de $1,325.40 (mil trescientos veinticinco pesos 40/100 M.N.). Ahora, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. De igual forma, del análisis de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados y que son: 1. Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, se tramita el juicio de divorcio necesario 80/2018, promovido por el quejoso Gustavo de León Bugarín contra Silvia Pasillas Sosa. 2. Radicado el juicio se ordenó emplazar a la demandada Silvia Pasillas Sosa, quien contestó la demanda y en el auto de once de junio de dos mil dieciocho, el juez señalado como responsable fijó la litis y a solicitud de la demandada decretó pensión alimenticia provisional en favor de Silvia Pasillas sosa, a una cuota de salario mínimo, que por quincena asciende a la cantidad de $1,325.40 (mil trescientos veinticinco pesos 40/100 M.N.), lo que constituye el acto reclamado. En atención a lo anterior, se considera procedente desechar de plano la demanda de garantías; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora, al respecto los artículos 374, fracción III, 711 y 712 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen: "374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y;. Artículo 711.- En casos de urgente necesidad podrán decretarse alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos y contra quien deba pagarlos. En este caso debe acreditarse el título en cuya virtud se piden, las posibilidades de quien deba darlos y la urgencia de la medida. Cuando se pidan por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se fundan en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. Artículo 712.- Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juez fijará la suma en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. Si se piden con medida provisional en un juicio de divorcio, se procederá en la forma prevista por el artículo 371 del Código Civil. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo." De lo antes transcrito, se logra evidenciar que el artículo 374 del ordenamiento legal citado, en su fracción III, precisa que el recurso de apelación procede contra los autos, cuando expresamente lo disponga ese Código. A su vez, del análisis de los artículos 711 y 712 del Código en comento, se advierte que en casos de urgente necesidad se podrán decretar alimentos provisionales; y, en la parte final del artículo 712, se dispone que la resolución que conceda alimentos será apelable en efecto devolutivo. Así las cosas, lo anterior pone en evidencia que contra el proveído de once de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas en el expediente 80/2018, relativo al juicio de divorcio necesario promovido por el quejoso Gustavo de León Bugarín contra Silvia Pasillas sosa, en el que entre otras cosas, a solicitud de la citada demandada decretó en su favor pensión alimenticia provisional, a una cuota de salario mínimo, que por quincena asciende a la cantidad de $1,325.40 (mil trescientos veinticinco pesos 40/100 M.N.), procede el recurso de apelación en efecto devolutivo a que se refiere el artículo 374, fracción III, en relación con el diverso 712, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Aunado a lo anterior, es claro y evidente que: 1. Si la parte quejosa, afirmó que interpuso demanda de divorcio necesario en contra de Silvia Pasillas Sosa, en la cual una vez que ésta la contestó, la autoridad que señala como responsable decretó pensión alimenticia provisional en favor de la citada demandada, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. 2. Así las cosas, y tomando en consideración que el ahora quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra del proveído de once de junio de dos mil dieciocho, por lo que, se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación a que se refiere el artículo 374, fracción III, en relación con el diverso 712, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Sin que por otra parte, se actualice el caso de excepción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, en razón de que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o; o en su caso, algunos de los que se encuentran prohibidos por el numeral 22 Constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De igual forma, tampoco se actualiza la hipótesis prevista por el inciso b), del numeral citado, pues el acto reclamado no consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Asimismo, de ningún modo se está en presencia de persona extraña al procedimiento, en términos de lo previsto por el inciso c), de la fracción XVIII, del artículo en estudio. Luego, como no se hizo valer el medio de impugnación de que se trata por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, no debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley en comento; en consecuencia, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gustavo de León Bugarín. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Trabajo social, número trescientos cuatro (304), colonia veintiuno de julio en esta ciudad; asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Diana Aracely Jiménez Bañuelos e Ignacio Castro romero.

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