Gustavo Daniel Coreas Ayala
Expediente 1223/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Gustavo Daniel Coreas Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Tomos de pruebas. Devuélvase a la autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el tomo de pruebas que remitió en vía de justificación al juicio en que se actúa. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el nueve de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista, y por oficio a las autoridades responsables.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de enero de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que ampliara su demanda, sin que haya realizado manifestación alguna; en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que continúese la tramitación del juicio de amparo en que se actúa en la forma en que hasta este momento está planteado. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto se reclama del Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la paralización del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado instado por el quejoso ante las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, ya que no se le ha notificado la prórroga o la resolución respectiva. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, de la copia certificada del expediente ********************, remitido por la autoridad responsable en vía de justificación, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, de la copia certificada del expediente ********************, remitido por la autoridad responsable en vía de justificación, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictó resolución en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado instado por el quejoso, cuya omisión de resolver se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, con dicha resolución se dio vista a la parte quejosa y se le requirió expresamente para que si era su voluntad ampliara su escrito de demanda; determinación que se le notificó el doce de diciembre de dos mil veintidós, sin que al efecto haya realizado manifestación alguna. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, demostró que dictó resolución dentro del expediente ********************, relativo al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado instado por el quejoso, la cual se hizo del conocimiento de este último por parte de este juzgado (incluso dándole la oportunidad para ampliar su escrito de demanda en contra de ésta), cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional. Por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el día de hoy. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida Ley de Amparo, ténganse como prueba de la responsable, las documentales que acompaña, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales podrán ser tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas en la audiencia constitucional. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Designación de delegados. Como lo solicita la autoridad oficiante, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, y remite las constancias que le fueron solicitadas; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a éstos autos. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Sigilo respecto de documentales. Manténgase en sigilo judicial las documentales remitidas en los oficios de cuenta, en términos de las razones que sustentan la jurisprudencia P./J.26/2015 (10a) de rubro: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA A CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA"; sin que dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Por lo que se instruye al personal de este órgano jurisdiccional a tener en cuenta lo anterior en caso de consulta del expediente por las partes y guárdese la misma en el secreto del juzgado. En ese contexto, omítase vincular al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, las documentales que se anexaron a los oficios de cuenta. Apertura de tomo de pruebas. En atención a la secrecía que ameritan las documentales referidas, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado para su fácil manejo, debidamente identificados como tomos I y II de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Vista para ampliar. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama del Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la omisión de resolver el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, expediente 238433, y su falta de notificación. Ahora, del anexo que acompañó en vía de justificación el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se advierte que el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictó la resolución respectiva, teniendo concluido dicho procedimiento ya que las circunstancias por las que sustentó su solicitud fenecieron, al acogerse a la protección de otro país de origen, renunciando así a la del Estado Mexicano. En consecuencia, prevéngase a la parte quejosa para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 y 17 de la Ley de Amparo, manifieste si es su intención ampliar su demanda de amparo respecto de la resolución dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente 238433, por la Jefa de Departamento de Registro 21 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. De ser así, aplicando lo dispuesto por los artículos 108 y 110 de la ley de la materia, su escrito deberá cumplir con todos los requisitos que previene el primero de los citados, además de acompañar suficientes copias del escrito de ampliación de demanda, para estar en posibilidad de correr traslado a las partes; esto es, una para la autoridad responsable señalada inicialmente, una para el Agente del Ministerio Público, y una más para la nueva autoridad que señale. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo: Libro VIII, Mayo de 2012 Tomo 1, página 801, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Apercibimiento. En caso de no atender dentro del plazo concedido la vista que antecede, se continuará la tramitación del juicio de amparo en la forma en que hasta el momento está planteado. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Se agrega escrito con registro 23562. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Fabiola Badillo, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente al quejoso; y por lista a las demás partes.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos de los que se advierte que en el presente juicio de amparo no obra el informe justificado de la autoridad responsable Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a pesar de estar debidamente notificada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, en términos del artículo 117 de la legislación invocada, téngase por omisa a la autoridad responsable al no rendir su informe de ley. Requerimiento. Asimismo, a efecto de emitir una sentencia conforme a derecho, apegada a la situación real que impera respecto del quejoso ante la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que se le notifique este proveído, remita copia certificada integra del expediente a nombre del quejoso Gustavo Daniel Coreas Ayala (CUR 0000000238433), en el cual es materia su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En esa tesitura, a fin de que la autoridad responsable remita copia certificada del expediente administrativo requerido, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para que la misma tenga verificativo. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la Titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
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