Gustavo Coronel Rubio
Expediente 465/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/11/2022
Partes del expediente
- Gustavo Coronel Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; atento a su contenido, se le tiene acusando de recibo la misiva 22987/2022, a través de la cual se le informó que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin exceso ni defecto. Asimismo, hágase del conocimiento de la responsable que una vez que se encuentre consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se acordará lo que en derecho corresponda y se hará del conocimiento de las partes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los autos y en acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la responsable Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional, se hizo consistir en: "La resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del toca 142/2020, del índice de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, por la que confirmó el proveído de veinticinco de febrero último, dictado dentro de la carpeta de ejecución **********y sus agregadas **********y **********, por la Juez interina Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en esta urbe, en la que desechó por notoriamente improcedente la solicitud de la remisión parcial de la pena.". El treinta de octubre de dos mil veinte, se dictó sentencia, la que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, para el efecto de que la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: a) En el término de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio por el que se le informe que esta sentencia ha causado ejecutoria, deje insubsistente la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictada dentro de la toca 142/2020. b) En su lugar, dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que con libertad de jurisdicción, analice la determinación del Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, de veinticinco de febrero último emitida dentro de la carpeta de ejecución **********y sus agregadas **********y **********; para lo cual deberá sopesar la procedencia o no de los tratamientos preliberacionales, previstos tanto en la anterior Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, atendiendo a aquella que le reporte mayor beneficio al sentenciado. c) Notifique personalmente al promovente la resolución que dicte en cumplimiento a esta sentencia. En esa sentencia de treinta de octubre último, se consideró inexacto que la Sala responsable haya confirmado la determinación que la Juez de ejecución de primera instancia, relativa a la improcedencia del beneficio de la remisión parcial de la pena, solicitado por el sentenciado. Esencialmente, pues a la luz de los criterios sustentados por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, las personas sentenciadas bajo el sistema procesal tradicional que hayan solicitado beneficios penitenciarios con posterioridad a la entrada en vigor de Ley Nacional de Ejecución (como ocurrió en el caso), tienen derecho también a que se examinen sus peticiones a la luz de las instituciones jurídicas contempladas en esa nueva Ley Nacional ejecutiva; esto es, que se reinterpreten bajo una óptica amplia de protección extensiva de sus derechos humanos. Así, para dotar de efectividad tal criterio, se impuso a la Sala responsable la obligación de dejar insubsistente la resolución reclamada y emitir una nueva, de manera fundada y motivada, para resolver la apelación sometida a su potestad respecto a la determinación de primera instancia que estimó improcedente el beneficio penitenciario solicitado. Para lo cual, la Sala debería analizar de nueva cuenta la determinación de la Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, de veinticinco de febrero último emitida dentro de la carpeta de ejecución 294/2018, y sus agregadas 507/2019, y 7/2020; y sopesar la procedencia o no de los tratamientos preliberacionales, previstos tanto en la anterior Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, para resolver lo conducente en torno a dicho recurso; desde luego, con libertad de jurisdicción. El catorce de enero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Mediante los oficios registrados con los folios 1489, 1700 y 4962, la responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para demostrar lo anterior, remitió copia certificada de diversas constancias de las que se advierte lo siguiente: a. Dejó insubsistente la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictada dentro de la toca 142/2020. b. Dictó una nueva resolución el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que procedió como sigue: b.1 con libertad de jurisdicción, analizó la determinación del Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, de veinticinco de febrero último, emitida dentro de la carpeta de ejecución **********y sus agregadas **********y **********,, según se ve: "(.) II.- Se procede al análisis de la carpeta de ejecución **********y sus agregadas **********y **********, del Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, para resolver la apelación interpuesta por el quejoso, respecto del desechamiento por notoria improcedencia de la solicitud hecha por ************* o ****************** respecto al beneficio penitenciario de `Remisión Parcial de la Pena´, inherente a la prisión impuesta de 9 nueve años 6 seis meses 3 tres días, por el delito de ROBO CALIFICADO, por tal razón, resulta fundamental destacar los siguientes aspectos de su SITUACIÓN JURÍDICA. (.) Todo lo cual se acreditó con las copias certificadas que obran en la carpeta de ejecución y sus anexos, los cuales fueron reseñados en los renglones precedentes, elementos que se constituyen como hechos notorios para este Tribunal de Alzada. (.).". b.2 Siguiendo con los lineamientos de la ejecutoria, -al analizar la determinación del Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México- sopesó la procedencia de los tratamientos preliberacionales, previstos tanto en la anterior Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en estos términos: "(.) IV.- En ese contexto, tenemos que la petición formulada por el sentenciado ante el Órgano Jurisdiccional versó sobre la concesión del beneficio penitenciario de Remisión Parcial de la Pena, respecto de la pena impuesta por el delito en cita, misma que fue desechada por ser notoriamente improcedente en términos de la fracción III del artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 42 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, vigente al momento de los hechos. Sin embargo, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA AUTORIDAD FEDERAL, en el sentido que: `[.] si bien es cierto que el sentenciado solicitó el beneficio de la remisión parcial de la pena y que los hechos delictivos tuvieron cabida en dos mil cinco, ello no implica que la resolutora deba ceñirse a su análisis exclusivamente mediante la aplicación ultractiva de la ley abrogada, pues está también en aptitud de analizar los beneficios de libertad condicionada y la libertad anticipada de conformidad con los artículos 136 y 141 de esa Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales precisan los requisitos que deben cumplirse para poder obtener alguna de las citadas prerrogativas. [.]´. b.3 Hecho lo anterior, la Sala responsable, con libertad de jurisdicción, estimó necesario -para dar cumplimiento a la literalidad de la ejecutoria nos ocupa-, ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que la Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México se pronunciara respecto a la procedencia o no de los tratamientos preliberacionales, previstos tanto en la anterior Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, vigente al momento de los hechos, así como en la Ley Nacional de Ejecución Penal, atendiendo a aquella que le reporte mayor beneficio al sentenciado; conforme a estos lineamientos: "(.) IV.- EFECTOS. Por lo que en tal orden de ideas y atendiendo a la literalidad de la Ejecutoria Federal, se deja insubsistente la resolución de fecha 25 veinticinco de febrero de 2020 dos mil veinte, emitida por la Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, en la carpeta de ejecución **********y sus agregadas **********y **********, y se ordena la reposición total del procedimiento, toda vez que en términos del artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un Juez o Jueza de Ejecución quien tiene la competencia para resolver la petición del justiciado, pues nos encontramos ante el supuesto de la fracción IV, modificación o extinción de la pena y sus efectos, por tanto, la Juzgadora Licenciada Dafne Livihe Rosales Montes de Oca deberá celebrar audiencia para resolver la petición del impetrante de garantías ******************** o ***************, privilegiando los principios rectores del proceso oral y las formalidades esenciales del procedimiento y, una vez cerrado el debate entre las partes sobre la procedencia de lo solicitado, al momento de resolver, en una interpretación amplia del artículo 1o del Pacto Federal, deberá ponderar a la luz de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, vigente al momento de los hechos y la Ley Nacional de Ejecución Penal, cual es más benéfica para que acceda a su reinserción social, y de ser el caso que reúna los requisitos de ley de algún beneficio preliberacional resuelva en consecuencia Lo anterior con fundamento en el artículo 482 párrafo inicial, fracción I y párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación directa con el numeral 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. (.) PRIMERO.- Se deja insubsistente la resolución de fecha 25 veinticinco de febrero de 2020 dos mil veinte, emitida por la Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, dentro de la causa de ejecución **********y sus agregadas **********y **********,, en la que desechara por notoria improcedencia la petición del sentenciado ******************** o ***************, respecto del beneficio penitenciario de REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. SEGUNDO.- Se ordena la reposición total del procedimiento para el efecto de que la Juez Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México, Licenciada Dafne Livihe Rosales Montes de Oca, celebre audiencia y resuelva la petición del impetrante de garantías ******************** o ***************,, en términos de la presente ejecutoria. (.).". b.4 Finalmente, la Sala responsable remitió a este órgano de control constitucional, copia del acta mínima de audiencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, celebrada en la carpeta de ejecución **********y sus agregadas **********y **********,, del índice del índice del Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales en la Ciudad de México; en la que previo debate y posterior ponderación en torno a la aplicación de la ley más favorable -con la asistencia del quejoso ***********- se resolvió negar los beneficios de tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, libertad condicionada y libertad anticipada. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, las que, al no haber sido objetadas, tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la indicada ley; esto es, sin excesos ni defectos, ya que como se desprende de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento a las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual informa sobre las gestiones con las que pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo y remite diversas constancias del índice del Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga y, con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dese nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y remite diversas constancias del índice del Juzgado Tercero de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga y, con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dese nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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