GUSTAVO CESAR MOCTEZUMA JACOBO y Otros.

Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
527/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • GUSTAVO CESAR MOCTEZUMA JACOBO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, a través del cual comunica que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y este juzgado federal, el cual quedó registrado bajo el conflicto competencial 35/2023; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia académica concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/790/2023, de seis de marzo de dos mil veintitrés, quien actúa asistido de Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio 11568/2023, enviado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual remite por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por ******. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 527/2023-V y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; sin que ello, tenga como consecuencia inmediata aceptar la competencia declinada, pues esta juzgadora disiente de las razones dadas por la jueza declinante. Cuestión previa. La competencia de la autoridad, es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 162 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. 2 "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". En torno a la competencia en materia de amparo indirecto, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme a la norma constitucional parcialmente transcrita, la competencia -por razón de territorio- recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con dicha disposición constitucional, en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se establecieron tres reglas diferentes para fijar la competencia, según si el acto requiere o no de "ejecución material", entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado, de modo que la ejecución no se enfoca sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. De ello se sigue que la primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda regla indica que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez donde se presente la demanda; y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se actualiza la última regla. Se explica: En esencia, los quejosos se duelen, entre otros actos, del proceso legislativo efectuado por el Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por el cual aprobó el decreto número 861, en el que se creó el Municipio Ñuu Savi del Estado, al omitir dicha responsable realizar una consulta sobre derechos de los habitantes de las comunidades indígenas, para la aprobación de realizar la división del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. La sola lectura de la conducta combatida, permite advertir que el acto reclamado no trae aparejada ejecución. En efecto, a criterio de esta juzgadora, el acto que se estima violatorio de derechos humanos, consistente en el proceso legislativo realizado por el Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por el cual aprobó el decreto número 861, en el que se creó el Municipio Ñuu Savi del Estado, no requiere de un acto de ejecución posterior, pues el hecho de que, para el nacimiento del nuevo Municipio se hayan considerado poblados o comunidades del diverso Municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero, el cual, está dentro del ámbito de competencia de este órgano jurisdiccional, no tiene como interpretación directa, que dicho proceso legislativo o decreto en sí, una vez emitido, conlleve un hacer o una acción de ejecutar por parte de alguna autoridad, tan es así, que uno de los actos que también se reclaman, es precisamente que no se llevó o llevará a cabo un consulta sobre derechos de los habitantes de las comunidades indígenas por parte del Congreso del Estado. Así, el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es claro en su expresión al establecer que si el acto reclamado no requiera ejecución material -como sucede en la especie- es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción es presentada la demanda, texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Una explicación como la anterior, además, permite lograr el objetivo plasmado en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque, como se ha dejado de manifiesto, frente al reclamo de un acto de carácter meramente declarativo u omisivo que de por sí carece de ejecución material, no es procedente recurrir a interpretaciones adicionales sino estimar que, ante ese estado de cosas, es competente para conocer de la demanda de amparo relativa el juez ante el que se presentó. Consideraciones estas últimas que encuentran apoyo en la Jurisprudencia 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 500, Tomo I, libro 6, mayo 2014, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006529, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En ese corolario, en términos del segundo párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, la competente para conocer de la demanda de que se trata, es la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por ser quien previno en el asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la misma normatividad, NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. En esa coyuntura, devuélvasele el juicio de amparo 618/2023, promovido por ******, a fin de que acuerde lo conducente; por ende, respetuosamente se solicita a la titular de ese órgano jurisdiccional, haga del conocimiento de esta juzgadora, la determinación que asuma sobre el particular. Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para debida constancia legal. Notifíquese por oficio a la Jueza Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

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