Gustavo Cervantes Ballesteros
Expediente 933/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Gustavo Cervantes Ballesteros
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se determinó que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; sin embargo, por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en acuerdo de dieciocho de julio anterior, se provee: Con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado la determinación de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CR./CJD./005/2970/2023, de la Comisión de Receso del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Informe suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, residente en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexó la autoridad responsable al oficio que se atiende. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por el encargado del despacho de la Dirección del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las constancias que la autoridad responsable remitió, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda, el reclamo constitucional se hace consistir en la omisión de brindar atención médica adecuada, en atención a los padecimientos que aduce el impetrante. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de los informes sobre la suspensión de plano, así como del informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables y las documentales remitidas por estas, a las cuales se les otorgó plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, esto es el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable no había proporcionado la atención médica integral requerida por el impetrante. Lo anterior se afirma, en atención a que, de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, relativas a la atención médica brindada al derechohabiente Gustavo Cervantes Ballesteros? se advierte lo siguiente: a) El quejoso Gustavo Cervantes Ballesteros, ingresó el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, a las instalaciones del Hospital Ignacio Chávez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; b) El motivo de ingreso del quejoso al hospital, fue debido a que presentó dolor en el centro de pecho y requería remplazo de marcapasos; c) El diagnóstico médico inicial fue insuficiencia cardiaca y arritmia; d) El diagnostico final fue miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardiaca. e) Asimismo, la responsable exhibió diversos registros de intervenciones de enfermería realizados al quejoso Gustavo Cervantes Ballesteros; f) Posteriormente, el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, es intervenido en el Centro Médico del Noroeste, quirúrgicamente para recambio de marcapaso con colocación de desfibrilador automático. g) Finalmente, el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se determinó el egreso del quejoso, y se dispuso que debía continuar con el tratamiento médico prescrito. De lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable desplegó las acciones pertinentes para la atención médica que requiere el quejoso acorde a sus padecimientos. En efecto, la autoridad responsable procedió a desplegar actos encaminados a brindar atención médica al agraviado para el bienestar de su salud, acorde a lo que haya determinado el médico responsable en función del padecimiento que le fue diagnosticado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, conforme a lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, en relación con la diversa XXI del numeral 61, ambas de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha designadas para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con veintitrés minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Informe suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe de suspensión de plano rendido por el coordinador médico del Centro Médico Doctor Ignacio Chávez, residente en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexó la oficiante a la misiva que se atiende. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente hábil al en que reciba el oficio con transcripción del presente proveído, remita copia certificada del expediente clínico de Gustavo Cervantes Ballesteros (aquí quejoso), o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que al efecto tuviere. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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