Gustavo Castro Sánchez
Expediente 501/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/04/2016
Partes del expediente
- Gustavo Castro Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de abril de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El siete de julio de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión (fojas 53 a 63) 2. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el veintitrés de julio de dos mil quince en la oficialía de partes de este Juzgado, el quejoso interpuso recurso de revisión contra la sentencia descrita en el párrafo que antecede (foja 68), mismo que por acuerdo de veinticuatro de ese mes y año, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 69). 3. Por razón de turno conoció del medio de impugnación intentado el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Segundo Circuito; órgano colegiado que mediante resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciséis, en los autos del amparo en revisión 203/2015, resolvió: "PRIMERO. Se tiene al quejoso GUSTAVO CASTRO SÁNCHEZ, desistiendo del recurso de revisión. SEGUNDO. Se declara firme la sentencia impugnada. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, por los motivos asentados en el considerando tercero, apartado A, de la resolución recurrida. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a GUSTAVO CASTRO SÁNCHEZ, en los términos y para los efectos precisados en el considerando último de la sentencia recurrida." 4. Posteriormente, en acuerdo de seis de octubre de dos mil quince (fojas 116 y 117), en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al análisis siguiente: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Director de Readaptación Social, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de México: "1. Deje sin efecto el oficio DGPRS/DRS/0384/2015 de doce de marzo de dos mil quince, a través del cual se le niega al quejoso el traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, al diverso Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, ambos en el Estado de México; y, En su caso, se declare incompetente legalmente para decidir la petición de traslado y envíe el ocurso que contiene la petición del ahora quejoso al juez de ejecución de sentencias a quien corresponde decidir sobre lo solicitado por el agraviado, en el que pidió el traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, al diverso Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, ambos en el Estado de México, a fin de que el juez competente con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho convenga. Lo cual deberá notificar al quejoso en las instalaciones del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, Estado de México, en donde se encuentra actualmente recluido." En ese tenor, mediante oficio DGPRS/DRS/1777/2015 presentado en la oficialía de partes de este Juzgado el trece de octubre de dos mil quince, la autoridad responsable supracitada, remitió copia del diverso DGPRS/DRS/1776/2015, a través del cual ordenó la remisión del escrito de solicitud de traslado del accionante constitucional al Juzgado de Ejecución de Sentencias, a fin de que resolviera lo que en derecho corresponda; de igual manera, informó con el original DGPRS/DRS/1774/2015, que por oficio DGPRS/DRS/1773/2015, de doce de octubre de ese año, ordenó hacer del conocimiento al quejoso interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, México, que dejó sin efectos la minuta DGPRS/DRS/0384/2015 de doce de marzo de dos mil quince, lo anterior en cumplimiento a los lineamientos dispuestos en el fallo protector (fojas 128 a 131). Constancia a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Luego, en proveído de doce de noviembre de dos mil quince (foja 134), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las razones siguientes: El doce de octubre de dos mil quince, dejó sin efectos el oficio DGPRS/DRS/0384/2015 de doce de marzo de dos mil quince, a través del cual se le niega al quejoso el traslado del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, al diverso Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, ambos en el Estado de México; asimismo, ordenó la remisión del escrito de solicitud de traslado del quejoso al Juzgado de Ejecución de Sentencias, a fin de que resolviera con libertad de jurisdicción lo que en derecho procediera y, finalmente, instruyó la notificación al impetrante del amparo en las instalaciones del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, Estado de México, en donde se encuentra recluido. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, las cuales deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido del licenciado Jorge Manuel Cano Corona, Secretario que firma y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE LOS CORRIENTES, CITATORIO, ALCC
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, del cual se advierte que el trece de octubre del año en curso, el Director de Readaptación Social del Estado de México, informo que remitió el oficio DGPRS/DRS/1776/2015 al Juez de Ejecución de Sentencias de Otumba la solicitud de Traslado del quejoso; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizó la responsable al fallo protector; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por éstas.
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...Se está en espera de que la totalidad de las autoridades desahoguen el requerimiento efectuado mediante proveído de seis de octubre de la anualidad que trascurre.
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