Gustavo Castro Navarro
Expediente 498/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/01/2016
Partes del expediente
- Pedro Nuñez Cota
- Gustavo Castro Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ensenada, Baja California, a siete de enero de dos mil dieciséis. Visto el oficio que remite el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California ''3'', con sede en esta ciudad, por el que en atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional mediante misiva 13060/2015 de diez de diciembre de la presente anualidad, informa el trámite dado a la multa impuesta a la licenciada Yolanda Serrano Villalobos; agréguese sus autos para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a diez de diciembre de dos mil quince. Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal para que la parte quejosa recurriera la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia la Unión en este juicio promovido por Pedro Núñez Cota, Gustavo Castro Navarro, Rosario Félix Reyes, Román Herrera Guevara, José Francisco Contreras González y Julio Cesar Núñez Zamudio, sin que lo hubieran hecho, con fundamento en el artículo 86, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Por tanto, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. En consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente asunto se negó el amparo solicitado, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente la demanda y sentencia respectiva. En cumplimiento al segundo punto resolutivo de la sentencia constitucional en relación con el considerando sexto de la misma, en el que se le impuso una multa de doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a la Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje; por lo que, se ordena girar el oficio correspondiente a la Administración Local de Recaudación de esta ciudad, para que proceda a ejecutar de inmediato la sanción económica impuesta, e informe a este juzgado a la brevedad posible la fecha en que ingrese la misma al erario federal. En apoyo, se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de dos mil tres, página doscientos veintiséis, con número de registro 184086, del siguiente rubro: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE." En el entendido de que el nombre completo de la titular de la citada autoridad es Yolanda Serrano Villalobos, con domicilio oficial el ubicado en avenida Del Puerto, esquina con Adolfo López Mateos, número 375, fraccionamiento Playa Ensenada, código postal 22880, en esta ciudad. Hágase del conocimiento a la autoridad exactora que, los anteriores datos son los únicos con los que se cuentan, sin que pase inadvertido que lo peticionado por esa autoridad hacendaria es con el propósito de descartar la homonimia, lo que en esencia no se acontece, ya que como se refirió anteriormente, se le proporcionó nombre, apellidos y domicilio exacto del sancionado, aunado que, dicha dependencia exactora tiene el carácter de ejecutora, por lo que deberá indagar y efectuar el cobro de la sanción en mención con los datos aportados. Se le insta para que informe la fecha y número de partida con que ingrese a las arcas de la Nación el importe de la sanción citada. Como está ordenado en la resolución de amparo, el trámite de la sanción impuesta no deberá de retrasar el archivo del presente expediente como total y definitivamente concluido, ya que la autoridad fiscal es la que deberá de cumplir con la ejecución de la sanción económica de esta sentencia, por lo que una vez que se informe sobre el control fiscal del crédito, se entenderá por ejecutada la sanción económica impuesta para efecto de dicha sentencia, y el expediente en que se actúa se archivará en los términos descritos en los párrafos que anteceden, glosándose sin mayor trámite lo que subsecuentemente se informe sobre la sanción pecuniaria. No pasa inadvertido que la autoridad multada con posterioridad al dictado de la sentencia constitucional remitió diversas constancias con las que pretendió acreditar el cumplimiento al requerimiento del que emanó la sanción impuesta (oficio con número de registro 18631 que obra a fojas 26 a 29 de autos); en respuesta a ello, debe decirse que tal conducta no la exime de la obligación de rendir en tiempo y forma los informes justificados que le son requeridos, de ahí que este juzgador no estima conveniente dejar sin efectos las multas impuestas. Sostener lo contrario, equivaldría a hacer nugatoria la facultad sancionadora del Poder Judicial de la Federación para hacer cumplir sus determinaciones, con el objeto de agilizar los procesos del orden judicial y cumplir con el deber que a todo órgano jurisdiccional le impone el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial. A mayor abundamiento, la imposición de multas no es un acto arbitrario de este juzgado constitucional, sino que ello emana de las disposiciones de orden público que impone la legislación de materia, que obligan al suscrito a velar por el adecuado trámite y resolución de los procedimientos de amparo, así como de imponer las sanciones que vayan en detrimento de la adecuada impartición de justicia, máxime que se trata de la protección de derechos fundamentales. Correctivos disciplinarios que tienen como finalidad última la de evitar ese tipo de conductas de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a veintiséis de noviembre de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto de la multa impuesta en autos, respecto de lo cual se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno; por tanto, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PRIMERO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Pedro Núñez Cota, Gustavo Castro Navarro, Rosario Félix Reyes, Román Herrera Guevara, José Francisco Contreras González y Julio Cesar Núñez Zamudio, contra las autoridades y acto que quedaron precisados en el contexto de la presente resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de esta resolución, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
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