Gustavo Castellanos Mandujano
Expediente 1109/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2018
Partes del expediente
- Gustavo Castellanos Mandujano
Actuaciones
- Principal
SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.- DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA POR EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Gustavo Castellanos Mandujano contra actos del Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, residente en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 8-A-1109/2018. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente se duele esencialmente del oficio OM/DRH/1684/2018, de cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se le negó la entrega de la cantidad que le corresponde como pago de sus vales de despensa. En ese contexto, respecto de dicho acto se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; ello es así ya que no constituye un acto de autoridad, sino el resultado de la relación laboral que existe entre la autoridad señalada como responsable y el solicitante de amparo. Lo anterior, se traduce en una controversia de carácter laboral, pues se trata de actuaciones atribuibles a la autoridad responsable, únicamente en su calidad de patrón; es decir, el Estado participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de las mismas, es claro que se trata de un problema entre trabajador y patrón, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza. Por tanto, resulta incuestionable que tal acto no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, precisamente porque cualquier decisión que adopte o deje de adoptar el ente que se señala como autoridad responsable, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de trabajo. Además, que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral, por lo que los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Municipio deben ser ventilados ante el Tribunal correspondiente. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2011343, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así, al haberse concluido que el acto que se reclama fue emitido por un organismo público que en el caso concreto carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, para considerarlo como autoridad, ya que la controversia surgida tiene indefectiblemente su origen en una relación laboral, razón por la cual su resultado debe ser demandado ante la autoridad competente, atendiendo para ello al régimen constitucional y legal que regule la respectiva relación laboral. Bajo tales consideraciones, válidamente puede concluirse que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia analizada en párrafos anteriores, pues se reitera, la actuación de las responsables para con la parte quejosa, no fue en el plano de autoridad, sino con motivo de su relación laboral que la une con ésta, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Consecuentemente, en atención a lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS de mérito, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deben realizarse a la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente.
- Principal
con esta fecha notifico por listaa la parte quejosa, el proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Vista; la demanda de amparo promovida por Gustavo Castellanos Mandujano contra actos del Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, residente en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 8-A-1109/2018. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente se duele esencialmente del oficio OM/DRH/1684/2018, de cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se le negó la entrega de la cantidad que le corresponde como pago de sus vales de despensa. En ese contexto, respecto de dicho acto se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; ello es así ya que no constituye un acto de autoridad, sino el resultado de la relación laboral que existe entre la autoridad señalada como responsable y el solicitante de amparo. Lo anterior, se traduce en una controversia de carácter laboral, pues se trata de actuaciones atribuibles a la autoridad responsable, únicamente en su calidad de patrón; es decir, el Estado participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de las mismas, es claro que se trata de un problema entre trabajador y patrón, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza. Por tanto, resulta incuestionable que tal acto no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, precisamente porque cualquier decisión que adopte o deje de adoptar el ente que se señala como autoridad responsable, no constituyen actos de autoridad, sino un hecho derivado de la relación de trabajo. Además, que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral, por lo que los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Municipio deben ser ventilados ante el Tribunal correspondiente. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2011343, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así, al haberse concluido que el acto que se reclama fue emitido por un organismo público que en el caso concreto carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que requiere el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, para considerarlo como autoridad, ya que la controversia surgida tiene indefectiblemente su origen en una relación laboral, razón por la cual su resultado debe ser demandado ante la autoridad competente, atendiendo para ello al régimen constitucional y legal que regule la respectiva relación laboral. Bajo tales consideraciones, válidamente puede concluirse que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia analizada en párrafos anteriores, pues se reitera, la actuación de las responsables para con la parte quejosa, no fue en el plano de autoridad, sino con motivo de su relación laboral que la une con ésta, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama un acto de esta especie resulta improcedente. Consecuentemente, en atención a lo dispuesto por el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS de mérito, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deben realizarse a la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente.
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