Gustavo Caratachea Esparza

Expediente 1321/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1321/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Caratachea Esparza

Actuaciones

  1. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe la comunicación signada por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, mediante la cual remite el informe justificado rendido por la Directora de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, el oficio firmado por la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa y diversas documentales y un disco compacto. En torno a lo anterior, con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por la Directora de la Unidad de Medidas Cautelares, en el que señala son ciertos los actos reclamados. Asimismo, glósese el oficio el oficio firmado por la Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, en el que informa que se dejó sin efectos la medida cautelar impuesta al quejoso y se ordenó su libertad. Por otra parte, con fundamento en el arábigo 119 de la ley de la materia, se tiene como pruebas las documentales y disco compacto allegados. Con sustento en el ordinal 117 de la citada legislación, con el informe de cuenta y pruebas recibidas dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de quince de noviembre del año en curso, se desprende que no fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada por los siguientes motivos: Luz María Zazueta Ramírez: el domicilio señalado no es donde reside y se desconoce donde habita actualmente. Resérvese de proveer en torno al particular hasta en tanto se cuente con el emplazamiento de la totalidad de terceros interesados en este juicio Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito conforme a la sesión celebrada el seis de noviembre del año en curso por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea obstáculo que no se cuente con el oficio de recibo dirigido al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se remitió copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio, pues dicho fallo no les causa algún agravio en consideración que, por única parte, se sobreseyó en el juicio. Al respecto es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 717, Tomo III, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro siguiente: REVISIÓN, RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO INTENTA UNA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONTRA DE UN FALLO DE SOBRESEIMIENTO. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General citado con anterioridad. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito conforme a la sesión celebrada el seis de noviembre de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte tercera interesada. Culiacán, Sinaloa, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan las actuaciones se advierte que estaba programada la audiencia constitucional para este día; sin embargo, faltan diversos interesados por emplazar. En ese sentido, como se encuentra ordenado en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se comisiona indistintamente a los actuarios adscritos para que procedan al emplazamiento de los siguientes terceros interesados (fojas 258 a 273): Manuel Humberto Cuén López: calle Rey Baltazar número 41841 o 4189 en la colonia Vicente Lombardo Toledano. Guillermo Rodríguez Gutiérrez: calle Álvaro Obregón número 3483 colonia Vicente Lombardo Toledano. Calle Heroico Colegio Militar número 32299-01 módulo B. colonia las Huertas. Calle Juan Pablo Sainz Aguilar número 4620 colonia Las Cucas. Luz María Zazueta Ramírez: calle Mar Egeo número 5380 nte. Colonia El Mirador. Abundio López Vizcarra: calle Ébano número 7450 colonia Loma de Rodriguera. Calle José Ramón Díaz Franco número 2959-2 colonia Vicente Lombardo Toledano. Calle Álvaro Obregón número 7548 nte. Colonia Loma de Rodriguera. Calle José Ramón Díaz Franco número 2959 (señalaron desde número 2959-1 hasta 2959-13) colonia Vicente Lombardo Toledano. Calle Ignacio Aldama número 1976 sur residencial Colinas de San Miguel. Blanca Guadalupe Torres Díaz: calle Lago Huron número 4567-B fraccionamiento Zona Dorada. Liliana del Carmen López Sanz: calle Reynaldo Patrón Ortega número 2991 colonia Vicente Lombardo Toledano. Petra Ortiz López: calle Solon Sabre Morrel 4878 colonia Las Cucas. Rosa Isela Miranda Araujo: calle Solon Sabre Morrel número 86 colonia Las Cucas. Emilia Quiroz Moreno: calle Solon Sabre Morrel número 7750 fte. Colonia Las Cucas. José Julián Castro González: calle Álvaro Obregón número 4012 colonia Vicente Lombardo Toledano. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DE SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Por otra parte, vistas las razones actuariales de treinta de los actuales, se desprende que no fue posible emplazar a juicio a los terceros interesados por los siguientes motivos: Roberto Félix Esquerra: los vecinos manifestaron no conocer a la persona buscada. Rodolfo Montoya Martínez: los vecinos no proporcionaron información por motivos de seguridad. Rosa Araujo López: los vecinos se negaron a proporcionar información alguna. Resérvese de proveer en torno al particular hasta en tanto se cuente con el emplazamiento de la totalidad de terceros interesados en este juicio Notifíquese y emplácese a os terceros interesados. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Javier Torres Bon Bustamante, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de abril del año en curso, informa que desconoce el domicilio de la parte tercera interesada comisariado ejidal del ejido Tierra Blanca, además refiere que a su consideración a las personas que actualmente habitan la zona afectada con motivo del decreto expropiatorio reclamado no les reviste el carácter de terceros interesados. I. Quejoso. Francisco Javier Torres Bon Bustamante. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, toda vez que el quejoso reclama la expedición de un decreto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c) de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio al representante social la presente determinación, acompañando copia simple de la demanda. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del quince de junio del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional. V. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídanse informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibidas que de no rendir el informe solicitado o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remitan incompletas o ilegibles total o parcialmente, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en matera de desindexación del salario mínimo,. VI. Pruebas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, se tienen por admitidas las pruebas documentales que se acompañan al escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de ellas, el día que tenga verificativo la audiencia de derecho. Asimismo, téngase por anunciada en tiempo la pericial en ingeniería topográfica por la parte quejosa; en consecuencia, hasta en tanto se tenga noticia de a quienes les reviste el carácter de terceros interesados, se ordenará su preparación. VII. Denominación de las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades señaladas como responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remita, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión; lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados; en el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. No obstante, dado que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, se apercibe a la parte quejosa que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de las autoridades responsables que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas, lo cual está acorde con el principio de celeridad procesal, sustentado en el precepto 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. VIII. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en matera de desindexación del salario mínimo. IX. Tercero interesado. En el presente juicio, dada la naturaleza de los actos reclamados, estese a la espera de las constancias remitidas por las autoridades responsables vía informe justificado, para efecto de proveer respecto del emplazamiento de quienes resulten con el carácter de terceros interesados. IX. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo y autorizadas en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. X. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Finalmente en cuanto al desistimiento del decreto presidencial de cinco de marzo de mil novecientos ochenta y cinco y publicado el quince del mismo mes, que determinó la expropiación de una superficie de 75-79-29.82 hectáreas, de terrenos ejidales del poblado denominado "Tierra Blanca", municipio de Culiacán; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a dicho promovente, por conducto del Actuario Judicial, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente en que surta efectos dicha notificación, o bien, en el acto de la notificación, ratifique el escrito de cuenta; apercibido que de no hacerlo, este juzgado lo tendrá por no desistido de dicho acto y se continuará con el procedimiento del presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. Se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del quince de junio del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente en cuanto al desistimiento del decreto presidencial de cinco de marzo de mil novecientos ochenta y cinco y publicado el quince del mismo mes, que determinó la expropiación de una superficie de 75-79-29.82 hectáreas, de terrenos ejidales del poblado denominado "Tierra Blanca", municipio de Culiacán; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a dicho promovente, por conducto del Actuario Judicial, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente en que surta efectos dicha notificación, o bien, en el acto de la notificación, ratifique el escrito de cuenta; apercibido que de no hacerlo, este juzgado lo tendrá por no desistido de dicho acto y se continuará con el procedimiento del presente juicio de amparo.

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