Gustavo Calderon Villaverde
Expediente 1110/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Gustavo Calderon Villaverde
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede que no se recurrió el auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gustavo Calderón Villaverde, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Gustavo Calderón Villaverde, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente en el Estado de Hidalgo y otra. Fórmese expediente y regístrese con el número 1110/2017-5 del índice de este juzgado federal, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. DESECHAMIENTO DE DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: "La emisión de la inspección número H1010OV12017 de cinco de septiembre de este año." Para mayor comprensión se advierte hace una relación de los antecedentes del acto que se reclama los cuales se hacen consistir en los siguientes: El año pasado la parte quejosa solicito a la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales renovar el permiso de acopio en nueve de agosto de dos mil dieciséis, el cual a la fecha no le han contestado. En cinco de septiembre de este año, llegó una orden de inspección con número H1010OV12017, a la empresa, emitida por la Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente en el Estado de Hidalgo. Fue informado por la responsable que no se le podía tramitar dicho documento debido a que la empresa se encuentra en procedimiento. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defesa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos, se deduce como requisito indispensable para promover el juicio de garantías, el atender al principio de definitividad que rige al Juicio de Amparo, consistente en que el gobernado, previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Ello es así, ya que el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que tiene por objeto proteger al individuo de los actos arbitrarios de autoridad que afecten su esfera de derechos. Así, cuando ello ocurre y existen medios de impugnación previstos en la ley que rige el acto, el quejoso debe agotarlos, pues con ello puede ser revocado, modificado o nulificado el acto que vulnera su esfera jurídica, lo que de ser así, haría innecesario acudir a la instancia constitucional. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. En efecto, del análisis de la demanda se desprende que el promovente reclama la emisión de la inspección número H1010OV12017 de cinco de septiembre de este año, a la empresa "Recicladora Mexicana de Aceites Lubricantes Sociedad Anónima de Capital Variable", concluyendo con la falta de autorización de acopio de residuos. En el caso a estudio, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que al ser parte en el juicio de nulidad 66/2010, no agotó el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo. "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." En relación al principio de definitividad, existe la tesis II.4o.C.1 K, visible en la página 1676, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, que es del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad." Así como también la tesis de jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época, consultable en Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, el quejoso combate la emisión de la inspección número H1010OV12017 de cinco de septiembre de este año, a la empresa "Recicladora Mexicana de Aceites Lubricantes Sociedad Anónima de Capital Variable", concluyendo con la falta de autorización de acopio de residuos. El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, es decir, determinaciones que no sean definitivas. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente, a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En ese tenor, de acuerdo con la causa de improcedencia invocada, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Bajo ese marco se aprecia que dicha demanda resulta notoriamente improcedente, en virtud de que la solicitante de amparo, previamente a la instauración de esta vía constitucional y como parte dentro del procedimiento de donde emana el acto reclamado, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, esto es, antes de la interposición de la demanda de garantías, la parte quejosa de mérito debió agotar el recurso ordinario que le otorga la ley de la materia, es decir, el recurso de revisión, que se contempla en el artículo 83 párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer el recurso de revisión, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda". En efecto, dicho numeral se refiere al medio de impugnación idóneo contra el acto que por esta vía se reclama, pues a través del mismo se podría revocar o modificar el auto de autoridad que se pretende combatir, dado que el caso concreto se constituye en la emisión de la orden de inspección, dictada por la autoridad responsable, entra en el supuesto que establece el artículo 83 párrafo primero de la Ley citada por ser un acto administrativo. En consecuencia, tratándose de un asunto en materia administrativa, que no se ubica en ninguna de las excepciones al principio de definitividad, y la promoción de dicho recurso, tendría como consecuencia la revocación o modificación del acto que ahora se reclama; resulta claro que la parte quejosa debe ocurrir a la revisión en contra de dicho auto, para después hacer procedente el juicio de garantías. Por lo tanto, la demanda de amparo que presenta resulta notoriamente improcedente, toda vez que estuvo en aptitud de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, mediante el recurso idóneo o medio de defensa legal que para tal efecto señala la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y al no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de derechos, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Máxime que la quejosa no se encuentra en los casos de excepción para no agotar el principio de definitividad, esto es que el acto reclamado no es de los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución, pues precisamente en estos casos es cuando no es necesario agotar previamente el recurso ordinario, circunstancia que en el caso no acontece; por tanto, es necesario agotar el medio de impugnación ordinario antes citado, previo a la instauración del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV-mayo-2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia y por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la ley de Amparo a Sandra Cerón Ochoa y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona en el de cuenta, pues no se encontró registro de cédula profesional a su nombre en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES para que en su caso, el Actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo y entregue los oficios que deriven del mismo. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de la licenciada Sandra Silva Jaimes, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DEL MES Y AÑO EN CURSO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por Gustavo Calderón Villaverde, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente en el Estado de Hidalgo y otra. Fórmese expediente y regístrese con el número 1110/2017-5 del índice de este juzgado federal, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. DESECHAMIENTO DE DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en el siguiente: "La emisión de la inspección número H1010OV12017 de cinco de septiembre de este año." Para mayor comprensión se advierte hace una relación de los antecedentes del acto que se reclama los cuales se hacen consistir en los siguientes: El año pasado la parte quejosa solicito a la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales renovar el permiso de acopio en nueve de agosto de dos mil dieciséis, el cual a la fecha no le han contestado. En cinco de septiembre de este año, llegó una orden de inspección con número H1010OV12017, a la empresa, emitida por la Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente en el Estado de Hidalgo. Fue informado por la responsable que no se le podía tramitar dicho documento debido a que la empresa se encuentra en procedimiento. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defesa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." [.]" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos, se deduce como requisito indispensable para promover el juicio de garantías, el atender al principio de definitividad que rige al Juicio de Amparo, consistente en que el gobernado, previo a acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Ello es así, ya que el juicio de amparo es un medio de impugnación extraordinario, que tiene por objeto proteger al individuo de los actos arbitrarios de autoridad que afecten su esfera de derechos. Así, cuando ello ocurre y existen medios de impugnación previstos en la ley que rige el acto, el quejoso debe agotarlos, pues con ello puede ser revocado, modificado o nulificado el acto que vulnera su esfera jurídica, lo que de ser así, haría innecesario acudir a la instancia constitucional. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación, revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. En efecto, del análisis de la demanda se desprende que el promovente reclama la emisión de la inspección número H1010OV12017 de cinco de septiembre de este año, a la empresa "Recicladora Mexicana de Aceites Lubricantes Sociedad Anónima de Capital Variable", concluyendo con la falta de autorización de acopio de residuos. En el caso a estudio, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que al ser parte en el juicio de nulidad 66/2010, no agotó el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo. "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente(.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." En relación al principio de definitividad, existe la tesis II.4o.C.1 K, visible en la página 1676, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, que es del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO. A efecto de que sea procedente el juicio de amparo contra una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de la cual la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha resolución, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que la ley no concede para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de garantías tilda de inconstitucional y, por ende, al no agotamiento del principio de definitividad." Así como también la tesis de jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época, consultable en Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, el quejoso combate la emisión de la inspección número H1010OV12017 de cinco de septiembre de este año, a la empresa "Recicladora Mexicana de Aceites Lubricantes Sociedad Anónima de Capital Variable", concluyendo con la falta de autorización de acopio de residuos. El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, es decir, determinaciones que no sean definitivas. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente, a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En ese tenor, de acuerdo con la causa de improcedencia invocada, se llega a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Bajo ese marco se aprecia que dicha demanda resulta notoriamente improcedente, en virtud de que la solicitante de amparo, previamente a la instauración de esta vía constitucional y como parte dentro del procedimiento de donde emana el acto reclamado, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, esto es, antes de la interposición de la demanda de garantías, la parte quejosa de mérito debió agotar el recurso ordinario que le otorga la ley de la materia, es decir, el recurso de revisión, que se contempla en el artículo 83 párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer el recurso de revisión, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda". En efecto, dicho numeral se refiere al medio de impugnación idóneo contra el acto que por esta vía se reclama, pues a través del mismo se podría revocar o modificar el auto de autoridad que se pretende combatir, dado que el caso concreto se constituye en la emisión de la orden de inspección, dictada por la autoridad responsable, entra en el supuesto que establece el artículo 83 párrafo primero de la Ley citada por ser un acto administrativo. En consecuencia, tratándose de un asunto en materia administrativa, que no se ubica en ninguna de las excepciones al principio de definitividad, y la promoción de dicho recurso, tendría como consecuencia la revocación o modificación del acto que ahora se reclama; resulta claro que la parte quejosa debe ocurrir a la revisión en contra de dicho auto, para después hacer procedente el juicio de garantías. Por lo tanto, la demanda de amparo que presenta resulta notoriamente improcedente, toda vez que estuvo en aptitud de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, mediante el recurso idóneo o medio de defensa legal que para tal efecto señala la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y al no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de derechos, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Máxime que la quejosa no se encuentra en los casos de excepción para no agotar el principio de definitividad, esto es que el acto reclamado no es de los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución, pues precisamente en estos casos es cuando no es necesario agotar previamente el recurso ordinario, circunstancia que en el caso no acontece; por tanto, es necesario agotar el medio de impugnación ordinario antes citado, previo a la instauración del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV-mayo-2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia y por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la ley de Amparo a Sandra Cerón Ochoa y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona en el de cuenta, pues no se encontró registro de cédula profesional a su nombre en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES para que en su caso, el Actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo y entregue los oficios que deriven del mismo. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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