Gustavo Bonilla Gallardo

Expediente 234/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
234/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Bonilla Gallardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Se agrega diligencia de ratificación. Vista la diligencia de veintidós de marzo del actual, realizada en cumplimiento al requerimiento formulado al quejoso en auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se advierte que Gustavo Bonilla Gallardo, estampó su firma y una vez que se le hizo de conocimiento lo establecido por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad la reconoció como propia. Por lo que al efecto se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo aparentemente suscrita por Gustavo Bonilla Gallardo, así como el escrito de desahogo de la prevención formulada en auto inicial, con el número de promoción 3119 y la firma plasmada en la diligencia de cuenta, se advierte que el promovente del amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES - Jueces de Control que Integran el Distrito Judicial de la Región Cañada, Oaxaca (ordenadora). - Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Local del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca (ejecutora). - Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Fiscalía local de Huatla de Jiménez, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS La solicitud de orden de aprehensión y/o detención por parte de la autoridad ministerial. La omisión de acordar la petición de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve de solicitud de abstención de la investigación, atribuida a la autoridad ministerial. La orden de aprehensión y/o detención librada por la autoridad señalada como ordenadora La ejecución de la orden de detención y/o aprehensión librada en su contra y su ejecución atribuida a los Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Luego, mediante escrito aclaratorio presentado a nombre del quejoso (registro 3119), se pretendió cumplir con la prevención formulada en auto inicial en el sentido de que la denominación correcta de la autoridad responsable ordenadora es "Juzgado de Control de Cuicatlán, Oaxaca". Sin embargo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharse de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del citado precepto legal, se advierte que el juez de distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia que cumpla con las características señaladas en el párrafo anterior, es aquél que está plenamente demostrado. Además, se debe tener la certeza y plena convicción de que la causal que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese entendido, del análisis integral del ocurso inicial, del aclaratorio y de la diligencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se advierte que en el presente asunto SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6°, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, FRACCIÓN I CONSTITUCIONAL, YA QUE EL JUICIO DE AMPARO DEBE SEGUIRSE A INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, los que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuanto el acto reclamado derive de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107, fracción I. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Lo anterior se afirma, atendiendo a las siguientes consideraciones: El dos de marzo de dos mil veintidós, se recibió en el local de este órgano jurisdiccional la demanda de amparo aparentemente firmada por Gustavo Bonilla Gallardo; así, mediante auto de tres de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos, 114, fracciones I y IV, con relación al 108, fracción III, así como al diverso 110, todos de la Ley de Amparo, se previno al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, señalara la denominación correcta de la autoridad ordenadora señalada como Jueces de Control que Integran el distrito judicial de la Región de la Cañada, Oaxaca. Mediante escrito presentado a nombre de Gustavo Bonilla Gallardo, presentado el nueve del mes y año en curso en la oficialía de partes de este juzgado, se pretendió desahogar la prevención formulada en autos; por lo que en acuerdo de diez de este mes y año, se requirió a dicha persona, compareciera mediante videollamada a ratificar la firma que calza dicho ocurso, lo anterior al existir discrepancia entre la firma del escrito inicial y del escrito de desahogo. El veintidós de marzo del actual, mediante diligencia realizada por videoconferencia a través de la plataforma "Webex" el quejoso plasmó y envío su firma y bajo protesta de decir verdad reconoció que la firma plasmada en dicha diligencia sí era su firma, sin realizar mayor pronunciamiento. En ese orden de ideas, resulta inconcuso señalar que la firma que calza la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, difieren notablemente entre sí, de la firma estampada por Gustavo Bonilla Gallardo en la diligencia de veintidós de marzo del actual, que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia, lo cual se puede percibir a simple vista sin necesidad de ser perito en la materia. De igual forma, se reitera que en la diligencia en comento Gustavo Bonilla Gallardo, ante la presencia de la secretaria judicial adscrita a este Juzgado, que se encuentra investida de fe pública, estampó su firma autógrafa en una hoja de papel y la mostró en la pantalla a la citada secretaria, quien cotejó que la firma estampada en la diligencia en comento y la enviada al correo electrónico institucional, así como a un número telefónico, era la firma plasmada por el quejoso en la diligencia y que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia. De ahí que sin necesidad de ser experto en la materia se aprecia que la firma de Gustavo Bonilla Gallardo difiere en todos y cada uno de sus trazos con las firmas plasmadas en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio presentados a su nombre, tal como se advierte a continuación: Firma plasmada en el escrito de demanda. Firma plasmada en el escrito aclaratorio. Firma plasmada en la diligencia de veintidós de marzo del actual por Gustavo Bonilla Gallardo. Sirve de apoyo en la parte que interesa por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 473, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 199645), de rubro y texto siguientes: "FIRMA, FALSEDAD DE LA. PUEDE JUSTIFICARSE MEDIANTE PRUEBA INDIRECTA. La prueba pericial constituye la más idónea para demostrar la falsedad de la suscripción de un documento, toda vez que consiste en el análisis técnico comparativo que directamente se hace sobre las firmas correspondientes, realizado por expertos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ley no prohíbe, sino que expresamente admite los medios de prueba indirectos, es decir, aquellos que aunque versan sobre un hecho diferente del que se trata de acreditar, permiten que el segundo sea deducido mediante una operación lógica o razonamiento del juzgador. Sobre el particular, el artículo 1205 del Código de Comercio reconoce las presunciones como medio de prueba, en tanto que el artículo 1306 del mismo ordenamiento establece que los Jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, el enlace natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, y la aplicación más o menos exacta que se pueda hacer de los principios consignados en los artículos 1283 a 1286, apreciarán en justicia el valor de las presunciones humanas. En consecuencia, nada impide que a través de un conjunto de presunciones o indicios aptos, basados en hechos comprobados, pueda llegarse a la conclusión de que es falsa la firma constante en un documento, aun cuando no haya sido rendida la prueba pericial". Aclarado lo anterior, se advierte que en el caso, la firma de la demanda de amparo, la cual fue presentada en la oficialía de partes de este juzgado el dos de marzo de dos mil veintidós, difiere notoriamente con la del escrito de desahogo de prevención recibido en el local de este órgano jurisdiccional el diez del presente mes y año; así como también con la plasmada en la diligencia de veintidós de marzo del año en curso, de la que se advierte que Gustavo Bonilla Gallardo una vez que tuvo conocimiento de la sanción prevista en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, para los falsos declarantes, bajo protesta de decir verdad precisó que la firma estampada y enviada para los efectos legales consiguientes sí es su firma. Bajo esa línea de ideas, resulta indispensable precisar que quien acude a un órgano jurisdiccional para accionar una demanda, como en el caso el juicio de amparo, debe suscribir los escritos que promueve, ya que sólo así se acredita su voluntad. Por ello, toda vez que la firma autógrafa del escrito inicial, difiere de la firma que Gustavo Bonilla Gallardo reconoció como suya en diligencia de veintidós de marzo del actual, se concluye que la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, no fueron suscritos por Gustavo Bonilla Gallardo, por lo que al no tener la certeza de que dicha persona fue quien suscribió tales documentos y por ende plasmó su voluntad de accionar el juicio de amparo, DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, ya que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° de la ley reglamentaria, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada y por tanto, el ocurso de demanda deber ser firmado por el interesado o su representante para que quede manifestada su voluntad de instar el juicio constitucional. ... De lo anterior, se tiene que existe facultad del suscrito para oficiosamente ordenar el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; sin embargo, se considera que en el caso, la discrepancia entre las firmas es notoria a simple vista, por lo que se concluye que el escrito de demanda y el aclaratorio, no fueron signados por Gustavo Bonilla Gallardo, puesto que las firmas que lo calzan difieren totalmente entre sí, motivo por el cual, se arriba a tal conclusión. Lo anterior es así, ya que de darle el trámite correspondiente, después de su comparecencia a través del método de videoconferencia y dado lo asentado en la diligencia, sería fomentar la práctica de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. ... Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se prioriza que el quejoso tenga conocimiento con antelación del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo aquí expuesto trascienda a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, o se vulnere el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, ni que en todo caso, deba emitirse un pronunciamiento sobre la Litis, Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. ... En términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin que lo anterior genere perjuicio a Gustavo Bonilla Gallardo ya que como se precisó en líneas que anteceden, no se tiene la certeza de que plasmó su voluntad para accionar el juicio de amparo, por lo que en su caso, quedan a salvo sus derechos para ejercer dicha acción por propio derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Se agrega diligencia de ratificación. Vista la diligencia de veintidós de marzo del actual, realizada en cumplimiento al requerimiento formulado al quejoso en auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se advierte que Gustavo Bonilla Gallardo, estampó su firma y una vez que se le hizo de conocimiento lo establecido por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad la reconoció como propia. Por lo que al efecto se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo aparentemente suscrita por Gustavo Bonilla Gallardo, así como el escrito de desahogo de la prevención formulada en auto inicial, con el número de promoción 3119 y la firma plasmada en la diligencia de cuenta, se advierte que el promovente del amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES - Jueces de Control que Integran el Distrito Judicial de la Región Cañada, Oaxaca (ordenadora). - Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a la Fiscalía Local del Municipio de Huautla de Jiménez, Oaxaca (ejecutora). - Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Fiscalía local de Huatla de Jiménez, Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS La solicitud de orden de aprehensión y/o detención por parte de la autoridad ministerial. La omisión de acordar la petición de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve de solicitud de abstención de la investigación, atribuida a la autoridad ministerial. La orden de aprehensión y/o detención librada por la autoridad señalada como ordenadora La ejecución de la orden de detención y/o aprehensión librada en su contra y su ejecución atribuida a los Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Luego, mediante escrito aclaratorio presentado a nombre del quejoso (registro 3119), se pretendió cumplir con la prevención formulada en auto inicial en el sentido de que la denominación correcta de la autoridad responsable ordenadora es "Juzgado de Control de Cuicatlán, Oaxaca". Sin embargo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharse de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del citado precepto legal, se advierte que el juez de distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia que cumpla con las características señaladas en el párrafo anterior, es aquél que está plenamente demostrado. Además, se debe tener la certeza y plena convicción de que la causal que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese entendido, del análisis integral del ocurso inicial, del aclaratorio y de la diligencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se advierte que en el presente asunto SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6°, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, FRACCIÓN I CONSTITUCIONAL, YA QUE EL JUICIO DE AMPARO DEBE SEGUIRSE A INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, los que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuanto el acto reclamado derive de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107, fracción I. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Lo anterior se afirma, atendiendo a las siguientes consideraciones: El dos de marzo de dos mil veintidós, se recibió en el local de este órgano jurisdiccional la demanda de amparo aparentemente firmada por Gustavo Bonilla Gallardo; así, mediante auto de tres de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos, 114, fracciones I y IV, con relación al 108, fracción III, así como al diverso 110, todos de la Ley de Amparo, se previno al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, señalara la denominación correcta de la autoridad ordenadora señalada como Jueces de Control que Integran el distrito judicial de la Región de la Cañada, Oaxaca. Mediante escrito presentado a nombre de Gustavo Bonilla Gallardo, presentado el nueve del mes y año en curso en la oficialía de partes de este juzgado, se pretendió desahogar la prevención formulada en autos; por lo que en acuerdo de diez de este mes y año, se requirió a dicha persona, compareciera mediante videollamada a ratificar la firma que calza dicho ocurso, lo anterior al existir discrepancia entre la firma del escrito inicial y del escrito de desahogo. El veintidós de marzo del actual, mediante diligencia realizada por videoconferencia a través de la plataforma "Webex" el quejoso plasmó y envío su firma y bajo protesta de decir verdad reconoció que la firma plasmada en dicha diligencia sí era su firma, sin realizar mayor pronunciamiento. En ese orden de ideas, resulta inconcuso señalar que la firma que calza la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, difieren notablemente entre sí, de la firma estampada por Gustavo Bonilla Gallardo en la diligencia de veintidós de marzo del actual, que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia, lo cual se puede percibir a simple vista sin necesidad de ser perito en la materia. De igual forma, se reitera que en la diligencia en comento Gustavo Bonilla Gallardo, ante la presencia de la secretaria judicial adscrita a este Juzgado, que se encuentra investida de fe pública, estampó su firma autógrafa en una hoja de papel y la mostró en la pantalla a la citada secretaria, quien cotejó que la firma estampada en la diligencia en comento y la enviada al correo electrónico institucional, así como a un número telefónico, era la firma plasmada por el quejoso en la diligencia y que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia. De ahí que sin necesidad de ser experto en la materia se aprecia que la firma de Gustavo Bonilla Gallardo difiere en todos y cada uno de sus trazos con las firmas plasmadas en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio presentados a su nombre, tal como se advierte a continuación: Firma plasmada en el escrito de demanda. Firma plasmada en el escrito aclaratorio. Firma plasmada en la diligencia de veintidós de marzo del actual por Gustavo Bonilla Gallardo. Sirve de apoyo en la parte que interesa por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 473, Tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 199645), de rubro y texto siguientes: "FIRMA, FALSEDAD DE LA. PUEDE JUSTIFICARSE MEDIANTE PRUEBA INDIRECTA. La prueba pericial constituye la más idónea para demostrar la falsedad de la suscripción de un documento, toda vez que consiste en el análisis técnico comparativo que directamente se hace sobre las firmas correspondientes, realizado por expertos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ley no prohíbe, sino que expresamente admite los medios de prueba indirectos, es decir, aquellos que aunque versan sobre un hecho diferente del que se trata de acreditar, permiten que el segundo sea deducido mediante una operación lógica o razonamiento del juzgador. Sobre el particular, el artículo 1205 del Código de Comercio reconoce las presunciones como medio de prueba, en tanto que el artículo 1306 del mismo ordenamiento establece que los Jueces, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, el enlace natural más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, y la aplicación más o menos exacta que se pueda hacer de los principios consignados en los artículos 1283 a 1286, apreciarán en justicia el valor de las presunciones humanas. En consecuencia, nada impide que a través de un conjunto de presunciones o indicios aptos, basados en hechos comprobados, pueda llegarse a la conclusión de que es falsa la firma constante en un documento, aun cuando no haya sido rendida la prueba pericial". Aclarado lo anterior, se advierte que en el caso, la firma de la demanda de amparo, la cual fue presentada en la oficialía de partes de este juzgado el dos de marzo de dos mil veintidós, difiere notoriamente con la del escrito de desahogo de prevención recibido en el local de este órgano jurisdiccional el diez del presente mes y año; así como también con la plasmada en la diligencia de veintidós de marzo del año en curso, de la que se advierte que Gustavo Bonilla Gallardo una vez que tuvo conocimiento de la sanción prevista en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, para los falsos declarantes, bajo protesta de decir verdad precisó que la firma estampada y enviada para los efectos legales consiguientes sí es su firma. Bajo esa línea de ideas, resulta indispensable precisar que quien acude a un órgano jurisdiccional para accionar una demanda, como en el caso el juicio de amparo, debe suscribir los escritos que promueve, ya que sólo así se acredita su voluntad. Por ello, toda vez que la firma autógrafa del escrito inicial, difiere de la firma que Gustavo Bonilla Gallardo reconoció como suya en diligencia de veintidós de marzo del actual, se concluye que la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, no fueron suscritos por Gustavo Bonilla Gallardo, por lo que al no tener la certeza de que dicha persona fue quien suscribió tales documentos y por ende plasmó su voluntad de accionar el juicio de amparo, DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, ya que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° de la ley reglamentaria, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada y por tanto, el ocurso de demanda deber ser firmado por el interesado o su representante para que quede manifestada su voluntad de instar el juicio constitucional. ... De lo anterior, se tiene que existe facultad del suscrito para oficiosamente ordenar el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; sin embargo, se considera que en el caso, la discrepancia entre las firmas es notoria a simple vista, por lo que se concluye que el escrito de demanda y el aclaratorio, no fueron signados por Gustavo Bonilla Gallardo, puesto que las firmas que lo calzan difieren totalmente entre sí, motivo por el cual, se arriba a tal conclusión. Lo anterior es así, ya que de darle el trámite correspondiente, después de su comparecencia a través del método de videoconferencia y dado lo asentado en la diligencia, sería fomentar la práctica de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. ... Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se prioriza que el quejoso tenga conocimiento con antelación del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo aquí expuesto trascienda a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, o se vulnere el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, ni que en todo caso, deba emitirse un pronunciamiento sobre la Litis, Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. ... En términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin que lo anterior genere perjuicio a Gustavo Bonilla Gallardo ya que como se precisó en líneas que anteceden, no se tiene la certeza de que plasmó su voluntad para accionar el juicio de amparo, por lo que en su caso, quedan a salvo sus derechos para ejercer dicha acción por propio derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. SE AGREGA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado a nombre del promovente Gustavo Bonilla Gallardo, con el cual pretende cumplir con la prevención formulada en auto inicial. REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE FIRMA. Sin embargo, en atención a que la firma que lo calza difiere notablemente de la estampada en la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, en diligencia formal -por el método de videoconferencia-, plasme su firma y muestre su credencial para que obre como corresponda. Se señala fecha y hora para diligencia Se señalan las once horas del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para la diligencia de mérito, de conformidad en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 20/2021 del mismo pleno, ante la contingencia por el virus del COVID-19, 28, fracciones I a la XI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo que implanta el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Haciendo uso de la plataforma o aplicación digital https://.webex.com/es/index/html, con el número de reunión 1877403348, por medio de computadora con acceso a videollamada y audio respectivos, teléfono, celular o tableta, en la fecha y hora programadas. La diligencia efectuada vía videoconferencia deberá ser videograbada, debiendo dejar un respaldo en la plataforma sharepoint o en alguna carpeta de fácil acceso para el personal de este órgano jurisdiccional, para que al momento en el que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así lo permita, sea vinculada al Expediente Único Nacional que corresponde a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. SE AGREGA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado a nombre del promovente Gustavo Bonilla Gallardo, con el cual pretende cumplir con la prevención formulada en auto inicial. REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE FIRMA. Sin embargo, en atención a que la firma que lo calza difiere notablemente de la estampada en la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 6° de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, en diligencia formal -por el método de videoconferencia-, plasme su firma y muestre su credencial para que obre como corresponda. Se señala fecha y hora para diligencia Se señalan las once horas del veintidós de marzo de dos mil veintidós, para la diligencia de mérito, de conformidad en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 20/2021 del mismo pleno, ante la contingencia por el virus del COVID-19, 28, fracciones I a la XI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo que implanta el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Haciendo uso de la plataforma o aplicación digital https://.webex.com/es/index/html, con el número de reunión 1877403348, por medio de computadora con acceso a videollamada y audio respectivos, teléfono, celular o tableta, en la fecha y hora programadas. La diligencia efectuada vía videoconferencia deberá ser videograbada, debiendo dejar un respaldo en la plataforma sharepoint o en alguna carpeta de fácil acceso para el personal de este órgano jurisdiccional, para que al momento en el que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así lo permita, sea vinculada al Expediente Único Nacional que corresponde a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano