Gustavo Batalla Calderón y Otros.
Expediente 293/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/03/2022
Partes del expediente
- Gustavo Batalla Calderón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta, por el que el Juez de Control del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, en alcance al diverso 301208P00/52/2022 de su índice de tres de los cursantes, informa que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación del delito de tortura, dió inicio a la carpeta de investigación ************por hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos en agravio del quejoso ***********, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 240/2021. En ese sentido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado por la oficiante y únicamente se agrega a los autos para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de que, mediante acuerdo de siete de marzo del año que transcurre se archivó el juicio en el que se actúa.
- Incidental
Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de marzo actual, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito a través del cual Enrique Javier Anaya, con carácter de quejoso, desahoga vista que le fue otorgada con el cumplimiento de la autoridad responsable, y realiza diversas manifestaciones. Ahora bien, en su escrito de mérito expresa; ".que si al dejar todas y cada una de las actuaciones del juicio natural, sentencia del 1 de octubre de dos mil veinte y las actuaciones subsecuentes tendentes a su actuación, expresa que se emita la resolución correspondiente motivada y fundada y determine si la sentencia se incurrió para tal acto en exceso o defecto, ya que al promover su recurso de revisión en el juicio natural, que promovió el tercero perjudicado existe una serie de irregularidades y anomalías dentro del procedimiento en el juicio natural por tal motivo debe emitir la resolución amparándolo o sobreseyendo por tales circunstancias." Sin embargo, el análisis de cumplimiento que ahora se analiza, se constriñe únicamente a verificar que la responsable haya actuado de conformidad con los efectos del amparo, y no a analizar si hubo anomalías o irregularidades en el juicio natural como lo refiere el promovente en el escrito de mérito. De ahí, que para analizar el cumplimiento de la ejecutoria en el presente asunto, es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "El ilegal emplazamiento al expediente 923/2019 del índice del Juez responsable, relativo al juicio ordinario civil de acción plenaria de posesión promovida por Roberto Javier Anaya, en contra del hoy quejoso". Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que no se concedió el amparo ni protección de la Justicia de la Unión al quejoso. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo al quejoso, el cual se remitió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno; tocando su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad; quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 304/2021, de su índice, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Enrique Javier Anaya, contra las autoridades y por el acto precisados en el resultando primero de esta resolución." De ahí que, de lo resuelto en la ejecutoria del tribunal, se concedió el amparo a Enrique Javier Anaya, para el efecto de que la autoridad responsable: "I. Dicte un proveído en la cual deje insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento; y, II. En el propio auto, ordene la reposición del procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." De ahí que este órgano jurisdicción requirió a la responsable para que diera cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal Colegiado. El tres de marzo actual, se tuvo por recibido el oficio por medio del cual el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento de fecha veinticuatro de febrero de este año, remitió copia certificada del auto de uno de marzo actual, dictado en el expediente número 923/2019 de su índice, del cual se advierte que: ".dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento en el expediente mencionado, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre acción Plenaria de Posesión, promovido por Roberto Javier Anaya, por propio derecho, en contra de Enrique Javier Anaya, así como todas las actuaciones subsecuentes del juicio natural, incluyendo la sentencia definitiva de uno de octubre de dos mil veinte y las actuaciones subsecuentes tendentes a su ejecución." De lo anterior se advierte que el la autoridad responsable, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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