Gustavo Balderas Olivares
Expediente 1094/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 07/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Balderas Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la juez Tercero Penal de Partido de esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del tomo de pruebas que le fue devuelto.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el presente se encuentra totalmente concluido; sin embargo, en este juzgado obra un tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable juez Tercero Penal de Partido de esta ciudad; por tanto, al resultar innecesaria su retención, mediante oficio devuélvase a dicha autoridad, solicitándose el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
A sus autos el oficio que remite la secretaria de acuerdos de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del comunicado con el que se le notificó el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en sentencia de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso *********, para el efecto de que el magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y el juez Tercero Penal de Partido en esta ciudad, realizaran lo siguiente: El Magistrado de la primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, realice lo siguiente: Dicte otra resolución en el recurso de apelación en la que ordene la reposición del procedimiento hasta el momento de la declaración preparatoria del inculpado/quejoso, requiriendo al juez de la causa desahogue nuevamente tal diligencia correspondiente, en la que se salvaguarde el derecho efectivo a una adecuada defensa en los términos que han sido expuestos en este fallo, bajo las directrices siguientes: De estar asistido el inculpado/quejoso por la defensa publica, hacerle saber la persona en la cual recaerá dicha asistencia, quien deberá acreditar encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado Se hagan del conocimiento del quejoso los hechos punibles que se le atribuyen, sin limitarse sólo a informarle de manera genérica el delito que se le imputa y la consumación de la conducta, sino precisando la secuela de los mismos, a efecto de establecer el momento en que se comenzó a desplegar la conducta que terminó en el hecho típico que se imputa al inculpado. Se le den a conocer todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida del hecho punible correspondiente. Se le haga saber el nombre de la víctima y de todas las personas que testifican en su contra. Se le enuncien las pruebas existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables, y como justificación de lo anterior, señaladas en el acta respectiva que para tal efecto se elabore, mediante el resumen sucinto de los elementos de convicción que básicamente militan en su contra, conforme lo dispone el artículo 145 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato. Hecho que fuere, dentro de la dilación de plazo constitucional, que se reanudará a partir de la diligencia de declaración preparatoria, con plenitud de jurisdicción, la autoridad de primer grado emita una nueva resolución respecto a los hechos consignados, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero debiendo fundar y motivar adecuadamente toda determinación a la que arribe. Cabe mencionar que la concesión de amparo trasciende a dejar sin efectos, además, el auto de formal prisión apelado, por las razones indicadas, pero no impide a la autoridad de primer grado emitir otro en donde cumpla con dichos extremos, siempre y cuando se sujete a los lineamientos de este fallo, dictando una nueva resolución, que podrá ser como se ha dicho, en el mismo sentido o diverso, pero respetando el derecho a una adecuada defensa en los términos que han sido expuestos, esto es, el amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable de instrucción deje insubsistente el acto que dio origen al de segundo grado, constitutivo del acto reclamado, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, lo que no se prejuzga, con lo cual quedará cumplida la sentencia de amparo. De ahí que en la primera de esas hipótesis las irregularidades formales pueden purgarse sin restituir en su libertad al quejoso y sin demérito de las actuaciones posteriores, porque no estando afectado el fondo del auto de formal prisión, debe producir todos los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho (f. 168 y 169), se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, requiriendo su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, la sala responsable, mediante su oficio número 347/2018 (f. 173), al que adjunto la resolución de veinticinco de abril del presente año, en el que dejó insubsistente la resolución reclamada, el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, procedió a dictar otra, después de precisar la legislación y jurisprudencia aplicable al caso concreto, valoró la declaración preparatoria en la que quedó evidenciada el incumplimiento al derecho de la adecuada defensa al señalar haber sido asistido de una persona que no se identifica en la diligencia, ni exhibe la cedula profesional que justifique sus conocimientos técnicos en la rama del derecho, y menos que pueda afirmarse que cuenta con los conocimientos especializados exigidos por el régimen constitucional y local, así como la falta de información en que incurrió el juez de primera instancia porque se estiman imprecisos e incompletos los datos hechos del conocimiento del inculpado respecto de los elementos de convicción que militan en su contra, asimismo, acotó el juez no se ajusto eficientemente a los postulados desarrollados, en tanto que omitió leer y hacer del conocimiento pleno del inculpado, el contenido del testimonio de quienes directamente deponen en su contra y los hechos constitutivos de delito, con base en lo cual, se sustenta fundamentalmente el ejercicio de la acción penal; y por ende, el auto de formal prisión apelado. Por lo que determinó dejar sin efecto tanto el auto de formal prisión como la diligencia de declaración preparatoria, ambos de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, ordenándose la reposición del procedimiento de primera instancia hasta el momento de la declaración preparatoria del inculpado, para requerir al juzgador que desahogue nuevamente tal diligencia, en la que salvaguarde el derecho efectivo a una adecuada defensa en los términos que han sido expuestos: A. Estar asistido el inculpado por la defensa publica, hacerle saber la persona en la cual recaerá dicha asistencia, quien deberá acreditar encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. B. Se haga del conocimiento del inculpado los hechos punibles que se le atribuyen, sin limitarse sólo a informarle de manera genérica el delito que se le imputa y la consumación de la conducta, sino precisando la secuela de los mismos, a efecto de establecer el momento en que se comenzó a desplegar la conducta que terminó en el hecho típico que se imputa al inculpado. C. Se le den a conocer todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida del hecho punible correspondiente. D. Se le haga saber el nombre de la víctima y de todas las personas que testifican en su contra. E. Se le enuncien las pruebas existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables, y como justificación de lo anterior, señaladas en el acta respectiva que para tal efecto se elabore, mediante el resumen sucinto de los elementos de convicción que básicamente militan en su contra, conforme lo dispone el artículo 145 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato. Hecho que fuere, dentro de la dilación de plazo constitucional, que se reanudará a partir de la diligencia de declaración preparatoria, con plenitud de jurisdicción, la autoridad de primer grado emita una nueva resolución respecto a los hechos consignados, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero debiendo fundar y motivar adecuadamente toda determinación a la que arribe. Por su parte, el juez responsable mediante su oficio 794 (f. 200), adjunto el auto de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, por el que tuvo por recibida la resolución de la sala y señaló fecha y hora para la recibir la declaración preparatoria del inculpado, haciéndole saber los derechos que le otorga el artículo 20 Constitucional apartado B, así como el delito que se le imputa, negándosele el beneficio de la libertad provisional, notificándole el mismo día del dictado del auto (f 227 vta. a 235). Requiriéndole para que designara defensor quien así lo hizo y nombro como tal a ********, a quien por auto de esa fecha se le tuvo con tal y se le requirió para que aceptara y protestara el cargo, mismo que por auto de esa misma data, aceptó y protestó el cargo exhibiendo cedula profesional y señaló domicilio para recibir notificaciones. En fecha cinco de mayo del presente año a las diez horas, se tomó la declaración preparatoria del inculpado, en la que estaba presente su defensor, con lo que se cumple con la adecuada defensa del inculpado, se le hicieron saber sus derechos, asimismo, se le hizo saber que tiene derecho a declarar o no, según lo determine, se le dio lectura a todas las constancias que integran la averiguación previa, en las que se le hizo de su conocimiento el tiempo, modo y lugar de los hechos delictuosos, así como en específico las personas que declararon, inspecciones, dictámenes, peritajes e informes, se le hizo saber que el agente del Ministerio Público ejercita acción penal en su contra por el delito de Violación espuria, en agravio de la menor de iniciales ********* previsto y sancionado por el artículo 181 del Código penal vigente en la época de los hechos, ya que se cuenta con la imputación directa realizada por la ofendida, solicitándose por parte del defensor la duplicidad del término, con el que estuvo de acuerdo el inculpado, señalándose fecha y hora para el desahogo de testimoniales ofrecidos de su parte, llevándose a cabo la ampliación de la declaración de los testigos **********. Se procedió al dictado del auto de término constitucional el nueve de mayo de dos mil dieciocho, el que determinó dictar auto de formal prisión en contra del inculpado. Constancias a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. De lo que se infiere que las autoridades responsables cumplieron cabalmente con las directrices que se les marcaron en el fallo protector al velar por los derechos humanos que fueron vulnerados a la promoción del amparo, pues se dejó insubsistente la resolución de la sala, revocó su determinación y ordenó reponer el procedimiento hasta la declaración preparatoria del inculpado a efecto de restablecer los derechos violados al momento de su dictado, estos es, la adecuada defensa, saber los derechos y prerrogativas que le otorga la constitución, así como los hechos, declaración y pruebas que se tomaron en cuenta para que el agente del Ministerio Público ejercitara acción penal en su contra, con el delito que se le imputa, en atención las directrices marcadas en los incisos de a) hasta f), en fallo protector dictado en el presente juicio, para que a su vez se dictara el auto de formal prisión. Luego, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto. En consecuencia, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, IV del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de esta fecha en que de ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectiva.
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