Gustavo Balcázar Casillas

Expediente 1846/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1846/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Balcázar Casillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que esa sentencia CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar tanto provisional como definitiva se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a la parte quejosa como a la parte tercera interesada mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, respecto al cumplimiento del fallo protector dado por la Directora Jurídica y de Amparos del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, aun cuando se les apercibió que se resolvería en relación a ello conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, para los efectos siguientes: "que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Pronuncie una nueva resolución, en la que deje intocadas las cuestiones que no son materia de la concesión, y siguiendo las consideraciones de este fallo, analice la planilla de liquidación planteada y su actualización sin rebasar la litis concediendo más de lo pedido por la incidentista, ni las bases establecidas en el laudo definitivo, resolviendo conforme a derecho proceda, fundando y motivando debidamente su fallo." En cumplimiento a ello, la Directora Jurídica y de Amparos del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante oficio recibido en este juzgado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de agosto del dos mil veintidós, dictada conforme a los lineamientos precisados en la sentencia pronunciada en autos; restituyendo con ello a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos violados; consecuentemente, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa y la parte tercera interesada por auto veintidós de agosto de dos mil veintidós y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo aplicable, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, dado que se concedió el presente juicio de amparo. Asimismo, en atención al citado acuerdo general, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración una vez que transcurran más de tres años, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo. Por último, por resultar innecesarias las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic (actualmente Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit), acompañó en dos tomos a los autos del presente juicio de amparo y a su acumulado 667/2021; en tal virtud, devuélvase a dicha autoridad esas documentales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para los efectos legales procedentes el escrito de cuenta, signado por JUAN FRANCISCO GARCÍA MENCHACA y ALEJANDRO MECHACA GARCÍA, en su carácter de apoderados legales de la persona moral quejosa denominada "CORPORACIÓN INMOBILIARIA CASTILLA" S.A. DE C.V., en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista que se le dio mediante proveído de diez de noviembre del año en curso, esto es, téngaseles manifestando que la denominación correcta de la autoridad responsable que señalaron como Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, es Instituto Municipal de Planeación para Bahía de Banderas, con sede en Bahía de Banderas; sin que haya necesidad de reexpedir dicho oficio, toda vez que esa autoridad fue señalada como responsable desde el escrito inicial de demanda; a más que, el diez de noviembre del año en curso se reexpidió el citado oficio a la autoridad de referencia. Por otra parte, en atención a lo diverso peticionado, en el sentido de que se requiera a la totalidad de áreas que conforman el Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a efecto de poder conocer la denominación correcta de las autoridades responsables y se les tenga como responsables, en virtud de que en su concepto, no es obligación de la parte quejosa conocer su denominación y domicilio; sin embargo, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues contrario a lo que sostiene el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; de ahí que el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe; motivo por el cual, subsiste el apercibimiento decretado por auto de diez de noviembre del año actual. Sobre el particular resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos cuarenta, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Catalina Gamboa Suárez, contra los actos y autoridades precisados en los resultandos primero y segundo, y considerando segundo de esta resolución. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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