Gustavo Antonio Valencia Mendoza

Expediente 933/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
933/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Antonio Valencia Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ++++++++++++++++++++++++, por virtud del cual realiza diversas manifestaciones en desahogo de la prevención ordenada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, se tiene por desahogada dicha prevención y se deja sin efectos el apercibimiento relativo; por lo que al efecto se provee: Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito de desahogo se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de siete de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca 358/2022, por la Primera Sala Regional Familiar de Texcoco, Estado de México, en la que se confirma la interlocutoria de veinte de mayo del año en curso, dictada por el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, en el expediente 1067/2021, donde se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en dicho procedimiento de origen. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, y este a su vez relacionado con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario a sensu, que establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "107. El amparo indirecto procede: --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Lo anterior, en virtud que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Luego, con base en los elementos referidos, este juzgador advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente, conforme a la causa advertida. Esto es así, ya que el acto reclamado consistente en la resolución de siete de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca 358/2022, por la Primera Sala Regional Familiar de Texcoco, Estado de México, no reúne el requisito de procedibilidad a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario a sensu. En efecto, la afectación que produce el acto reclamado no es de carácter material, sino formal, y no incide en ningún derecho sustantivo, sino en todo caso en derechos adjetivos, puesto que únicamente se confirma la interlocutoria de veinte de mayo del año en curso, dictada por el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, en el expediente 1067/2021, donde se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en dicho procedimiento de origen; aunado a que en el juicio de origen aún no se dicta la sentencia definitiva, conforme a las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en el escrito aclaratorio. De tal manera que la violación que pudiera generar el acto reclamado si bien es intraprocesal, no es de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, pues no incide en ningún derecho sustantivo, sino que su afectación es formal y meramente procesal, y en caso de trascender al resultado del fallo, es susceptible de ser combatida al impugnarse la resolución con la que concluya el respectivo juicio que se tramita ante la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. De modo que el acto reclamado, aun cuando sea intraprocesal, no tiene una ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo, e incluso las violaciones procesales que se pudiera generar son de carácter formal y vinculadas con cuestiones procesales, susceptibles de ser reparadas en la medida en que trasciendan al resultado de la resolución con la culmine el juicio de que se trata. Al caso es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con número de registro 247051. "NULIDAD DE ACTUACIONES, AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS INCIDENTES DE. El artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; el artículo 114, fracción IV, del mismo ordenamiento, consigna que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosa una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, tratándose de actos reclamados que se refieren a resoluciones que resuelven incidentes de nulidad planteados en juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, deben distinguirse dos situaciones: a) Que la resolución interlocutoria declare improcedente el incidente de nulidad y, por tanto, subsistentes las actuaciones o notificaciones atacadas de nulas; b) Que la interlocutoria determine que es fundado tal incidente y declare la nulidad de las actuaciones impugnadas. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que la interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad sólo constituye violación a la ley del procedimiento atacable en amparo directo, cuando tiene carácter declarativo, esto es, en la primera de las hipótesis citadas, cuando se niega la nulidad de las actuaciones impugnadas, pero cuando la autoridad responsable declara procedente el incidente de nulidad sometido a su decisión y nulas las actuaciones que se reclamaron, como acontece en la segunda hipótesis de referencia, debe estimarse que tal resolución es de imposible reparación, precisamente porque de las actuaciones que se hubieran declarado nulas ya no debe ocuparse la sentencia o laudo; por ende, como lo prevé el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, tal acto debe reclamarse en amparo indirecto ante el Juez de Distrito que corresponda.". En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, por actualizarse en el caso la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de Ley de Amparo. Finalmente, considerando las condiciones que aun imperan con motivo de la pandemia de conocimiento público, y dado que el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado por la parte quejosa está fuera de la residencia, lo que dificulta la inmediatez con la que deben realizarse las diligencias de comunicación procesal, en aras de privilegiar la pronta impartición de justicia, por única ocasión se comisiona al actuario Judicial de la adscripción para que publique íntegramente el presente acuerdo en la lista electrónica respectiva, con el objeto que aquélla pueda imponerse con efectos de notificación personal de esta determinación, en términos del artículo cuarto, fracción II, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ++++++++++++++++++++++++++++++++, contra actos del Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México, y otras autoridades. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 933/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Prevención Una vez analizado el escrito inicial de demanda y las constancias que integran el presente sumario constitucional, este órgano jurisdiccional concluye que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, debe prevenirse al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: 1. Precisar los actos que pretende reclamar en esta instancia constitucional, toda vez que el señalamiento que realiza en el apartado correspondiente resulta confuso, pues si bien hace referencia al indebido emplazamiento al procedimiento de origen que menciona; lo cierto es que del capítulo de antecedentes se aprecia que hizo valer incidente de nulidad de notificaciones ante las deficiencias del referido emplazamiento, así como el correspondiente recurso de apelación en contra de la resolución emitida en el incidente aludido. En ese sentido, al atender el presente punto de prevención deberá indicar con exactitud si el acto que pretende combatir en el presente juicio de amparo es el indebido emplazamiento al expediente 1067/2021 del índice del juzgado responsable, o bien, la resolución emitida en el recurso de apelación que interpuso contra la interlocutoria que resolvió en el incidente de nulidad de notificación que planteó en el juicio natural. Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página ochocientos setenta y uno, que reza: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la oscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". 2. Abundar bajo protesta de decir verdad en los antecedentes de los actos reclamados, pues no aporta elemento que permita establecer el lugar en dónde tuvo verificativo el emplazamiento que tilda de inconstitucional, así como la fecha en que adquirió conocimiento de la resolución emitida en el recurso de apelación que interpuso contra la interlocutoria que resolvió en el incidente de nulidad de notificación que planteó en el juicio natural. De igual manera, no expone el estado procesal que guarda actualmente el procedimiento de origen, si ya se dictó sentencia definitiva y el sentido en ello ocurrió, así como si en su contra hizo valer algún medio ordinario de defensa y si ya se resolvió. Consecuentemente, se considera necesario realice una narración precisa, cronológica y exacta de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que resultan relevantes para conocer la verdad legal respecto a lo solicitado, pues dados los términos en que se encuentra redactada la demanda, no se cuenta con mayores elementos para proveer respecto de su admisión. Aunado a que tal información resulta necesaria a fin de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto o actos que se reclaman, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente. Máxime que es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "... Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación ...". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el (la) justiciable, no así sus autorizados, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.". Infórmese a la parte promovente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia, de cuyo contenido se aprecia lo siguiente: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". 3. Presentar cinco copias del escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes de la manera siguiente: tres copias para las autoridades responsables, una copia para el represente social de la adscripción y una copia para la tercero interesada. 4. Aportar dos copias del escrito de desahogo para dar trámite al incidente de suspensión que solicita. Apercibido que de incumplir con lo indicado en los numerales 1 a 3, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; y de observar lo anterior, pero no atender lo solicitado en el numeral 4, se postergará la apertura del correspondiente incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 114, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Amparo.

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