Gustavo Álvarez Torres

Expediente 3498/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3498/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Gustavo Álvarez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    PARTE QUEJOSA AMPLIA DEMANDA... DESE VISTA A LAS PARTES...

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, toda vez que José Refugio Oliden Tornero, perito oficial designado por este órgano jurisdiccional, ratificó ante la presencia judicial la opinión técnica que le fue encomendada, tal y como se desprende del acta de cuenta; en consecuencia, con el aludido dictamen, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo, que certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/LMPS/Sonia

  3. Principal

    RAZÓN DE CITATORIO INCIDENTE: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA EL CONTENIDO DEL ACUERDO PRONUNCADO EL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA PARTE QUEJOSA Y SE PUBLICA POR LISTA DE ACUERDOS, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE:... Visto lo de cuenta, se provee: como está ordenado en el juicio principal del cual deriva este cuaderno, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y en cuerda separada, el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 2507/2018, promovido por Luis Eduardo Fernández Cuan, apoderado general de Servicios Administrativos Wal-Mart, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por así acreditarlo con la copia certificada de la escritura pública número ciento setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos, pasada ante la fe del Notario Público número treinta y uno, de la Ciudad de México, contra actos que reclama de la(s) autoridad(es) que denominó: 1) Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles para ese efecto copia simple de la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo podrán ser objeto de multa, de conformidad al artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. En el entendido de que las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se señalan para que tenga verificativo la audiencia incidental las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado a:  Carlos Alberto Ambriz Torres, quien puede ser notificado en la Avenida Hidalgo número 118, interior 24, en la Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco. En esas condiciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado de Distrito, para que lleve a cabo la notificación del tercero interesado en el domicilio ante mencionado, entregándole copia simple del presente acuerdo y haciendo de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental. Se concede al mencionado funcionario, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a la localización del domicilio de dicho tercero, en caso de que el señalado no sea correcto. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuál es el acto reclamado cuya suspensión solicita. Del análisis acucioso de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama medularmente de las autoridades señaladas como responsables: a) La falta de emplazamiento al juicio laboral 197/2018/3-B y todo lo actuado en el mismo. b) Las consecuencias jurídicas derivadas del acto sintetizado en el inciso a), que se traducen en la ejecución del laudo. La suspensión dentro del juicio de amparo tiene por objeto impedir la ejecución de los actos de autoridad que motivaron su interposición, es decir, evitar lo que aún no acontece, por ello sólo puede obrar hacia el futuro y nunca sobre el pasado; además, la medida cautelar en comento también garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no pueden abordarse cuestiones atinentes al fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Precisados los actos reclamados, este órgano de control constitucional considera negar a la parte quejosa, la suspensión provisional, en relación con los actos reclamados, en razón de que a estos les reviste el carácter de consumados, contra los cuales resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, pues de hacerlo se daría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que, en su caso, se dicte en el juicio de amparo de donde deviene este incidente de suspensión, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene sustento jurídico a lo anterior, la jurisprudencia número IV, 3º. J/21, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Cuando del informe previo rendido por la autoridad responsable se deriva que el representante legal del quejoso entregó voluntariamente el vehículo del que dice fue desposeído, por elementos del departamento de investigaciones de tránsito, quien a su vez lo remitió ante la responsable, con ello se trata de actos consumados, y en esas condiciones es correcto que el juez de distrito estimara que el acto de desposesión que reclama el quejoso con la entrega voluntaria del vehículo, quedó consumado, actos contra los cuales es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a dar efectos restitutorios, los cuales son únicos de la sentencia que en el juicio de amparo se pronuncie." De igual manera, se niega la suspensión por cuanto a los primeros seis meses de la cantidad a que fue condenada, por concepto de la subsistencia del trabajador, haciendo la aclaración que este juzgado de Distrito no está en condiciones de fijar de manera líquida dicha cantidad, toda vez que no cuenta con datos suficientes para determinarla con exactitud, por lo que la junta responsable deberá determinar dicha cantidad en base a las constancias que obran en el juicio laboral del que deviene el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque si bien es cierto la parte demandada en el juicio natural (aquí quejosa) reclama la falta de audiencia porque no fue emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente reclama todo el procedimiento, incluyendo el laudo y su ejecución, también lo es, que el tercero interesado es la parte actora trabajadora del juicio de origen. Ello es así porque, el artículo 152 de la ley de la materia, establece que cuando la parte que obtuvo sentencia favorable es la obrera y como los laudos son ejecutables de inmediato; en consecuencia, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir. Asimismo, se establece que son seis meses el plazo probable para que se resuelva el juicio de amparo, tomando en consideración tanto la complejidad de su procedimiento como su naturaleza biinstancial y, por ende, no es posible fijar un importe menor al ya establecido. Sin que ello contravenga la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CALCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTICULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES", al contrario se observa cabalmente, pues su espíritu es el de imponer una garantía aunado a que no señala que el término para la resolución de un juicio de garantías deba ser menor a seis meses. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia III.1º.C. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de epígrafe siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA GARANTÍA DEBE CONSIDERARSE EL TÉRMINO DE SEIS MESES COMO EL TIEMPO PROBABLE PARA LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO." Cobra aplicación la tesis XVII.2º.53 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN DEL LAUDO. DEBE NEGARSE HASTA POR EL IMPORTE QUE GARANTICE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR Y CONCEDERSE POR EL RESTO DE LA CONDENA." De igual forma, encuentra apoyo en la jurisprudencia 1053, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA". Se precisa que el presente asunto no es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 37/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para negar la medida cautelar por el concepto de subsistencia del trabajador actor en el juicio de origen, aquí tercero interesado, en virtud de que el quejoso aduce tener el carácter de tercero extraño por equiparación, -no verdadero tercero extraño, persona física o moral distinta de los sujetos que intervinieron en un juicio- al no haber sido llamado legalmente a dicha contienda, de ahí que en términos del citado criterio jurisprudencial, no sea factible aplicarla para no negar la suspensión por el mencionado concepto de subsistencia a que refiere el artículo 152 de la Ley Federal del Trabajo. Cierto, de dicha ejecutoria se obtiene textualmente lo siguiente: "El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, en estricto sentido, un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos que intervinieron en un juicio, pues no figuró en el procedimiento como parte, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, dicho concepto ha sido definido en el criterio siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.-Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto; asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." [Novena Época, Registro: 196932, Pleno, Tesis: Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, Materia común, Tesis: P./J. 7/98, Página: 56] Consecuentemente, cuando la protección de la Justicia Federal es solicitada por un tercero extraño al juicio de origen, esto es, por alguien diverso al patrón demandado, no aplica la hipótesis contenida en artículo 152 de la Ley de Amparo, ni por analogía, ni por identidad de razones, porque como lo ha sustentado el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esos casos, se trata de aquella persona que no formó parte en el procedimiento laboral, y que sufre un perjuicio con el laudo que se pretenda ejecutar, que desconoce el juicio y sus consecuencias legales, por lo cual, no es posible obligarlo a garantizar la subsistencia del trabajador, dada la posible violación de sus derechos de audiencia y de acceso efectivo a la justicia. Máxime que la cantidad que otorgará para garantizar la subsistencia del trabajador, generalmente, es entregada de inmediato al trabajador, de modo que si el tercero extraño, en caso de que entregara dicha subsistencia, éste difícilmente podría recuperar esa suma, ya que de manera ordinaria los trabajadores carecen de los recursos para devolver o pagar lo que se les entregó para su subsistencia. Aunado a que la finalidad de esa garantía consiste en proteger al empleado que se ha quedado sin la fuente de los ingresos que antes del rompimiento de la relación laboral le eran cubiertos por su patrón. Aunado a que los terceros extraños cuando solicitan la protección federal, en contra de la ejecución de un laudo, en sus bienes patrimoniales, a lo que sí están obligados es a presentar una garantía que debe cubrir por los posibles daños y perjuicios que causaran al tercero, si al resolverse el amparo se les dicta una sentencia adversa, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, garantía que se deposita y queda bajo resguardo del Juez de Distrito, quien en el momento procesal oportuno la entregará ya al depositante, si no se causaron los daños y perjuicios garantizados, o al tercero interesado, cuando si se hubieran causado, en este contexto, cualquier persona, esto es, patrón o tercero extraño, tiene la obligación de garantizar el pago de daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado por la suspensión de la ejecución del acto reclamado. Por ende, la tutela que otorgó el legislador a los trabajadores en materia de suspensión de laudos que les son favorables, no se extiende a los terceros extraños al juicio de amparo. Consecuentemente, es dable sostener que si en un juicio de amparo indirecto, un tercero extraño señala como acto reclamado la ejecución de un laudo, y solicita la suspensión del mismo, no procede negarla en lo necesario para garantizar la subsistencia del trabajador, pues tal hecho constituye una excepción a la obligación contenida en el artículo 152 de la Ley de Amparo, por la simple razón de que se trata de aquella persona que no formó parte en el procedimiento, esto es, desconoce el juicio y sus consecuencias legales, por lo cual, no es posible obligarlo a garantizar la subsistencia del trabajador, siendo que no ha tenido oportunidad de audiencia y de acceso efectivo a la justicia". El argumento antes citado dio nacimiento a la jurisprudencia 2a./J. 37/2018 (10a.), misma que fue publicada el viernes veintisiete de abril de dos mil dieciocho, a las 10:31 h, en el Semanario Judicial de la Federación, relativo a la Décima Época, Registro 2016697, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE AL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO LABORAL, SINO EN SU CASO, LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 152 de la Ley de Amparo establece que tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga en peligro la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, de modo que sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar su sostenimiento. Ahora bien, si quien solicita la suspensión de la ejecución del laudo se ostenta como tercero extraño al juicio laboral, esa calidad constituye una excepción a la obligación de garantizar la subsistencia en los términos indicados, porque si lo que demanda es precisamente que se afectaron sus bienes o derechos sin haber sido oído y vencido en la contienda laboral, sería contrario a la naturaleza del fin que persigue el quejoso que se le impusiera un deber que sólo corresponde a quienes sí fueron condenados, máxime que la cantidad otorgada para garantizar la subsistencia del trabajador ya no es recuperable. No obstante lo anterior, en estos casos, para obtener la suspensión de la ejecución del laudo, quien se ostenta en el juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio, debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo". De ahí, que se afirme negar la suspensión por los primeros seis meses por subsistencia del trabajador, ya que el ahora quejoso es tercero extraño por equiparación, ya que si es parte procesal y fue condenado dentro del juicio laboral. En otro orden de ideas, en relación al inciso b), procede a resolver lo siguiente: debe señalarse que la suspensión es una providencia de carácter meramente instrumental cuyo objetivo es el de paralizar el acto emanado de alguna autoridad, con la finalidad precisamente de conservar la materia del juicio de amparo y, en su caso, para que a la parte quejosa no se le cause perjuicio alguno que sea de difícil reparación. Su contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional. En razón a lo expuesto con antelación, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, debe precisarse que se satisfacen los requisitos que establecen de los preceptos legales invocados, esto es, que la solicitó la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tienen que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, ya que se reprocha el procedimiento seguido en el juicio laboral de origen, desde el emplazamiento al ahora quejosa, hasta el laudo y su ejecución; en caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa porque se le privaría de bienes que difícilmente recuperaría. Además, la parte quejosa demostró indiciariamente el interés suspensional que tiene para que se le conceda la medida de que se trata, con la declaración que realiza de "bajo protesta de decir verdad", en el sentido de que no fue llamada al juicio de origen. Resulta aplicable a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito , cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL, LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LOS ANTECEDENTES DE SU DEMANDA DE AMPARO DEBE TOMARSE EN CONSIDERACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LA. Es frecuente que en el momento de decidir sobre la suspensión provisional, el juez de Distrito no cuente con pruebas para proveer sobre tal medida, siendo lógico e inevitable que ante el peligro de inminente ejecución del acto reclamado, tenga que otorgar credibilidad a lo afirmado bajo protesta de decir verdad por el quejoso en el capítulo de antecedentes de la demanda de garantías siempre que se trate de hechos razonables y verosímiles; ya que el juzgador, en ese momento procesal, no dispone de mayores elementos de convicción que desvirtúen lo manifestado por el promovente en cuanto a la existencia del acto reclamado, su naturaleza y los perjuicios que se le pueden ocasionar con su ejecución. Es por lo anterior que apoyándose en tales datos y con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo el juez debe conceder la suspensión provisional, independientemente de que durante el trámite del incidente suspensivo se aporten pruebas, sean valoradas de conformidad con las disposiciones aplicables y se pueda conceder o negar la medida suspensional en forma definitiva.". Lo anterior, tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Lo que resulta suficiente para tener por demostrado indiciariamente su interés jurídico, para fines del otorgamiento de la suspensión provisional. En ese tenor, SE CONCEDE a la parte quejosa, la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que corresponde al resto de la cantidad laudada, esto es, para el efecto de que no se lleve a cabo la ejecución del laudo, dictado en el juicio laboral 197/2018/3-B; hasta en tanto, se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión. De igual manera, es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados se hubiesen consumado ya, si los mismos obedecen a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, en consecuencia, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta dentro del término de cinco días de conformidad con el artículo 133 de la Ley de Amparo, garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ser ocasionados al tercero interesado, con motivo de la concesión de la suspensión, al no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. Dicha garantía se fija de manera discrecional con fundamento en el artículo 133, en relación con el diverso 136 de la Ley de Amparo, la que deberá de presentarla en cualquiera de las formas previstas por la ley, en el entendido que si opta por la exhibición de póliza de fianza o billete de depósito, en el documento relativo debe asentarse que la compañía que lo expide se somete expresamente a la jurisdicción de este tribunal; además, de que deberá fijarse que es para garantizar la suspensión provisional. Se hace del conocimiento de las partes que, el hecho de que se fije el monto de la garantía que debe otorgarse por la concesión de la medida, no implica que desde ese momento esté aceptando la verdadera existencia de los daños y perjuicios a la parte tercero perjudicada, ni tampoco el parámetro considerado por el juzgador federal para fijar su importe, constituye el método obligatorio que ha de considerarse en un incidente de daños y perjuicios para su cuantificación, pues dado que su determinación es hipotética, en todo caso corresponde al tercero interesado no sólo la plena demostración de que éstos se causaron, sino también su importe. Más aun, la caución tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de la tercera interesada como consecuencia de la validez del acto reclamado, ya que únicamente se dirige a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión de éste, es decir, los perjuicios que pudieran causarse a la tercera interesada por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Ténganse como pruebas de la parte quejosa la presuncional en su doble aspecto (legal y humana), la instrumental de actuaciones, y las documentales que allega a su demanda de amparo consistentes en: ? Copia certificada de la escritura pública número ciento setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos, pasada ante la fe del Notario Público número treinta y uno, de la Ciudad de México. ? Copia simple de la cedula profesional 9358557 a nombre de Luis Eduardo Fernández Cuan, expedida por la Secretaría de Educación Pública. ? Copia simple de una impresión del aviso de actualización o modificación de situación fiscal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los datos de la parte quejosa. ? Copia simple de una impresión del acuse de actualización al registro federal de contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los datos de la parte quejosa. ? Copia simple de la cédula de identificación fiscal con clave de registro federal de contribuyente WMM8606236S2, a nombre de la quejosa, con folio número A1104509. ? Copia simple de la cédula de identificación fiscal con clave de registro federal de contribuyente ACC8608159Y1, a nombre de Arrendadora de Centros Comerciales, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, con folio número F1141277. Medios de convicción que se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental; con las que se ordena dar vista a las partes en términos de lo dispuesto por el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2; quedando los autos a su disposición en la secretaría de este juzgado de distrito para que se impongan de su contenido. Se le tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. Se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, previa petición verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, escáner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberá registrarse en el sitio: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/jucioenlinea/juicioenlinea. Hecho lo anterior, deberá presentar vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el acuse de recibo de la inscripción de la solicitud de consulta y una vez que se acuerde favorablemente, estará listo para consultarlo en el portal de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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