Gustavo Allen Ursúa Calvario

Expediente 996/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
996/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Gustavo Allen Ursúa Calvario

Actuaciones

  1. Principal

    La parte quejosa no impugnó la resolución dictada en autos, tampoco existió reporte de falla técnica en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para la recepción de promociones electrónicas...se declara que esa resolución causó estado. Archívese el presente juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por lista al promovente la determinación de siete de agosto del año en curso, que en lo conducente dice: Del análisis integral de la demanda se advierte que el promovente ******** se ostenta con el carácter de abogado patrono de la parte actora en el juicio civil *********, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Villa de Álvarez, Colima, a quien reclama la omisión de acordar los escritos presentados el veintiocho de junio y catorce de julio de dos mil veintitrés. Este juzgado advierte que se materializa el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 6 de la ley, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo es promovido por Gustavo Allen Ursúa Calvario, quien se ostenta con el carácter de abogado patrono de la parte actora en el juicio civil **********, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Villa de Álvarez, Colima, a quien reclama la omisión de acordar los escritos presentados el veintiocho de junio y catorce de julio de dos mil veintitrés. En ese sentido, es dable concluir que las omisiones reclamadas no afectan directa, real, objetiva y jurídicamente sus derechos fundamentales, puesto que con las mismas no se le genera un perjuicio real y actual, pues no resiente una afectación de manera directa, al no ser el titular de los derechos cuestionados en el juicio de origen; en su caso, sería la parte actora quien pudiera resentir una afectación en su esfera jurídica, pero no es ella quien comparece al presente juicio. Máxime que, del estudio de la legislación civil local del Estado de Colima aplicable al presente asunto, se advierte que no se reconoce la existencia de la figura del abogado patrono y, por ende, tampoco prevé las facultades que les son conferidas. de las documentales exhibidas con la demanda de amparo se advierte que el promovente presentó -ante la autoridad responsable- los escritos cuya omisión de acordar reclama en este juicio de amparo con el carácter de abogado patrono; por ende, al no existir esa figura en la legislación local, se entiende que el carácter jurídico con el que lo efectuó es de autorizado en términos del artículo 112 Bis referido. Empero, las facultades conferidas a los autorizados no llegan al extremo de poder instar la vía constitucional, pues su participación únicamente concierne en las actuaciones inmersas en el juicio natural, es decir, la designación realizada a su favor es únicamente para fungir en la instancia común. De tal manera que, el autorizado en términos del citado numeral no puede equipararse a un representante legal, pues este carácter únicamente se puede adquirir mediante una designación específica, es decir, un poder exprofeso; si bien el citado precepto señala que el autorizado puede intervenir en el procedimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, dicha disposición debe entenderse destinada a la primera y segunda instancia del juicio natural. Bajo esa línea de pensamiento, si el citado artículo 6 de la ley, dispone que el juicio de amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatoria de derechos, resulta incuestionable que esa circunstancia no se colma, por lo que el quejoso carece de legitimidad para acudir a esta vía constitucional. Aunado a que, esa tesis realiza una interpretación del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuyo contenido no es coincidente con algún precepto de la legislación civil adjetiva local, ni es similar al citado artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Existe una diferencia fundamental entre los citados artículos, pues en la legislación del Estado de Jalisco se reconoce que el abogado patrono tiene las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinado, mientras que en la correspondiente al Estado de Colima no se prevé la figura de abogado patrono y al autorizado no le son conferidas facultades especiales de un mandatario, por lo cual, resulta inaplicable la jurisprudencia referida por el quejoso. En consecuencia, conforme lo expuesto, se advierte que lo procedente es desechar la demanda de amparo, ya que el promovente carece de legitimación para instarlo. Aunado que no se está en la presencia de actos reclamados de los previstos en el artículo 15 de la ley, que actualicen la excepción al principio de instancia de parte agraviada. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 6 de la ley, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el mencionado en su demanda. Se le tiene proporcionando el correo electrónico y número de teléfono que refiere, en el entendido que de conformidad con los artículos 26, 27, 29 y 30 de la ley, se considerarán para entablar comunicaciones no procesales, sin que se tengan como medios para oír y recibir notificaciones en virtud de que la ley no los prevé. Respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico, no ha lugar a proveer de conformidad. Toda vez que el promovente únicamente pretender se le dé acceso para consultar el expediente electrónico con el usuario que refiere, pero sin notificarse mediante la misma vía, tal como está regulado en las normas del Consejo de la Judicatura Federal, cuestión en la que la parte solicitante no expresa ningún impedimento para acceder a las comunicaciones procesales en las plataformas tecnológicas; por tanto, una vez que la parte interesada manifieste su conformidad de que las notificaciones se le practiquen en forma electrónica, también se habilitará el acceso electrónico del presente asunto. Se tiene como autorizado(s) únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a quien(es) señala el escrito de cuenta. Se informa a las partes que, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, utilice el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para actuar y recibir notificaciones electrónicas en este asunto. Asimismo, soliciten para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico y con ello estén en aptitud de descargar y consultar sus constancias. Atento a la solicitud expresa del quejoso, se le faculta para que él o sus autorizados, previa solicitud a la secretaría encargada del expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos; debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos.

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