Gustavo Alberto Rivera Solis
Expediente 226/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gustavo Alberto Rivera Solis
Actuaciones
- Principal
VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiuno de febrero del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
VII. Vista la demanda de cuenta, promovida por Gustavo Alberto Rivera Solís, por sí y en representación de su menor hijo Leonardo Alberto Rivera López, contra el acto que reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que el quejoso reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y del Actuario de su adscripción: El auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 3629/2012, promovido por el directo quejoso contra Carolina López Córdova; y su ejecución. Ahora bien, en el presente caso, se estima pertinente indicar que los asuntos sometidos al conocimiento de este Juzgador Federal, constituyen un hecho notorio, lo cual es susceptible de ser invocado en cualquier momento. Por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 683/2018, del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso, contra el mismo Juez responsable. En dicho expediente, se reclamó, como acto destacado, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 3629/2012, formado con motivo del juicio ordinario civil de custodia, promovido por el ahora quejoso en contra de Carolina López Córdova, por medio de la cual se modificó el régimen de convivencia decretado en el referido expediente, en relación del menor Leonardo Alberto Rivera López con su progenitora. Siendo que dicho juicio, por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, fue resuelto, negándose por una parte la protección constitucional, y por la otra otorgándose la misma, para los efectos precisados en dicho fallo; en tanto que tal sentencia aún no ha quedado firme, por encontrarse pendiente por resolver el recurso de revisión interpuesto por el aquí impetrante contra dicho fallo, del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 417/2018. En ese sentido, de las constancias que integran el juicio de amparo antes invocado, se advierte que obra copia certificada del proveído de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que pretende controvertir el quejoso en este juicio de garantías, el cual, en su parte conducente, y en lo que nos interesa, conmina a las partes integrantes del expediente de origen, a dar cabal cumplimiento a lo decretado en la determinación de veintitrés de mayo próximo pasado, apercibidas con que, de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente de uno a veinte unidades de medida y actualización. Como puede advertirse con meridiana claridad, el auto controvertido, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, constituye una mera reiteración de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, puesto que en modo alguno modifica las condiciones propuestas en ésta, sino sencillamente conmina a las partes a su cumplimiento. Es dable citar, en apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Una vez sentado lo anterior, debe decirse que, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el presente juicio de amparo, consistente en el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que reiteró lo determinado en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el proceso natural; este órgano de control constitucional se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Lo anterior, cuenta habida que, como se dijo, el indicado juicio de amparo 683/2018, fue promovido por el mismo quejoso, contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que atribuyó al mismo Juez responsable, en tanto que la sentencia emitida en el mismo, aún no se encuentra firme. Por ende, si el acuerdo que se pretende controvertir en este juicio de garantías, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, es una reiteración de aquélla resolución, en tanto que ordena a las partes cumplir con las condiciones decretadas en la misma, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en análisis, puesto que en relación a la resolución en la que se fijó la convivencia del menor con su madre, se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo interpuesto en su contra, cuya sentencia aún no ha adquirido firmeza. Esto es así, cuenta habida que, como se advierte con meridiana claridad de las constancias que integran el expediente 683/2018, el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 3629/2012, simplemente conminó a las partes a cumplir con las condiciones de visita establecidas en la resolución de veintitrés de mayo próximo pasado, por lo que no se trata de una modificación de la misma, sino de una reiteración de ésta, siendo que, respecto de ella, se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo, en la cual podrá ser confirmada, modificada o revocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 817, del Tomo III, Junio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Por tanto, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, en relación al dos acto reclamado en el presente juicio de amparo, procede desechar la demanda de que se trata, por ser notoriamente improcedente. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y como sus autorizados a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los nombrados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de cuenta, promovida por Gustavo Alberto Rivera Solís, por sí y en representación de su menor hijo Leonardo Alberto Rivera López, contra el acto que reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y del Actuario de su adscripción: - El auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 3629/2012, promovido por el directo quejoso contra Carolina López Córdova; y su ejecución. Ahora bien, en el presente caso, se estima pertinente indicar que los asuntos sometidos al conocimiento de este Juzgador Federal, constituyen un hecho notorio, lo cual es susceptible de ser invocado en cualquier momento. Por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 683/2018, del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso, contra el mismo Juez responsable. En dicho expediente, se reclamó, como acto destacado, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 3629/2012, formado con motivo del juicio ordinario civil de custodia, promovido por el ahora quejoso en contra de Carolina López Córdova, por medio de la cual se modificó el régimen de convivencia decretado en el referido expediente, en relación del menor Leonardo Alberto Rivera López con su progenitora. Siendo que dicho juicio, por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, fue resuelto, negándose por una parte la protección constitucional, y por la otra otorgándose la misma, para los efectos precisados en dicho fallo; en tanto que tal sentencia aún no ha quedado firme, por encontrarse pendiente por resolver el recurso de revisión interpuesto por el aquí impetrante contra dicho fallo, del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 417/2018. En ese sentido, de las constancias que integran el juicio de amparo antes invocado, se advierte que obra copia certificada del proveído de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que pretende controvertir el quejoso en este juicio de garantías, el cual, en su parte conducente, y en lo que nos interesa, conmina a las partes integrantes del expediente de origen, a dar cabal cumplimiento a lo decretado en la determinación de veintitrés de mayo próximo pasado, apercibidas con que, de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente de uno a veinte unidades de medida y actualización. Como puede advertirse con meridiana claridad, el auto controvertido, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, constituye una mera reiteración de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, puesto que en modo alguno modifica las condiciones propuestas en ésta, sino sencillamente conmina a las partes a su cumplimiento. Es dable citar, en apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Una vez sentado lo anterior, debe decirse que, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el presente juicio de amparo, consistente en el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que reiteró lo determinado en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el proceso natural; este órgano de control constitucional se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Lo anterior, cuenta habida que, como se dijo, el indicado juicio de amparo 683/2018, fue promovido por el mismo quejoso, contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que atribuyó al mismo Juez responsable, en tanto que la sentencia emitida en el mismo, aún no se encuentra firme. Por ende, si el acuerdo que se pretende controvertir en este juicio de garantías, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, es una reiteración de aquélla resolución, en tanto que ordena a las partes cumplir con las condiciones decretadas en la misma, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en análisis, puesto que en relación a la resolución en la que se fijó la convivencia del menor con su madre, se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo interpuesto en su contra, cuya sentencia aún no ha adquirido firmeza. Esto es así, cuenta habida que, como se advierte con meridiana claridad de las constancias que integran el expediente 683/2018, el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 3629/2012, simplemente conminó a las partes a cumplir con las condiciones de visita establecidas en la resolución de veintitrés de mayo próximo pasado, por lo que no se trata de una modificación de la misma, sino de una reiteración de ésta, siendo que, respecto de ella, se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo, en la cual podrá ser confirmada, modificada o revocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 817, del Tomo III, Junio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Por tanto, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, en relación al dos acto reclamado en el presente juicio de amparo, procede desechar la demanda de que se trata, por ser notoriamente improcedente. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y como sus autorizados a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los nombrados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.- - - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES. - - - - - - RÚBRICAS".
- Principal
VII. Vista la demanda de cuenta, promovida por Gustavo Alberto Rivera Solís, por sí y en representación de su menor hijo Leonardo Alberto Rivera López, contra el acto que reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y del Actuario de su adscripción: - El auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 3629/2012, promovido por el directo quejoso contra Carolina López Córdova; y su ejecución. Ahora bien, en el presente caso, se estima pertinente indicar que los asuntos sometidos al conocimiento de este Juzgador Federal, constituyen un hecho notorio, lo cual es susceptible de ser invocado en cualquier momento. Por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 683/2018, del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso, contra el mismo Juez responsable. En dicho expediente, se reclamó, como acto destacado, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 3629/2012, formado con motivo del juicio ordinario civil de custodia, promovido por el ahora quejoso en contra de Carolina López Córdova, por medio de la cual se modificó el régimen de convivencia decretado en el referido expediente, en relación del menor Leonardo Alberto Rivera López con su progenitora. Siendo que dicho juicio, por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, fue resuelto, negándose por una parte la protección constitucional, y por la otra otorgándose la misma, para los efectos precisados en dicho fallo; en tanto que tal sentencia aún no ha quedado firme, por encontrarse pendiente por resolver el recurso de revisión interpuesto por el aquí impetrante contra dicho fallo, del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 417/2018. En ese sentido, de las constancias que integran el juicio de amparo antes invocado, se advierte que obra copia certificada del proveído de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que pretende controvertir el quejoso en este juicio de garantías, el cual, en su parte conducente, y en lo que nos interesa, conmina a las partes integrantes del expediente de origen, a dar cabal cumplimiento a lo decretado en la determinación de veintitrés de mayo próximo pasado, apercibidas con que, de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente de uno a veinte unidades de medida y actualización. Como puede advertirse con meridiana claridad, el auto controvertido, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, constituye una mera reiteración de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, puesto que en modo alguno modifica las condiciones propuestas en ésta, sino sencillamente conmina a las partes a su cumplimiento. Es dable citar, en apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Una vez sentado lo anterior, debe decirse que, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el presente juicio de amparo, consistente en el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que reiteró lo determinado en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el proceso natural; este órgano de control constitucional se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Lo anterior, cuenta habida que, como se dijo, el indicado juicio de amparo 683/2018, fue promovido por el mismo quejoso, contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que atribuyó al mismo Juez responsable, en tanto que la sentencia emitida en el mismo, aún no se encuentra firme. Por ende, si el acuerdo que se pretende controvertir en este juicio de garantías, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, es una reiteración de aquélla resolución, en tanto que ordena a las partes cumplir con las condiciones decretadas en la misma, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en análisis, puesto que en relación a la resolución en la que se fijó la convivencia del menor con su madre, se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo interpuesto en su contra, cuya sentencia aún no ha adquirido firmeza. Esto es así, cuenta habida que, como se advierte con meridiana claridad de las constancias que integran el expediente 683/2018, el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 3629/2012, simplemente conminó a las partes a cumplir con las condiciones de visita establecidas en la resolución de veintitrés de mayo próximo pasado, por lo que no se trata de una modificación de la misma, sino de una reiteración de ésta, siendo que, respecto de ella, se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo, en la cual podrá ser confirmada, modificada o revocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 817, del Tomo III, Junio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Por tanto, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, en relación al dos acto reclamado en el presente juicio de amparo, procede desechar la demanda de que se trata, por ser notoriamente improcedente. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y como sus autorizados a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los nombrados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de cuenta, promovida por Gustavo Alberto Rivera Solís, por sí y en representación de su menor hijo Leonardo Alberto Rivera López, contra el acto que reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y del Actuario de su adscripción: - El auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 3629/2012, promovido por el directo quejoso contra Carolina López Córdova; y su ejecución. Ahora bien, en el presente caso, se estima pertinente indicar que los asuntos sometidos al conocimiento de este Juzgador Federal, constituyen un hecho notorio, lo cual es susceptible de ser invocado en cualquier momento. Por tanto, se invoca como tal, el juicio de amparo 683/2018, del índice de este propio órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso, contra el mismo Juez responsable. En dicho expediente, se reclamó, como acto destacado, la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 3629/2012, formado con motivo del juicio ordinario civil de custodia, promovido por el ahora quejoso en contra de Carolina López Córdova, por medio de la cual se modificó el régimen de convivencia decretado en el referido expediente, en relación del menor Leonardo Alberto Rivera López con su progenitora. Siendo que dicho juicio, por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, fue resuelto, negándose por una parte la protección constitucional, y por la otra otorgándose la misma, para los efectos precisados en dicho fallo; en tanto que tal sentencia aún no ha quedado firme, por encontrarse pendiente por resolver el recurso de revisión interpuesto por el aquí impetrante contra dicho fallo, del cual tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca 417/2018. En ese sentido, de las constancias que integran el juicio de amparo antes invocado, se advierte que obra copia certificada del proveído de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que pretende controvertir el quejoso en este juicio de garantías, el cual, en su parte conducente, y en lo que nos interesa, conmina a las partes integrantes del expediente de origen, a dar cabal cumplimiento a lo decretado en la determinación de veintitrés de mayo próximo pasado, apercibidas con que, de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente de uno a veinte unidades de medida y actualización. Como puede advertirse con meridiana claridad, el auto controvertido, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, constituye una mera reiteración de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, puesto que en modo alguno modifica las condiciones propuestas en ésta, sino sencillamente conmina a las partes a su cumplimiento. Es dable citar, en apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Una vez sentado lo anterior, debe decirse que, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el presente juicio de amparo, consistente en el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, que reiteró lo determinado en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el proceso natural; este órgano de control constitucional se estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Lo anterior, cuenta habida que, como se dijo, el indicado juicio de amparo 683/2018, fue promovido por el mismo quejoso, contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, que atribuyó al mismo Juez responsable, en tanto que la sentencia emitida en el mismo, aún no se encuentra firme. Por ende, si el acuerdo que se pretende controvertir en este juicio de garantías, de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, es una reiteración de aquélla resolución, en tanto que ordena a las partes cumplir con las condiciones decretadas en la misma, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en análisis, puesto que en relación a la resolución en la que se fijó la convivencia del menor con su madre, se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo interpuesto en su contra, cuya sentencia aún no ha adquirido firmeza. Esto es así, cuenta habida que, como se advierte con meridiana claridad de las constancias que integran el expediente 683/2018, el acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 3629/2012, simplemente conminó a las partes a cumplir con las condiciones de visita establecidas en la resolución de veintitrés de mayo próximo pasado, por lo que no se trata de una modificación de la misma, sino de una reiteración de ésta, siendo que, respecto de ella, se encuentra en trámite un diverso juicio de amparo, en la cual podrá ser confirmada, modificada o revocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 817, del Tomo III, Junio de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." Por tanto, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, en relación al dos acto reclamado en el presente juicio de amparo, procede desechar la demanda de que se trata, por ser notoriamente improcedente. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y como sus autorizados a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los nombrados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.- - - - -DOS FIRMAS ILEGIBLES. - - - - - - RÚBRICAS".
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