Gustavo Adrian Merino Lecuona
Expediente 547/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 547/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Gustavo Adrian Merino Lecuona
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, se declara que el mismo ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, en términos del artículo 214 de la ley de la materia, previa revisión por el Secretario de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante auto de diecisiete de junio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al que acompañó las constancias relativas al juicio 519/2020 de su índice. Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa Gustavo Adrián Merino Lecuona, señala como acto reclamado la falta de emplazamiento de la parte demandada, lo que ocasiona que el procedimiento de origen se postergue. Atento a ello, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con la precisión anterior, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del numeral descrito, se deducen dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En el caso, el quejoso reclama que no ha sido emplazado la parte demandada para que se desahogue de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 519/2020-1C de su índice. De un análisis integral de la demanda, se obtiene que la omisión reclamada no es de aquellas que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, toda vez que el acto reclamado constituye un acto de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa. Lo anterior, ya que de acuerdo a los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se advierte que de manera reiterada no se presenta la parte demandada, porque no obra constancia de su legal notificación, por lo cual se señalan las nueve horas con treinta minutos del dos de julio de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia trifásica dentro del juicio laboral de origen, contra quien acudió como representante de la parte patronal actora; lo cual, no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ya que ello no impide que al momento de dictarse la sentencia definitiva, el quejoso pueda obtener un fallo favorable, por lo que se estima que esa actuación, sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales (es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal), que sólo inciden en la posición que van tomando las partes en el procedimiento con miras a obtener un fallo favorable en él, por lo que de ser así, el acto reclamado desaparece sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, aspecto en que descansa la calificativa de que no se está en presencia de actos que tengan una ejecución irreparable. Lo anterior se considera así, ya que la parte quejosa está en aptitud de comparecer ante la autoridad responsable y solicitar que se lleve a cabo el emplazamiento respectivo. En ese orden, como la omisión reclamada, no constituye un acto que viole algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales de los cuales México es parte por los motivos expuestos, sino sólo afecta derechos adjetivos, se concluye que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. De igual manera tiene aplicación la siguiente Jurisprudencia número 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo del 2003, visible en la página 386, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73, de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncie cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; dejando sin efecto la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con quince minutos del día de hoy veintidós de junio de dos mil veintiuno.
- Principal
Mexicali, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese con vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual rinde su informe justificado, sin perjuicio de dar nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. De igual manera, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo las constancias con las que apoya su informe justificado. Ahora, por lo que respecta a la solicitud realizada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, informa que no cuenta con correo electrónico, ni con los recursos y medios necesarios para digitalizar documentación, por lo cual solicita seguir el trámite del presente asunto de manera tradicional y seguir recibiendo y remitiendo oficios así como actuaciones correspondientes de manera física. A lo que este Juzgado toma e debido conocimiento.
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