Gustavo Adolfo Valle Andrade y Otros.

Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
861/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Adolfo Valle Andrade y Otros.
  • Gustavo Adolfo Valle Andrade

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Fabiola Ortiz Villicaña y Gustavo Adolfo Valle Andrade, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, por el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO DEL ASUNTO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Lo proveyó y forma Marbella Juárez García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022 signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  2. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que suscriben los quejosos Fabiola Ortiz Villicaña y Gustavo Adolfo Valle Andrade, a través del cual cumplen con la prevención que se les hizo mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. De inicio, se estima necesario transcribir el contenido de los artículos 5, fracción I, 61, fracción XXIII, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende, por una parte, que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio. Ahora, en su demanda de amparo los quejosos señalaron como actos reclamados de manera destacada los siguientes: "IV. NORMA, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. 1. Reclama la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. 2. Se reclama la ilegal detención, inspección, decomiso, depósito y multa que a partir de ahora pudiera accionar ilegalmente la autoridad responsable en contra de los quejosos respecto del vehículo (Chevrolet Beat LTZ, modelo 2018, Color Rojo Granada, Placas PJY396A, No. De Serie MA6CC5CD9JT028878)." Además, en su escrito aclaratorio de cuenta, manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que no es su deseo señalar como acto reclamado, algún acto en concreto desplegado por la autoridad responsable Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, sino que solicitan el amparo sobre actos futuros Inminentes de dicha autoridad, como lo son las posibles órdenes de detención, inspección, decomiso, depósito y multa, en relación con el vehículo de su propiedad; por tanto, el que suscribe considera que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esos términos, el dicho de los quejosos, bajo protesta de decir verdad, se toma como motivo de improcedencia manifiesto e indudable, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y del escrito aclaratorio que se atiende. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Ahora, en relación con la naturaleza de los actos reclamados que se analizan, cabe precisar que encuadran dentro de aquellos de realización futura e incierta, puesto que, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene la certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización. Para mayor eficacia en la solución del presente asunto, no debe soslayarse que el artículo 5 de la Ley de Amparo, igualmente condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie la esfera jurídica del peticionario; además, que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues la propia Ley de Amparo, en su artículo 5, fracción I, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique la esfera jurídica de la parte quejosa. Los anteriores razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente. "Época: Novena Época Registro: 184156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Junio de 2003 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 25/2003 Página: 73 DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral. Contradicción de tesis 62/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, todos en Materia Civil del Tercer Circuito. 14 de mayo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Tesis de jurisprudencia 25/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de mayo de dos mil tres". El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aun cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. No es óbice, que al emitirse el criterio invocado supralíneas, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País haya determinado que, por regla general, la inminencia o incertidumbre de los actos sea materia de prueba y, que por ello, tal circunstancia no pueda considerarse como un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que lo general no se cuenta con elementos que permitan acreditar tal circunstancia; sin embargo, en el caso, sí se cuenta con prueba de este aspecto, porque existe confesión expresa por parte del quejoso respecto a que, al menos hasta el momento, ninguna de las autoridades señaladas como responsables han emitido algún acto de autoridad que de manera actual, presente o en forma inminente irrogue alguna afectación a su esfera jurídica. Robustece lo anterior, la tesis que se inserta en seguida: "Época: Octava Época Registro: 214035 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Diciembre de 1993 Materia(s): Común Tesis: Página: 857 DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 132/93. Anselmo José Zanella García. 4 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: María del Rocío F. Ortega Gómez." No pasa por alto que, eventualmente la Comisión Coordinadora del Transporte Público en el Estado, podría establecer retenes a efecto de detener e infraccionar a quienes presten el servicio público de transporte sin autorización y, en su caso, imponer multas y retención de vehículos; sin embargo, no se tiene la certeza que el vehículo de los quejoso vaya ser detenido en esos retenes y que, además, se le vaya a infraccionar. Por identidad jurídica, Ilustra lo anterior el criterio de rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010813 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 26, Enero de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.I.L. J/14 L (10a.) Página: 2321 MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Contradicción de tesis 6/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de noviembre de 2015. Mayoría de trece votos de los Magistrados: Francisco Javier Patiño Pérez, Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Salvador Castro Zavaleta, María Eugenia Olascuaga García, Herlinda Flores Irene, Genaro Rivera, Edna Lorena Hernández Granados, Ricardo Rivas Pérez, Ricardo Castillo Muñoz, Aristeo Martínez Cruz, Héctor Landa Razo, Juan Alfonso Patiño Chávez y Alicia Rodríguez Cruz. Magistrados disidentes: Elisa Jiménez Aguilar, Elías Álvarez Torres, Sergio Pallares y Lara y María Edith Cervantes Ortiz. Voto particular del Magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez. Ponente: Magistrado Héctor Landa Razo. Secretaria: Alethia Guerrero Silva". También se patentiza la improcedencia del juicio de amparo en relación con el acto reclamado relativo a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, cuyo contenido es el siguiente. "Artículo 58. Independientemente de lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley, la DGSPT, así como, los Inspectores de la COCOTRA, estarán facultados para imponer sanciones cuando se cometan infracciones en materia de tránsito y transporte terrestre. [.] XVIII. Cuando se sorprenda a alguna persona prestando el servicio público de transporte, sin autorización de la COCOTRA, se le sancionará con una multa de 90 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente." "Artículo 61. El monto de las sanciones, que se impongan a los concesionarios y permisionarios con motivo del servicio, será garantizado con el valor de los propios vehículos o los servicios conexos, mediante el otorgamiento de garantía suficiente para responder de las mismas. En el caso de que la garantía sean los vehículos o los bienes afectos a los servicios conexos, podrán quedar en los depósitos de guarda y custodia de la DGSPT del Estado, de conformidad con las facultades que le otorga la Ley de Policía y Tránsito del Estado y su Reglamento podrá determinar la entrega en depósito a los concesionarios o permisionarios, quienes deberán presentarlos ante la autoridad competente cuando ésta se lo solicite. El propietario de los vehículos o bienes afectos a los servicios conexos, dispondrá de un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se fijó la multa para cubrirla así como los gastos a que hubiere lugar, en caso contrario, se formulará la liquidación y se turnarán los documentos junto con los otros vehículos o bienes a la Tesorería General del Estado, para que ésta en cumplimiento a sus atribuciones, efectúe los procedimientos administrativos para su cobro." Del contenido de los citados preceptos se obtiene que son de naturaleza heteroaplicativa, esto es, que requieren de un acto concreto de aplicación para incidir en la esfera de derechos de los quejosos; sin embargo, como se precisó párrafos precedentes, en el caso, los actos que se reclaman son de realización futura e incierta, esto es que no se sabe si van a ocurrir. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Fabiola Ortiz Villicaña y Gustavo Adolfo Valle Andrade, por su propio derecho, contra actos del Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público en el Estado de Michoacán, y otra autoridad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se concedió la protección constitucional a SILVIA CONTRERAS ALIPIO, para el efecto de que el Juez Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ? "Deje insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada con motivo del incidente de ampliación de planilla de liquidación promovido por la parte actora mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve en el juicio ejecutivo mercantil 757/2015 de su índice; ? En su lugar, dicte una nueva resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; y, ? Siguiendo los lineamientos establecidos en esta resolución, con plenitud de jurisdicción, dicte otra que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero purgando los vicios formales que aquella presenta, según proceda, esto es, analice en forma congruente y exhaustiva los argumentos vertidos por la parte demandada e incidentada en el escrito de contestación presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los documentos que adjuntó al mismo a efecto de demostrar sus aseveraciones, para lo cual deberá tomar en consideración la totalidad de las constancias relevantes sobre ese tópico que obran en el juicio de origen y especialmente aquéllas que guarden relación directa con los descuentos realizados, en estricto apego a los principios fundamentación y motivación; hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho estime conducente en torno a la incidencia planteada". ???????? Trámites para cumplir con el fallo protector Así, en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que la autoridad responsable no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Previo requerimiento, por oficio presentado el veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, el juez responsable allegó copia certificada de la interlocutoria dictada el tres de agosto de dos mil veinte, dentro de la planilla de liquidación relativa al juicio ejecutivo mercantil número 757/2015; y de la cual, se advierte que para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente: 1. Se dejó insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de ampliación de planilla de liquidación derivado del juicio mercantil en cita. 2. Luego, se advierte que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo. 3. Posteriormente, con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, procedió analizar en forma congruente y exhaustiva los argumentos vertidos por la parte demandada e incidentada en el escrito de contestación presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los documentos que adjuntó al mismo a efecto de demostrar sus aseveraciones. De esa forma, respecto a la manifestación de que la surte principal en el juicio de origen, ya había sido cubierta, le señaló que dicha consignación no fue tomada como pago a la suerte principal, puesto que se dio vista a la parte actora para que manifestara si aceptada la citada consignación en concepto de suerte principal, pero que la misma al desahogar la vista, manifestó que la aceptaba como aplicación a los intereses moratorios, a lo que, se había dicho que no había lugar, pero que ello no implicaba que se hubiera aceptado como pago a la suerte principal, por ser clara la oposición a ello y que al no existir un consenso de voluntades entre las partes sobre la aplicación de la cantidad consignada, debía aplicarse en primer término al pago de los intereses devengados y no cubiertos, y si sobrare a capital, de conformidad con el artículo 364 del Código de Comercio. En lo referente a la manifestación de la incidentada y aquí quejosa, en el sentido de que se debía considerar que se le están efectuando descuentos, que en el mes de julio de dos mil dieciocho, se le descontaron $12,087.53 doce mil ochenta y siete pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional, le indicó el juez responsable que esa cantidad ya se había determinado en el juicio, que fue indebidamente descontada por la patronal, puesto que no había sido el juzgado el que ordenara su descuento, pues en esa fecha debió descontársele una cantidad menor, la cual fue la que se le tomó en cuenta por el juzgado de origen, requiriendo a la parte actora para que le devolviera la diferencia, importe que el veinte de febrero de dos mil veinte, le fue consignado por la accionante y recibida de conformidad por la demandada el dos de marzo de este año. En otra de las manifestaciones, le señaló que se le estaban efectuando descuentos por la cantidad de $5,757.84 cinco mil setecientos cincuenta y siete pesos con ochenta y cuatro centavos, acreditando los mismos con catorce recibos de nómina; y en ese sentido, el juez responsable le contestó que si bien dichos documentos adquieren valor probatorio, con ellos no probaba que se haya cubierto la suma que por concepto de intereses moratorios se aprobó en ese plantilla, así como tampoco lo condenado en sentencia definitiva por concepto de suerte principal e intereses moratorios, ni las sumas que se han generado con motivo de intereses moratorios, ya que en el expediente de origen no obraba constancia de que se hubiere ordenado descuentos a la demandada, aquí incidentada, por el monto señalado; por lo que resultaba claro, que los descuentos del referido importe que se apreciaban en los documentos exhibidos, no tenían relación con el juicio de origen; aunado a que, existía manifestación en el juicio natural, tanto de la accionante como de la demandada, de que en el Juzgado Segundo Menor Civil de este Distrito Judicial, se tramitaba diverso juicio ejecutivo mercantil en el que promueven las mismas partes que en el juicio de origen, además de que con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, la incidentada presentó un escrito al que adjuntó once copias de recibos de nómina, de los que se advirtió que desde el mes de marzo de dos mil dieciocho, se le han realizados descuentos, rubro en el que aparece el nombre de Magdalena Leticia Rangel Ortiz, fecha anterior en la que aún no se realizaban los descuentos ordenados en el juicio mercantil de origen y que el monto mensual que se le descuenta es la suma de las cantidades que se le descontaban de manera quincenal antes de su jubilación, lo que explica porque a partir de que se jubiló, los pagos se hacen de manera mensual, lo cual también se corroboró con la información proporcionada por el Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues a petición de la propia demandada se solicitó información desde cuando iniciaron los descuentos y el monto acumulado de los mismos. 4. Establecido lo anterior, concluyó que era improcedente considerar que se aplicaran en esa planilla el acumulado de los descuentos que se le practican de manera mensual; y que la objeción que hace a su contraria respecto a los documentos valorados, no prueba lo pretendido por el oferente, por lo que no era posible tomar en cuenta los descuentos que refiere se le han venido realizando y por ello, declaró parcialmente procedente la planilla de liquidación por la parte actora. Con la anterior sentencia interlocutoria, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo hasta aquí expuesto, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada con motivo del incidente de ampliación de planilla de liquidación promovido por la parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil 757/2015 del juzgado Primero Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia; y en su lugar, con fecha tres de agosto de dos mil veinte, dictó una nueva en la que reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo y siguiendo los lineamientos que le fueron marcados, y analizó en forma congruente y exhaustiva los argumentos vertidos por la parte demandada e incidentada en el escrito de contestación presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, así como los documentos que adjuntó al mismo a efecto, según se advierte de lo reseñado en este propio acuerdo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. Original del incidente de suspensión Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa. Duplicado del incidente de suspensión Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veinte. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-861/2020. PREVENCIÓN Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que promueven FABIOLA ORTIZ VILLICAÑA y GUSTAVO ADOLFO VALLE ANDRADE, por derecho propio, con apoyo en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracciones III, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngasele para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, por escrito, aclare su demanda sobre lo siguiente: 1. Tomando en consideración que el juicio de amparo únicamente procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual debe trae aparejada una afectación real y actual a la esfera jurídica el quejoso; asimismo, que los promoventes señalan como actos reclamados en su demanda lo siguiente: "IV. NORMA, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. 1. Reclama la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán. 2. Se reclama la ilegal detención, inspección, decomiso, depósito y multa que a partir de ahora pudiera accionar ilegalmente la autoridad responsable en contra de los quejosos respecto del vehículo (Chevrolet Beat LTZ, modelo 2018, Color Rojo Granada, Placas PJY396A, No. De Serie MA6CC5CD9JT028878)." Sin embargo, de dicha transcripción no se obtiene como acto reclamado, un acto en concreto, preciso, que vulnere su esfera de derechos; por tanto, deberán precisar lo siguiente: a) Bajo protesta de decir verdad, si en el caso la autoridad responsable aplicó alguna sanción en su contra, como podrían ser la retención del vehículo que describe, el depósito del vehículo en algún corralón o la imposición de alguna multa; en cuyo caso, deberá proporcionar la fecha en que fue realizado o cualquier otro dato que permita identificarla. b) Solventado lo anterior, y de ser el caso, manifestará si desea señalar algún acto de molestia y a qué autoridad se lo atribuye; y, c) En el supuesto de que sea su deseo señalar algún acto reclamado, en vía de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, deberá indicar si ya pagó la multa impuesta, si a la fecha se le devolvió el vehículo retenido o indicar el estado que guardan los efectos y consecuencias del mismo. d) En consideración a que reclama la inconstitucionalidad de los artículos 58, fracción XVIII y 61 del Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, deberá manifestar si desea señalar como autoridades responsables a las que intervinieron en el proceso legislativo correspondiente, y en caso de ser así, precise qué acto en concreto les reclama a cada una. Sustenta a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que en su rubro dice: "Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 202853 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Página 871 Tesis Aislada (Común) ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. Amparo en revisión 393/95. Layda Francisca Pineda Vital. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: Enrique Robles Solís". 2. Toda vez que los quejosos acompañan a su escrito de demanda la boleta de infracción con folio 164/2020, de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, deberán manifestar si es su deseo señalarla como acto reclamado, y de ser así, a que autoridad le atribuye el acto. 3. Precise, bajo protesta de decir verdad, si con anterioridad ha promovido diverso juicio de amparo, contra actos de autoridades relacionados con el vehículo automotor que describen en su demanda, y de ser así, precisen los datos de identificación del juicio, como es el número, ante qué autoridad jurisdiccional fue tramitado, o si actualmente se está tramitando, en qué estado procesal de encuentra. 4. Para que, en caso de dar cumplimiento a esta prevención de forma física, exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que en la forma en que se plantea la demanda de amparo se requiere una para la autoridad responsable, otra más para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos para los cuadernos de suspensión que solicita. Se apercibe a la parte promovente del amparo que no cumplir con lo requerido dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a Herbert Nelson Jáureguí, como autorizado de la parte quejosa, con las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la ley de la materia, en virtud que exhibe copia certificada de su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho; asimismo, se tiene a Alma Sonia Vicente Melgarejo y Minerva Esbeydi Hernández Peralta, como autorizadas, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en término de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, por así haberlo manifestado expresamente los promoventes. SE EXHORTA A LAS PARTES En atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en específico el artículo 22, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual, si es su deseo deberán solicitarlo expresamente ante este juzgado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.

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