Gustavo Adolfo Palafox Gastelum
Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2021
Partes del expediente
- Gustavo Adolfo Palafox Gastelum
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, de la que aparece que transcurrió el término de diez días referido en el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que fue concedido el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º, de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes comuníquese lo anterior a las partes. Aclaración de sentencia. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que en la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de abril del año en curso, pronunciada dentro del presente juicio de amparo, hubo un error, con apoyo en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 74, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 223 al 226 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aras de hacer más eficaz la administración de justicia pronta, completa e imparcial, tal y como lo dispone el artículo 17 de la Carta Magna, y entonces aclarar todos aquellos conceptos ambiguos, obscuros, contradictorios, o bien para subsanar alguna omisión, corregir un error o defecto de la sentencia para la solución de la controversia, el suscrito Juzgador de oficio, procede a aclarar dicha sentencia. Cobra aplicación la jurisprudencia LXXXI/96, del Pleno de nuestro más alto Tribunal de la Nación, de la Novena Época, publicada a foja 43, del Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN OFICIOSA DE SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO. PROCEDE EN APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE ALTERE LA SUSTANCIA DE LO DECIDIDO. Las sentencias dictadas por los tribunales federales en materia de amparo pueden ser aclaradas oficiosamente por éstos, por aplicación supletoria y analógica del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que otorga a los tribunales la facultad para subsanar las omisiones que noten, así como de los numerales 223 a 226 de tal ordenamiento, que regulan la institución de la aclaración de sentencia. La supletoriedad opera de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Amparo, aun cuando tal institución no se encuentre prevista en ésta, siempre que sea indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión o bien corregir algún error o defecto de la sentencia, sin alterar la sustancia de lo decidido pues dicha aclaración no contradice los principios del proceso de amparo; por lo contrario, es congruente con éstos y los complementa." En la parte considerativa de la resolución que se aclara, se estableció, en lo conducente, lo siguiente: "(.) Sin embargo, la parte quejosa no adjuntó documental alguna a su escrito de demanda, así como tampoco la presentó durante la tramitación del presente juicio de amparo, de las cuales se advirtiera la inconstitucionalidad del acto reclamado; es decir, el impetrante no demostró la existencia del acuerdo de cuatro de marzo del año en curso, del cual se pudiera advertir, que la Junta en cuestión, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera del término que dispone el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, ya que al menos debió presentar al acuerdo en cuestión, máxime que la parte quejosa no presentó prueba que demostrara alguna de las etapas del juicio laboral antes descrito y de las que dice ser parte actora; por tanto, no es posible determinar la ilegalidad de la que se duele, ya que el acto reclamado, en sí mismo no es un acto violatorio de derechos constitucionales, sino la abierta dilación que se justifique con los documentos, al menos de la existencia de que se instó la acción jurisdiccional laboral, como lo sería el acuse de recibo de presentación, lo cual ni siquiera demuestra para la abierta dilación. Por las razones que informa, es de citarse en apoyo, la jurisprudencia 2a./J.50/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 304, del Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197499, que es del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo."[El énfasis es propio] Asimismo, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 356, Tomo I, segunda parte-1, enero a junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 231468, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SU OMISION SOLO PRESUME LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la autoridad responsable no rindió su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo sino únicamente que se presuma cierto el acto reclamado, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 149, sólo establece esta última presunción, pero de ninguna manera la de las manifestaciones contenidas en la demanda." En tales condiciones, toda vez que el acto que se reclama en esta vía no es en sí mismos violatorios de derechos humanos y derechos constitucionales, ni de disposición legal secundaria alguna; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo. (.) Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a 1) Gustavo Adolfo Palafox Gastelum, por los motivos expuestos en el considerando sexto. (.)". En ese sentido, dado que en el presente juicio de amparo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos expresados en los considerandos sexto; en el primero resolutivo erróneamente se señaló que "La Justicia de la Unión ampara y protege a 1) Gustavo Adolfo Palafox Gastelum, por los motivos expuestos en el considerando sexto."; a fin de corregir el citado error, se procede a aclararla, en las partes respectivas para quedar el resolutivo primero de la manera siguiente: "(...) PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 1) Gustavo Adolfo Palafox Gastelum, por los motivos expuestos en el considerando sexto. (.)" Es oportuno indicar que con esto no altera la substanciación de lo decidido, al no contradecirse con los principios del proceso de amparo, sino por el contrario resulta congruente con esto y los complementa. No obsta que en la presente resolución se declare ejecutoriada la sentencia pues la aclaración no interrumpe el plazo para interponer el recurso de revisión puesto que las partes se encuentran en aptitud de impugnar la sentencia desde que ésta se dicta, sin necesidad de esperar a que se aclare para preparar su defensa, pues los errores u omisiones susceptibles de aclararse no la modifican sustancialmente, de manera que la interrupción del plazo para interponer la revisión no resulta indispensable para el trámite y resolución del juicio. Sobre todo si se toma en cuenta que las consideraciones son las que rigen los resolutivos y no éstos a aquéllas; ello es así, porque cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. Al tema es de invocarse la tesis aislada 2a. VII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y cinco, Tomo IX, Febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA INTERPONER LA REVISIÓN. La Ley de Amparo regula expresamente la forma en que se interpone el recurso de revisión, el plazo para hacerlo valer y su tramitación, las partes que se encuentran en aptitud de impugnar la sentencia desde que ésta se dicta, sin necesidad de esperar a que se aclare para preparar su defensa, pues los errores u omisiones susceptibles de aclararse no la modifican sustancialmente, de manera que la interrupción del plazo para interponer la revisión no resulta indispensable para el trámite y resolución del juicio; por tanto, no puede aplicarse supletoriamente el artículo 226 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, que establece que la aclaración de sentencia interrumpe el plazo para presentar el recurso en su contra. Además, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la tesis cuyo rubro es: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS.", que la aclaración de sentencia sólo procede respecto de aquellas resoluciones que hayan causado ejecutoria, por lo que resulta improcedente la aclaración que se pide antes de agotar el recurso de revisión respectivo, puesto que ello supone que la sentencia que se pretende aclarar aún no es definitiva." Igualmente, es de invocarse la jurisprudencia XX.1o. J/62, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se ve en la página mil veintiséis, Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sostiene: "SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada." La anterior determinación, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No fue tramitado. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS; Y, RESULTANDOPor lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a 1) ********************, por los motivos expuestos en el considerando sexto. SEGUNDO. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en los términos apuntados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ************, contra acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; admítase la demanda, fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 340/2021. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las diez horas con veinte del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídasele a la autoridad responsable el informe justificado relativo, que deberá rendir dentro del término de quince días; el que deberá cumplir con los requisitos siguientes: Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. Se reserva lo conducente hasta que obren en autos las constancias de que emana el acto reclamado. Pruebas. No se ofrecieron. Notifíquese.
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