Gustavo Adolfo Moreno Miranda
Expediente 410/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gustavo Adolfo Moreno Miranda
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobresee de doce de enero del año en curso, dictada en este juicio de garantías, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro parte, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. No es óbice para lo anterior, que en autos no obren los acuses de recibo de los oficios 692/2023 y 693/2023, dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio de los cuales se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ellas se reclama. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio DRPPN-RPPB/399/2023, signado por la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y anexo, agréguense sin mayor proveído, toda vez que con fecha doce de enero de presente año, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo ********************-III-B, promovido por ********************contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernadora del Estado de Chihuahua, residentes la Ciudad de Chihuahua, Capital, que hizo consistir en los siguientes: " IV.- ACTOS RECLAMADOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama: la aprobación y expedición de los Decretos siguientes: a) Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Chihuahua, específicamente el ARTICULO PRIMERO, en relación con el apartado de D establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios 4.3.2.3 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Así como ARTICULO DECIMOTERCERO, el cual señala: a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal del Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I,II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable a la cuota establecida para dicha fracción. b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguientes que contiene la tarifa de 167.3734 UMAS; I. por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no ^parezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de alguna de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo; VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua." SEGUNDO. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo, para que expresara los datos de identificación del Notario Público, que retuvo el pago y la fecha en que se hizo dicha retención, así como, la data y número de escritura de la que derivó el pago, debiendo precisar la totalidad de los antecedentes y hechos que le constara, sin embrago, al no cumplir en tiempo y forma la parte quejosa, en fecha trece de junio de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Y con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el peticionario del amparo interpuso recurso de queja en contra de dicha determinación, por lo que, tramitado y substanciando que fue el recurso, el trece de octubre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la resolución pronunciada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, del recurso de queja administrativo 93/2022, el cual declaró fundado, y orden{o darle tramite a la demanda de amparo, considerando que era una carga innecesaria para el quejoso los términos en que se realizó dicha prevención, por lo que, en misma fecha se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó dar la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien si formuló alegato ministerial; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional que hoy se celebra, por lo que; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de una norma tributaria estatal, cuyo acto de aplicación se realizó en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar los actos reclamados, los cuales se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte discordante. Así, se estima que el solicitante del amparo reclama del Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernadora Constitucional del Estado, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, lo siguiente: --- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama: la aprobación y expedición de los Decretos siguientes: a) Decreto No. LXVII/APLIE/0109/2021 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Chihuahua, específicamente el ARTICULO PRIMERO, en relación con el apartado de D establecido en su tabla como 4.3 derechos por prestación de servicios 4.3.2.3 de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. Así como ARTICULO DECIMOTERCERO, el cual señala: a fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal del Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I,II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable a la cuota establecida para dicha fracción. b) Decreto No. LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. que contiene la Ley Estatal de Derechos del Estado de Chihuahua, en su Sección Tercera en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el artículo 29 con las fracciones siguientes que contiene la tarifa de 167.3734 UMAS; I. por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos; II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad; IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro Público de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no ^parezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley; V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio; VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de alguna de las divisiones no resulte excedente de superficie. En caso de que resulte excedente, se pagara por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo; VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. --- DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, residentes en Chihuahua, Chihuahua, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado correspondiente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Como lo hace valer la autoridad responsable Congreso del Estado de Chihuahua, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, el acto de aplicación que reclama el disconforme, consiste en la factura fiscal, relativa a la operación********************, de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, a nombre del contribuyente ********************según se advierte de la documental exhibida por la parte quejosa. Documental que cuenta con folio fiscal, sello digital del emisor, sello digital del Servicio de Administración Tributaria y cadena original de complemento de certificación del Servicio de Administración Tributaria, por lo que se le otorga probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2. Resulta aplicable a lo anterior en lo conducente la Tesis I.7o.A.410 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 2471, del Tomo XXII, correspondiente al mes de octubre de dos mil cinco, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 176863, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." Así, de lo antes expuesto y como se anticipó, se advierte que la demanda de amparo resulta improcedente por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)." Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En ese orden, el precepto 18 de la ley mencionada establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, de conformidad con la última disposición legal transcrita el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se contará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución, y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Estas tres hipótesis a su vez requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; por ende, las mismas no requieren indispensablemente un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden de ese artículo 18 de la ley de la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino que el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Para abordar el análisis respectivo, resulta relevante precisar que la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, está condicionada a la procedencia del referido juicio contra dicho acto de aplicación, por lo que el juzgador de amparo podrá pronunciarse válidamente sobre la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, siempre y cuando no se actualice una causa que afecte la procedencia del juicio respectivo contra el acto de aplicación de aquéllas. Lo cual se sustenta en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Tesis: Página: 235, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Al analizar la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación, es importante distinguir entre los aspectos de procedencia de ese juicio en contra del acto en el que se sostiene se concretó lo previsto en las normas controvertidas y los diversos aspectos de procedencia relacionados con la impugnación de estas últimas. En ese orden de ideas, cuando se impugnan en amparo normas generales con motivo de su acto de aplicación, el primer aspecto que debe abordarse por orden lógico es el relativo a la procedencia del juicio de amparo contra el acto que se señala como aquél en el que se concretaron las normas generales cuya constitucionalidad se impugna, pues aun cuando en el referido acto sí se concrete en perjuicio de la parte quejosa lo previsto en las normas impugnadas e, incluso, se trate del primer acto de aplicación, si la demanda respectiva se presenta en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquél en que tuvo lugar el acto de aplicación, el juicio será improcedente respecto de éste y, en consecuencia, en relación con las normas concretadas por primera vez en dicho acto. Incluso, al abordar el estudio de procedencia del amparo contra una norma impugnada con motivo de su aplicación, debe distinguirse entre la oportunidad de la demanda contra éste último y la posibilidad de controvertir la respectiva norma general con motivo de un posterior acto de aplicación, cuando el primero en el que tuvo lugar se realizó en forma implícita o tácita. En el primer caso, se trata de un problema relacionado con el plazo para acudir al juicio de amparo contra un determinado acto de aplicación de una norma general, en la inteligencia de que, si la demanda se presenta fuera del plazo respectivo, el juicio será improcedente respecto del acto de aplicación de la norma impugnada y, en vía de consecuencia, respecto de ésta última. En cambio, el amparo que se promueve contra un acto de aplicación de una norma general, en el cual se acredita que previamente la quejosa ya había resentido en su esfera jurídica las consecuencias de lo previsto en aquélla, será improcedente respecto de la norma impugnada, sólo si se acredita plenamente que -en el acto de aplicación previo-, se hizo de su conocimiento a plenitud y que esa precisa norma general sirvió de sustento a la afectación correspondiente. El Suscrito Juez de Distrito, considera que en el caso que se analiza, la presentación de la demanda de amparo presentada, es extemporánea, pues la parte quejosa en el capítulo relativo, adujo bajo protesta de decir verdad, que realizó el pago relativa a la operación********************, de fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, a nombre del contribuyente ********************según se advierte de la documental exhibida consistente en la factura fiscal correspondiente. Así, se reitera que, si el peticionario del amparo ********************confesó bajo protesta de decir verdad, que realizó el pago en fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, relativa a la operación********************, a su nombre, el término para promover la demanda de amparo en la forma en que se hizo, la demanda de amparo se presentó el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, luego, el computo de quince días hábiles, inició el viernes veintidós de abril de dos mil veintidós y feneció el dieciséis de mayo de dos mil veintidós ---tal y como lo precisa el Congreso del Estado de Chihuahua---, siendo inhábiles el veintitrés veinticuatro y treinta de abril de dos mil veintidós, así como el primero, cinco, seis, siete y ocho de mayo de dos mil veintidós, por corresponder a sábados y domingos y días inhábiles así declarados por la ley. En tales condiciones, si la demanda de amparo se presentó hasta el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, ello aconteció fuera del término de quince días previsto en la Ley de Amparo, lo que pone de manifiesto que consintió tácitamente los actos reclamados; en esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 61, fracciones XIV, y 113, todos de la Ley de Amparo, la presentación de la misma es extemporánea. Luego, atendiendo al sentido del fallo, no se analizan los conceptos de violación encaminados a combatir la inconstitucionalidad de los preceptos legales, debido a los efectos que provoca el sobreseimiento. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, Volumen 86, Sexta Parte, página 93, con número de registro digital 254008, que sostiene: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional." Por otro lado, no sobra añadir que el sobreseimiento en el juicio no entraña, por sí mismo, el desconocimiento del derecho a un recurso judicial efectivo en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, frente a la actuación del poder público, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa. Lo anterior, en términos del criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.7o.A.15 K (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1947, con número de registro digital 2006083, que reza: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos." Se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************contra las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el CUARTO punto considerativo de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Se tiene al Director de Análisis Jurídicos, dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la autoridad responsable, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, rindiendo su correspondiente informe con justificación, por lo que hágase del conocimiento con lo anterior a las partes para que de su contenido se enteren, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene nombrando como delegados a los profesionistas a que hace referencia, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo. Notifíquese, y de manera personal a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Juzgado, licenciado Félix Santillanes Cruz, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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