Gustavo Adolfo Duque Ramírez

Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
814/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Adolfo Duque Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 814/2021, promovido por Luis Enrique Hernández Chávez, a favor de Gustavo Adolfo Duque Ramírez, en contra los actos y autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si los actos de los que se duele el quejoso consistentes en: Privación de su libertad (retención). La orden de deportación a su país de origen (Colombia). Trasgreden los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, Luis Enrique Hernández Chávez a favor de Gustavo Adolfo Duque Ramírez, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que más adelante se precisarán. El promovente señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 11, 14, 18, 19 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó el veintisiete de julio a este juzgado, donde quedó registrada con el número 814/2021 y previa ratificación de la misma por parte de Gustavo Adolfo Duque Ramírez fue admitida en esa misma data; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado se ejecutó dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS Privación de su libertad. La orden de deportación a su país de origen (Colombia). Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. INEXISTENCIA DE UN ACTO.- En relación a la orden de deportación del impetrante, el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en la ciudad de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de tal acto. El quejoso no desvirtuó tal negativa; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto a dicho acto. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE DIVERSO ACTO.- No obstante que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en la ciudad de Oaxaca, negó la privación de la libertad de que fue objeto el quejoso; de las manifestaciones vertidas en su informe se advierte que Gustavo Adolfo Duque Ramírez, fue presentado ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, el veinticuatro de julio de esta anualidad, al no acreditar su situación migratoria regular en el país; por ende, si al momento en que se presentó la demanda de amparo, el quejoso se encontraba alojado en ese lugar por instrucciones de dicha responsable, es evidente la certeza del referido acto que se le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo que se corrobora con las documentales que acompañó al rendir su informe con justificación; consistentes en el procedimiento administrativo INM/OROAX/SRLOAX/EM/872/2021, que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ESTUDIO DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Pese a la existencia del acto reclamado, no será estudiada su constitucionalidad o inconstitucionalidad, es decir, no se analizará la orden de retención en estación migratoria, ni los conceptos de violación expresados por el quejoso, pues se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia de los actos combatidos. En la especie sobreviene la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Tal motivo de improcedencia, se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues, el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como se precisó Gustavo Adolfo Duque Ramírez, por conducto de Luis Enrique Hernández Chávez, reclamó la privación de su libertad por parte del titular del Instituto Nacional de Migración, con sede en la ciudad de Oaxaca. Ahora bien, de las constancias remitidas por el encargado del departamento de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de Oaxaca, con su informe justificado, se aprecia: Que el veinticuatro de julio de esta anualidad, se dejó al quejoso a disposición del encargado de la Subrepresentación Local Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, y se dio inicio al procedimiento administrativo INM/OROAX/SRLOAX/EM/872/2021, a fin de resolver la situación migratoria de Gustavo Adolfo Duque Ramírez. En acato a la suspensión dictada en este juicio de amparo, el veintisiete de julio siguiente, se ordenó la salida inmediata de éste, de la estación migratoria en la que se encontraba retenido. El diez de septiembre de este año, el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, informó que el quejoso incumplió con su obligación de presentarse ante las oficinas de la Subrepresentación Local Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, a partir del cuatro de septiembre, por lo que ha evadido el control migratorio a que se encontraba sujeto. En ese sentido, si bien la circunstancia de que se dejara en libertad al promovente por sí no genera la improcedencia del juicio, en la medida de que su finalidad es precisamente conservar la materia del amparo, empero, atento a lo expuesto por el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en cuanto a que el nombrado quejoso dejó de acudir a firmar ante ese instituto desde cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se tiene que el nombrado incumplió con una de las medidas de seguridad que le fueron fijadas, sin que se haya tenido contacto nuevamente con él. Entonces, si el citado doliente fue puesto en libertad y, posteriormente, dejó de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas, aunado a que no se tiene noticia de que se encuentre interno en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que le aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, se sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención del impetrante en la Estación Migratoria en esta localidad, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gustavo Adolfo Duque Ramírez; en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo. Notifíquese personalmente.(SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de diecisiete de agosto de esta anualidad, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la encargada de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, lo que permite concluir que las partes no tendrán conocimiento del contenido de dicho informe con la oportunidad a que se refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las catorce horas con cincuenta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Principal

    " . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la encargada de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, con su contenido dése vista a las partes De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por exhibida la documental que acompaña a su informe de cuenta; sin perjuicio de relacionarla en la etapa probatoria de la audiencia constitucional. Por otra parte, dado que la autoridad señala que la información que remite es de carácter reservada y confidencial, tómense las medidas pertinentes para permitir el acceso a las partes de la información que se considere esencial para su defensa, de igual manera, se hace de su conocimiento que dicha información no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Apoya a lo anterior por analogía, la jurisprudencia P./J.26/2015 (10ª.), registro 2009916, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." Téngase a la autoridad de mérito proporcionando los correos electrónicos y el número telefónico que señala en su oficio para un mejor contacto con este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.

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