Gustavo Adolfo Bernal Flores

Expediente 340/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
340/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Adolfo Bernal Flores
  • Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajo de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar el legajo de pruebas señalado como Tomo I, el cual fue formado con las constancias remitidas por el juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora a las diez horas con catorce minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario Abraham Moraga Amaya, con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da cuenta con la demanda, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y hace constar que no existe cuestión pendiente por acordar. El juez acuerda: se tiene por formulada la certificación de cuenta para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de mérito por su especial naturaleza. Cerrada la fase de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para realizar manifestaciones, por lo que se cierra esta etapa y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, I. Trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de este año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y recibida el día hábil siguiente en este órgano, Gustavo Adolfo Bernal Flores solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora y otra autoridad. Admisión y trámite. El veintitrés de marzo siguiente este juzgador admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables informe justificado; dio intervención al agente del Ministerio Público y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Tercera interesada. En atención al contenido del informe justificado rendido por el Juzgado responsable, se reconoció como tercera interesada a María de Jesús Fierro Bañales, quien fue emplazada a juicio el veinte de abril del año en curso. II. Competencia Este juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en razón de que se impugna la ejecución de un acto dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes. Autoridad Acto reclamado Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo Sonora. El auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio reivindicatorio 220/2021, en el que se ordenó en lanzamiento de la parte demandada. Actuaria 31 adscrita a la Central de Actuarios Ejecutores y Notificadores del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. La ejecución del lanzamiento llevada a cabo el veintitrés de febrero del año en curso. IV. Certeza de actos Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir informe justificado, lo que se corrobora con las documentales que remitieron en apoyo. V. Estudio de fondo Toda vez que las partes no alegaron causa de improcedencia, ni en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador advierte oficiosamente la configuración de alguna, procede el estudio de la cuestión planteada. Así, antes de abordar los motivos de inconformidad manifestados por la parte quejosa, se precisa que su análisis se hará bajo el principio de estricto derecho, toda vez que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos para suplir su deficiencia en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Primeramente, para la efectiva comprensión de la contienda, se realizará la narración de los antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, María de Jesús Fierro Bañales -tercera interesada- demandó en la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción reivindicatoria a Gustavo Adolfo Bernal y María Elena López Medina. Tocó conocer la demanda al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, quien la registró con el número 220/2021, y el quince de diciembre de dos mil veintiuno dictó sentencia definitiva, en la que se determinó la acreditación de la acción. La sentencia se notificó a las partes vía electrónica el tres de enero del año en curso. Mediante auto de catorce de enero siguiente se declaró firme la sentencia. A petición de la parte actora, el treinta y uno de enero del año en curso, el Juzgado responsable dictó auto en el que se ordenó el lanzamiento de la parte demandada. El veintitrés de febrero siguiente se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento. Los dos últimos hechos constituyen los actos reclamados. En contra de dichos actos el quejoso realiza un concepto de violación, en el que en esencia, manifiesta lo siguiente: Son violatorios de los derechos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Son ilegales porque no se respetó su derecho de audiencia o sus reglas contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en razón de que la autoridad responsable a) no notificó debidamente la sentencia definitiva, b) desechó el recurso de apelación interpuesto en su contra y, c) se ejecutó la sentencia cuando había medios de impugnación pendientes de resolver. Es inoperante la parte del motivo de disenso en el que la solicitante del amparo aduce que la resolución reclamada viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, en los cuales se consagra los derechos de legalidad y seguridad jurídica. Estas prerrogativas tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidad esencial que le dé eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que éste último actúe, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades. Ahora, un concepto de violación puede caer en la inoperancia, entre otras formas, cuando se omita expresar argumentos concretos enderezados a la cuestión debatida. Así, para cumplir con los requisitos mínimos de argumentación, el planteamiento del quejoso debe formar un conjunto de enunciados concretos respecto de las cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de razonamientos lógico-jurídicos tendentes a desvirtuar los argumentos y conclusiones que motivaron el acto de la autoridad responsable. Por tanto, la transcripción de preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser suficiente para formular planteamiento eficaz, pues no basta la simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan producido. Entonces, cuando la parte inconforme se limita a referir que un acto es inconstitucional al transgredir distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u alguna otra ley y diversos derechos por aquéllos reconocidos, sin expresar argumentos lógico-jurídicos tendentes a precisar y demostrar la alegada inconstitucionalidad, es evidente que sus planteamientos son inoperantes. En ese tenor, el planteamiento precisado es inoperante, pues el quejoso se limita a denunciar que la resolución reclamada y su ejecución transgreden los derechos previstos en los numerales de la Constitución citados, sin formular algún argumento lógico-jurídico que evidencie porqué. Sin que pase inadvertido que el operador jurídico debe atender la causa de pedir; sin embargo, eso no significa que la parte quejosa se limite a realizar meras afirmaciones sin fundamento, pues es obvio que le corresponde exponer, aunque sea un razonamiento mínimo del porqué, estima inconstitucional o ilegal el acto que reclama. Sirve de apoyo la jurisprudencia con registro digital 185425, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". Por otra parte, también es inoperante la parte del concepto de violación en la que se duele de la transgresión a su derecho de defensa. En primer lugar porque la parte quejosa no combate frontalmente la resolución reclamada y su ejecución; es decir, no evidencia o argumenta por qué la decisión de emitir auto de lanzamiento podría ser ilegal, de qué manera le causa perjuicio o lo deja en estado de indefensión. Y, en cuanto a la diligencia de ejecución, no manifiesta si con ella se faltó a las formalidades previstas para llevarla a cabo y por qué. O si durante su ejecución se violentó algún derecho sustantivo que pudiera ser reclamable en esta vía. Ello, en atención a que la orden de lanzamiento ejecutada tiene autonomía del procedimiento respectivo porque posteriormente no habrá otra resolución que pueda subsumir a dicha orden. Sin embargo, como se dijo, no se demostró que la diligencia reclamada violentara algún derecho del quejoso. En otro aspecto, manifiesta que la ejecución de la sentencia de primera instancia fue ilegal porque se encuentran medios de impugnación que pudieran revocar la determinación. Sin embargo, dicho argumento parte de una premisa falsa ya que de las constancias que conforman el expediente y sus anexos, no se advierte que el quejoso hubiere promovido algún medio de impugnación. Ya que fue la codemandada María Elena López Medina quien interpuso los recursos de apelación, revocación, así como incidente de nulidad de actuaciones. En ese sentido, de obtenerse algún beneficio de los medios de impugnación interpuestos, sería en favor de dicha parte y no del quejoso. Así, como se adelantó esta parte del concepto de violación también es inoperante. Sirven de apoyo los criterios con números de registro digital 166031 y 2001826, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado". "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida". En consecuencia, al ser inoperante el motivo de disenso en estudio, se niega la protección solicitada. Por lo expuesto y fundado: VI. Se resuelve Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a Gustavo Adolfo Bernal Flores contra los actos reclamados por las razones expuestas en el apartado V de este fallo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Abraham Moraga Amaya, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que aún se encuentra pendiente el emplazamiento de la tercera interesada. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se señalan las diez horas con catorce minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, las cuales serán valoradas en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Legajo de prueba. Debido a la voluminosidad de las documentales anexas al informe de cuenta, se ordena formar por separado un legajo de pruebas que se identificará como tomo I. Tercero interesado. En términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada a María de Jesús Fierro Bañales. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Sahuaripa número 192, esquina con Dr. Pesqueira, colonia Prados del Centenario, de esta ciudad, y proceda emplazar formalmente a la referida tercera interesada, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto de radicación y del presente proveído, e informe que se encuentran señaladas las diez horas con cuatro minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, la requiera para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese; y personalmente a la citada tercera interesada. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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