Gustavo Adolfo Arteaga Soto
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gustavo Adolfo Arteaga Soto
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de mayo de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el diez de mayo del actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés a través del que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Se notifica vía electrónica a la parte quejosa el acuerdo dictado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés.. Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por 1. ********************, 2. Mayra Rodríguez Torres, 3. Eduardo Fernando Cavazos, 4. Benito Gerardo Homs Rojo, 5. Virginia Magali Pérez Figueroa, 6. Gustavo Adolfo Pastrana y Ángeles, 7. Mercedes Guillermina Romo Juárez 8. Jaime Ortiz Romero, 9. Mónica León Delgado y 10. Cynthia Rubio Salgado, contra actos del 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 341/2023, y acuérdese lo conducente. Ahora bien, por cuanto hace a la certificación secretarial de cuenta y en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto, el suscrito juzgador procede a acodar lo siguiente: Con fundamento en los artículos 113 y 108 de la Ley de Amparo, el suscrito advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia y, por ende, SE DESECHA LA DEMANDA CONSTITUCIONAL respecto de los promoventes 6. Gustavo Adolfo Pastrana y Ángeles, 7. Mercedes Guillermina Romo Juárez y 8. Jaime Ortiz Romero. Así, el primero de los citados preceptos establece la obligación del juzgador de amparo, de analizar el escrito de demanda sobre el que, en caso de advertirse alguna hipótesis de improcedencia que sea manifiesta e indudable, impone desecharla de plano. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, enumera los requisitos que debe contener la demanda de amparo, pero específicamente su primer párrafo, indica que deberá formularse por escrito, lo que conlleva la necesidad de que vaya firmada autógrafamente, al ser éste un requisito indispensable para hacer constar la voluntad de los promoventes, así como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley; circunstancia que de no ser satisfecha, redundaría en la carencia de la expresión de dicha intención, respecto de los promoventes: 6. Gustavo Adolfo Pastrana y Ángeles, 7. Mercedes Guillermina Romo Juárez y 8. Jaime Ortiz Romero. En efecto, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra "firma" debe entenderse de la siguiente manera: "Nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido" . De la definición anterior, podemos advertir que cuando una persona estampa de su propia mano, su nombre (completo o no) o bien, su rúbrica, dicha circunstancia revela como auténtico el documento sobre el que se plasmó, además, permite distinguir el consentimiento o aprobación del contenido del documento atribuido a su autor. Establecidas las anteriores premisas, del examen escrupuloso de la demanda de amparo y de sus anexos, el suscrito advierte que en la oficina de correspondencia común, el funcionario que recibió la demanda de mérito asentó, en su primera hoja, que el escrito de demanda contenía firma de siete quejosos, siete copias y ocho anexos. Por tanto, si en el escrito inicial de demanda faltaron firmas autógrafas de los promoventes 6. Gustavo Adolfo Pastrana y Ángeles, 7. Mercedes Guillermina Romo Juárez y 8. Jaime Ortiz Romero; requisito indispensable que distingue la voluntad o consentimiento de los directos interesados, entonces, y como consecuencia de ello, debe desecharse la demanda respecto de dichos promoventes, por carecer del primer requisito enumerado en el primer párrafo del artículo 108 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido a la atención del suscrito, el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a las actividades que debe realizar el oficial de partes del órgano jurisdiccional correspondiente, específicamente verificar que cuando recibe una promoción, ésta se presente en original y con firma autógrafa, pues por regla general, ello hace suponer que fue presentada en dichos términos, ya que el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, les impone a dichos funcionarios encargados, tal obligación; sin embargo, si al momento en que reciban un escrito o promoción no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que fue exhibido en original y con la signatura referida. Dicho criterio quedó expuesto en la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Sin embargo, dicha jurisprudencia, lejos de desvirtuar, corrobora el criterio que aquí se sostiene para desechar la demanda de amparo respecto de los promoventes antes indicados, ya que el oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, desde el primer momento que tuvo acceso a la demanda, asentó con claridad "con firma de seis quejosos". Por lo que hace nugatorio el derecho de admitir dicha demanda en los términos planteados, pues las consecuencias de dicha omisión, son atribuibles sólo a los promoventes. En consecuencia, al ser evidente que el escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa sólo por cuanto hace a los promoventes 6. Gustavo Adolfo Pastrana y Ángeles, 7. Mercedes Guillermina Romo Juárez y 8. Jaime Ortiz Romero; con fundamento en los artículos 112 y 113, en relación con el primer párrafo del diverso 108 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA CONSTITUCIONAL por cuanto hace a los promoventes antes indicados. En otro orden de ideas, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo respecto de los restantes promoventes 1. ********************, 2. Mayra Rodríguez Torres, 3. Eduardo Fernando Cavazos, 4. Benito Gerardo Homs Rojo, 5. Virginia Magali Pérez Figueroa, 9. Mónica León Delgado y 10. Cynthia Rubio Salgado. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. Los artículos invocados establecen: Ley de Amparo "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que medularmente los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: ". El DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el diario oficial de la Federación, con fecha 2 de marzo del presente año 2023." Al respecto, en los conceptos de violación que la parte quejosa expone que tiene interés legítimo sobre la situación que plantea, como ciudadanos mexicanos y que los actos que reclaman vulneran intereses de la sociedad en general y colectivos de toda la ciudadanía mexicana, en especial garantizar elecciones libres y democráticas. Expuesto lo anterior, debe decirse que los quejosos no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama les irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernados o ciudadanos mexicanos. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado con las reformas a la normativa que rige los procesos electorales, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tienen un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no les agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que acude al amparo en razón de que las normas generales reclamadas no permiten la realización de le elecciones libres y democráticas en el país, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por actos de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Sustenta lo antes expuesto, la tesis siguiente: Registro digital 2009201 "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para ellos, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de texto: Registro 233517 "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Por ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en estudio. REPRESENTANTE COMÚN DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo de la Ley de Amparo, se designa como representante común de los quejosos a ********************, sin perjuicio de que con posterioridad, sea sustituido por otro. AUTORIZADO Y DOMICILIO PROCESAL Ténganse como personas autorizadas con facultades restringidas en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan en su escrito, puesto que no acreditan la calidad de licenciadas y licenciados en Derecho, al no contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Ahora, considerando que la primera de las mencionadas personas se ostentan como licenciado en derecho, lo que pretende acreditar con el número de cédula que cita, dígasele que conforme al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puede comparecer ante cualquier órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, de conformidad con el punto cuarto del mencionado acuerdo, proceda al registro de su cédula profesional, para lo cual, deberá presentarse con la solicitud de registro elaborada que le puede ser entregada en el órgano jurisdiccional que se presente, y a la cual acompañará una copia de dicha cédula. Con la precisión de que deberá exhibir al momento de solicitar su registro el original de su cédula o copia certificada, para cotejar y verificar los datos asentados en la aludida solicitud; lo anterior, con el objetivo de que, en aras de una mejor y pronta administración de justicia, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política Federal, su cédula quede registrada en el invocado Sistema, hecho lo anterior deberán hacerlo del conocimiento del suscrito en el juicio en que se actúa a efecto de proveer lo conducente, hasta en tanto no den cumplimiento a lo anterior, continuarán como autorizada y autorizados para los efectos apuntados en líneas precedentes. Así también, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta zona conurbada, cierto y exacto para tal efecto. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta vía internet, con el nombre del usuario ********************, en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, en atención a su diversa solicitud, se le tiene como forma para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la vía electrónica. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Por otra parte, no ha lugar a tener por designado el medio alternativo que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correo electrónico y telefonía celular) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe.
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