Gustavo Abreus Aranzola

Expediente 77/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
77/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Abreus Aranzola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto lo ordenado en el juicio de amparo 77/2022-IX, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que las partes no se inconformaron en contra de la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, en la que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, requiérase a las partes para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezcan en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificados, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibidas que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que mediante sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintiuno (fojas 36 a 46), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los impetrantes Malaqui Iveth Estrada Vallejos y Gustavo Abreus Aranzola, en representación de su menor hija de iniciales A. N. A. E., respecto del acto que reclamó al Oficial Segundo del Registro Civil, con sede en esta ciudad. Resolución que causó ejecutoria por acuerdo de veinticinco de marzo del presente año (fojas 50 a 52), por lo que se solicitó a la responsable el cabal acatamiento al fallo concesorio. Mediante oficio 248/2021 con anexo, recibido en el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, la responsable de mérito informó sobre el cumplimiento dado al fallo definitivo dictado dentro del presente asunto (fojas 54 a 56). Por lo que una vez que se puso a la vista de las partes, los dolientes, por conducto de su autorizada legal, mediante escrito presentado el quince de los actuales, realizó diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia concesoria, en el sentido de que la autoridad ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 58 y 59); por tanto, con independencia de esa declaración, este tribunal procede a analizar si se cumplió o no, con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora bien, en este juicio de garantías se reclamó la negativa de la autoridad señalada como responsable, en registrar el nacimiento de una menor de edad, hija biológica de los quejosos Malaqui Iveth Estrada Vallejos y Gustavo Abreus Aranzola, por exigir requisitos relativos a las nacionalidades de los padres [hondureña y Cubana]. En la sentencia de dieciocho de febrero de dos mil veinte, que causó ejecutoria el veinticinco de marzo del presente año, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que, de inmediato, la responsable expidiera el acta de nacimiento definitiva sin anotaciones, relativa al registro que efectuó el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante acta número 272, del libro 2, de la Oficialía Segunda del Registro Civil de esta localidad, a nombre del menor A. N. A. E., ya sea que determinara que ese mismo documento quedará como definitivo o expidiera uno nuevo con esa naturaleza. Como se anticipó, a través del oficio 248/2021 con anexo, la Oficial Segundo del Registro Civil, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado al fallo definitivo dictado dentro del presente asunto, toda vez que remitió copia certificada del registro de nacimiento con número de certificado 0228051373, con número de acta 272, libro 2, con carácter de definitivo (foja 55). La documental en cita, reviste valor probatorio pleno, con apoyo en los ordinales 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del arábigo 2º de la Ley de Amparo; asimismo, se cita la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal, con registro electrónico 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." El análisis del oficio y anexo en comento, permite concluir, que la responsable ha satisfecho los efectos del fallo concesorio emitido en esta contienda. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito declara que, ha quedado cumplida la sentencia protectora sin excesos, ni defectos, desde el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en que la responsable registró a la menor A. N. A. E. en forma definitiva, dentro del certificado 0228051373, con número de acta 272, libro 2. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia protectora se dictó el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. 2. Dicho fallo causó ejecutoria el veinticinco de marzo siguiente. 3. La fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento lo es el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. 4. El oficio relativo se recibió en este tribunal el quince de abril del mismo año. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es catorce de abril del año en curso; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es veinte de abril de dos mil veintiuno, se tiene por cumplida la ejecutoria. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días para interponer recurso de inconformidad en contra de este pronunciamiento, con apoyo en los numerales 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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