Gustaco Ariel Villanueva Quintal
Expediente 1276/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gustaco Ariel Villanueva Quintal
- Gustaco Ariel Villanueva Quintal y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se negó el amparo y protección de Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, los autos del presente juicio de amparo 823/2020-I, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria de amparo; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada dictada en el presente expediente, se concedió el amparo instado al quejoso Juan Marcial Viento Campos, respecto del acto reclamado al Director de la Policía Municipal de la localidad y municipio de Muxupip, Yucatán. Segundo. Por oficios sin número y JUM/210823 remitido por la Directora de Seguridad Pública de Muxupip, Yucatán, informó sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria de amparo. Mediante proveídos de veinte de junio y veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con los referidos oficios y anexos para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus intereses conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestaciones respecto de las vistas que se le dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En la sentencia de que se trata, se concedió el amparo a favor del quejoso Juan Marcial Viento Campos, para el efecto de que el Director de la Policía Municipal de la localidad y municipio de Muxupip, Yucatán, realizara lo siguiente: "Dejar sin efectos el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado en relación con el vehículo marca Ford, Sport Trac XLT V8, modelo dos mil ocho, color azul aperlado, número de serie 1FMEU31878UA22741. Devolver al aquí quejoso el citado vehículo, sin exigir a cambio cobro alguno, asentando constancia de la entrega." Del examen de los oficios sin número y JUM/210823 remitido por la Directora de Seguridad Pública de Muxupip, Yucatán y anexos, los cuales tienen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende lo siguiente: El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, anuló el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado en relación con el vehículo marca Ford, Sport Trac XLT V8, modelo dos mil ocho, color azul aperlado, número de serie 1FMEU31878UA22741. Por otro lado, el veintidós de enero de dos mil veintitrés, le fue entregado al aquí quejoso, el vehículo antes descrito. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Por otro lado, hágase saber a las partes que cuenta con el término de quince días computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 de la ley de la materia para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número ********************-VI********************promovido por ******************** ********************, representante legal de ******************** ********************, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 14, 16, 17, 22, 31, fracción IV Constitucionales; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ******************** ********************, representante legal de ******************** ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Encargado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" dependiente del Servicio de Administración Tributaria, Notificador adscrito a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Presidente, Vicepresidente de la Administración y Planeación Estratégica y Coordinador de Finanzas, los últimos tres adscritos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la ciudad de México. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós; se solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables, informes que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes, se le dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y previos diferimientos, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en el acta que antecede, y, C********************o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo en materia administrativa, promovida contra actos con ejecución dentro del ámbito territorial en que este Juzgador ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: 1.- De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal de Derechos entre los cuales se encuentran los artículos 29-E fracción VII y 29-K de la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil once. 2.- Del Presidente, Vicepresidente de la Administración y Planeación Estratégica y Coordinador de Finanzas, todos adscritos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la ciudad de México, la determinación, liquidación y cobro del concepto de supervisión del cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en específico el cobro relativo al pago de derechos generados por concepto de los servicios de inspección y vigilancia, en término de lo previsto en los artículos los artículos 29-E fracción VII y 29-K de la Ley Federal de Derechos, por el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, consistente en el acto de aplicación relativo al inicio del procedimiento administrativo de ejecución número ********************, consistente en el oficio ******************** de quince de diciembre de dos mil veinte. 3.- Del Encargado de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" dependiente del Servicio de Administración Tributaria y Notificador adscrito a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1" dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, la ejecución de dicho procedimiento. Tercero. Inexistencia de actos. El Director Contencioso y Directora Contenciosa, ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", en representación del Presidente y Vicepresidente de la Administración y Planeación Estratégica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su informe justificado negaron los actos que se les reclaman, sin prueba contrario de la parte quejosa, por lo que se tienen por inexistentes los mismos en relación a dichas autoridades En tal virtud, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en relación a las autoridades referidas en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Subdirector de********************Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Directora General de Amparo contra Leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el Director Contencioso y Directora Contenciosa, ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", en representación del Coordinador de Finanzas (éste último en su correcta y actual denominación), todas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuye, lo cual se corrobora con las constancias que obran en el presente juicio, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, por lo que se tienen por ciertos los actos que le son atribuidos en el presente juicio de amparo. Además, al reclamarse normas de carácter general, no es necesario acreditar su existencia o inexistencia, pues basta su publicación en el Diario Oficial de la Federación para comprobar esta circunstancia, pues esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Sustenta la consideración anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a página 260, tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, el Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la misma (en su correcta denominación), al rendir su informe justificado, manifestó no ser ciertos los actos que se le atribuyen, no obstante, del contenido del mismo y de las constancias que obran en el presente juicio, se advierte la existencia de los citados actos de molestia, por lo que se tienen por ciertos los mismos. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Directora General de Amparo contra Leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al rendir su informe justificado manifiesta que respecto del artículo 29-K de la Ley Federal de Derechos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, pues no se advierte que la parte quejosa haya realizado razonamiento alguno para combatir el referido artículo, debido a que sus conceptos de violación van encaminados a acreditar la inconstitucionalidad del diverso 29-E, fracción VII, de la citada Ley. Lo anterior se considera fundado por las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: .VIII. Los conceptos de violación." En términos de los preceptos transcritos, se advierte que uno de los requisitos esenciales que debe contener la demanda de amparo, es el de expresar los conceptos de violación; así también, se establece que la improcedencia del juicio puede derivar de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, con el propósito de determinar lo que se entiende por concepto de violación y por no contraponerse a las disposiciones de la ley de la materia en vigor, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." Así, en la jurisprudencia que se cita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo ni guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, mencionando la lesión o agravio que el quejoso considera le causa el acto y los motivos que lo originaron. Los conceptos de violación deben considerarse como la expresión razonada que se ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados, expresando, en el caso, la causa de pedir, misma que se configura con la manifestación de la ley o acto que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados y los motivos o razones que acreditan la transgresión del orden constitucional. Bajo estas premisas, de la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia claramente que la parte quejosa omitió expresar argumento de inconstitucionalidad alguno en contra del artículo 29-K, de la Ley Federal de Derechos, o la mínima razón por la que estime que tal disposición es contraria al texto constitucional, pues de sus conceptos de violación se advierte que van encaminados a acreditar la inconstitucionalidad respecto del requerimiento de la presentación de declaración de pago de los ejercicios fiscales, por concepto de derechos de inspección y vigilancia********************establecidos en el artículo 29-E, fracción VII,********************de la Ley Federal de Derechos. Además, si bien la Ley de Amparo no exige requisitos rígidos para la formulación de los conceptos de violación, sino que acepta como tales todos aquellos razonamientos que expresen la causa de pedir y señalen cuál es la lesión o agravio que causa la ley impugnada y los motivos que lo originaron, lo cierto es que, en la especie, la peticionaria de amparo no formuló argumento alguno dirigido a demostrar la inconstitucionalidad del referido numeral que impugna. De ahí que se actualice la causal de improcedencia que se analiza y sea procedente sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 29-K de la Ley Federal de Derechos. Por otra parte, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Directora General de Amparo contra Leyes de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con sede en la Ciudad de México, refiere que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI en relación con la diversa fracción X ambas del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la moral quejosa promovió diversos juicios en los que impugnó la misma norma reclamada. Lo anterior se considera fundado ya que este Juzgado de Distrito estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del mismo numeral, ya que la norma general reclamada ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, por lo que opera la cosa juzgada. En principio, es importante señalar que los preceptos legales que disponen la causa de improcedencia en estudio, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] X.- Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI.- Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". Del análisis integral de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso contra las mismas autoridades y por idéntico acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De igual forma, se advierte que para que opere esta causal respecto de normas generales, debe existir sentencia firme en la que se analice la constitucionalidad de una norma de carácter general, además, únicamente cuando se declare la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Sobre el primer acto de aplicación al que alude dicho precepto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es aquél que trasciende a la esfera jurídica del promovente, y en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LXX/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 445, Novena Época, con Registro digital: 186675 de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso". Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P. 30, que más adelante se transcribirá, estableció que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en un juicio promovido contra una norma general motivo del primer acto de aplicación, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello, precisó el máximo tribunal, opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de amparo que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación. Ahora bien, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, se advierte que la parte quejosa ******************** ********************, promovió los diversos juicios de amparo ******************** y ********************, el primero del índice del Juzgado Tercero de Distrito en esta entidad, y el segundo de este Juzgado,********************en los que reclamó el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos (reformado el primer párrafo y adicionada la fracción, en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil once), con motivo de diversos actos de aplicación consistentes en los pagos de derechos a favor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ambos juicios de amparo se concedió el amparo para los siguientes efectos: Efectos de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán: A) Deje insubsistente el oficio ********************de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México; B) No aplique en lo futuro a la quejosa del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, analizado en esta resolución. Efectos de la sentencia de diez de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado de Distrito: A) Deberá dejar insubsistente el oficio ********************de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el que se determinó el adeudo por concepto de derechos generados por los servicios de inspección y vigilancia proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, por la suma principal de ********************más actualizaciones y recargos; y, B) No aplique en lo futuro a la moral quejosa el artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, analizado en esta resolución. Debe señalarse que la resolución dictada en el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, no ha causado ejecutoria, en virtud de que fue impugnada mediante el recurso de revisión, en tanto que la sentencia emitida en el juicio de amparo ********************, causó ejecutoria por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Bajo ese contexto, debe señalarse que en el presente juicio de amparo ********************, la misma moral quejosa ******************** ********************, promovió demanda de amparo en contra de la Ley Federal de Derechos, particularmente el artículo 29-E, fracción VII, con motivo de un acto concreto de aplicación consistente en el pago bancario del Derecho de Supervisión del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se materializó el uno de diciembre de dos mil veinte y que dio origen al procedimiento administrativo de ejecución de catorce de junio de dos mil veintidós Lo anterior pone de manifiesto que existe identidad en la parte quejosa, autoridades responsables y leyes reclamadas, entre los juicios de amparo ******************** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y ******************** del índice de este juzgado y el presente juicio de amparo ********************, y que en el segundo ya quedó firme la sentencia mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Por tanto, es claro que la inconstitucionalidad del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, constituye cosa juzgada para la moral quejosa. Sustenta lo anterior, la parte conducente de la jurisprudencia 2a./J. 112/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1545, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COSA JUZGADA REFLEJA. NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. En términos del precepto invocado, la cosa juzgada que actualiza la improcedencia del juicio de amparo exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en que: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ese modo, si la llamada cosa juzgada refleja no comparte esos supuestos, porque en su configuración no existe la concatenación de tales elementos personales y objetivos, es inconcuso que su prevalencia no actualiza la improcedencia del juicio de amparo." En ese sentido, toda vez que a la fecha quedó firme la sentencia de fondo dictada en el diverso juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado, es indudable que ésta rige la situación de la quejosa respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamarla, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en ese sentido, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P.30, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Por otro lado, no escapa la atención la manifestación que realiza la propia quejosa en su escrito inicial de demanda, en el sentido de que promovió ante el Juzgado Tercero de Distrito un diverso juicio de amparo bajo el número ********************, el cual, al estar vinculado a este juicio a petición de este juzgado, se advierte que reclamó la expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil once, específicamente los artículo 29-E, fracción VII, en su carácter de disposición heteroaplicativa, esto con motivo de su primer acto de aplicación, que hizo consistir en el oficio ******************** de siete de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Director General Adjunto de Finanzas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la ciudad de México, a través del cual, se determinó el adeudo a su cargo por concepto de derechos generados por los servicios de inspección y vigilancia proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, correspondiente al ejercicio dos mil catorce, por el monto de $29,496. 00 (veintinueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos). Sin embargo, la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, sobreseyó en el juicio respecto de dicha norma al considerar que no controvirtió tal dispositivo con motivo de su primer acto concreto de aplicación, sino de uno subsecuente o ulterior, ya que según advirtió fue el oficio ********************, de tres de septiembre de dos mil dieciocho, que en su caso constituía el primer acto concreto de aplicación del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos. De lo anterior se estima que al margen de que respecto del artículo 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, se haya sobreseído en el mencionado juicio de amparo ******************** (que la propia quejosa reconoce haber promovido), lo cierto es que se determinó que no constituía el primer acto de aplicación. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia descrita, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de aplicación de la norma jurídica reclamada, toda vez la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece que si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; sin embargo, en este caso se declaró la inconstitucionalidad de las leyes, por lo que dicha concesión debe regir la situación de los ulteriores actos de aplicación. En mérito de lo resuelto, se considera innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, pues dicho estudio no cambiaría el sentido de la presente resolución. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79********************de la Ley de Amparo se ************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** ********************, por conducto de su representante legal ******************** ********************, contra los actos que reclama de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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