Gumesindo Sanchez Lagunas
Expediente 1370/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1370/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gumesindo Sanchez Lagunas
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por ******, a través del cual subsana la prevención formulada a la demanda de amparo.Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1370/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: - La omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por el que solicitó el diferimiento de la audiencia de solicitud de sobreseimiento en la causa penal ****. - El acuerdo dictado el cuatro de octubre de dos mil veintidós por la Juez Especializada de Control del Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio con domicilio en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos, dentro de la causa penal ******, por medio del cual se acordó desfavorable la petición de diferir la audiencia de sobreseimiento, y declaró abandonada la representación de su parte. Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;;". "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera que es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. Ahora bien, en el caso, el promovente carece de interés jurídico para insta la acción constitucional. Ello es así, pues tratándose de actos provenientes de autoridades judiciales, como sucede en el presente asunto, la parte quejosa tiene que ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, para que resulta procedente el juicio de amparo, mientras que el asesor jurídico de una persona dentro de un proceso penal es auxiliar en la administración de justicia, y en dichos términos, no cuenta con un derecho propio dentro del proceso. En ese contexto, la función de un asesor jurídico, es de auxiliar, en el caso, a la víctima, para proporcionar una defensa técnica adecuada, más no así para sustituirla en su calidad de parte. De la misma forma, clarifica esa esa posición de auxiliares, el hecho de que el asesor jurídico es sustituible o prescindible en su calidad personal como individuo particular, ya que puede ser removido, no sólo por la parte que lo designa, sino también de oficio por el juez de proceso, en los casos y condiciones establecidas en la ley, ya que su finalidad es salvaguardar el derecho de la persona a una adecuada defensa, no así un derecho particular del asesor de permanecer en su cargo. En ese contexto, los asesores jurídicos carecen de interés jurídico para impugnar la determinación mediante el cual fue removido, en tanto que no cuenta con un derecho a su favor qué defender, pues la víctima es parte formal y material del proceso, es a quien corresponde directamente y de forma primigenia, el derecho a designar a los abogados defensores que considere a fines a sus intereses. Luego, el asesor jurídico removido que promueve este juicio de amparo, no cuenta con interés jurídico para impugnar la determinación que pretende, pues precisamente, no tiene un derecho adquirido a su favor para mantenerse en su cargo. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2014433 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la ejecutoria emitida en el recurso de queja 278/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido y se agrega en autos para que conste como corresponda, el oficio del delegado de las autoridades responsables del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones relativas al cumplimiento del fallo protector, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que el decreto pensionario a favor de la parte quejosa sea firmado en su totalidad por los integrantes de la mesa directiva de dicho recinto legislativo, allegue copia certificada del mismo, lo anterior a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector dictado en autos; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ******, por propio derecho, contra actos de la Juez Especializada de Control del Distrito Judicial Único de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio con domicilio en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1370/2022 y fórmese expediente. Prevención. Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierten irregularidades que requieren ser subsanadas, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracción V y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: Único. Del escrito de demanda se advierte que la quejosa reclama que la autoridad responsable destituyó a su asesor jurídico por no haberse presentado a la audiencia del veintinueve de octubre de dos mil veintidós dentro del procedimiento de origen. Por tanto, al ser la referida fecha futura, la quejosa deberá aclarar dicha cuestión, de modo que el acto reclamado sea coherente con los antecedentes del mismo. Además deberá precisar si se duele de dicha determinación, ello en razón de que en el capítulo respectivo, únicamente señala como tal el proveído de cuatro de los actuales. Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, así como para establecer claramente la litis constitucional y las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado en relación a los actos que en particular se les atribuyen. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe a la promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Domicilio y autorizada. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizada con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a*-*****, ya que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Correos electrónicos y números telefónicos. Téngasele por señalados los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificarle, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.
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