Gumersindo Limón Valadez
Expediente 1241/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gumersindo Limón Valadez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintitrés de enero del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. Con fundamento en artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. ...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad que se tuvo para notificar personalmente al quejoso Gumersindo Limón Valadez, el acuerdo de veintitrés de enero del año en curso, donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por los motivos allí expuestos. En virtud de lo anterior, túrnese el presente expediente a cualesquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado, a fin de que notifique por lista de acuerdos a la parte quejosa el referido acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones una las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad... ACUERDO DE 23 DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinte de enero del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, en representación de la Comisionada de la Subdelegación de Administración y Subdelegado, de cuyas constancias se advierte que ya se emitió respuesta a la solicitud del quejoso y la misma le fue notificada, por lo que ahora se provee en los siguientes términos: Sobresee fuera de audiencia. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 1241/2022/I y se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. El acto reclamado por el quejoso es la omisión de la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, Comisionada de la 02/10/23 13:23:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.32.6e Bernardo Arbea Pérez Subdelegación de Administración y del Subdelegado Médico, ambos de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, de dar respuesta a la petición de treinta de agosto de dos mil veintidós, con sello de recibido catorce de septiembre de la pasada anualidad. En el caso, la parte quejosa aduce que las autoridades responsables con su actuar omisivo vulneran en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional1 , respecto al derecho de petición, que prevé que los funcionarios y los empleados públicos deberán respetarlo, poniendo como única limitante que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, teniendo como obligación el ente público acordar respecto a esa petición y hacerlo saber en breve al peticionario. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 , prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, Comisionada de la Subdelegación de Administración y del Subdelegado Médico, ambos de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, de dar respuesta a la petición de treinta de agosto de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo3 . Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, esto es, que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse como la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Precisado lo anterior, en el caso, Gumersindo Valadez Limón, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión de la Jefa de Servicios de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, Comisionada de la Subdelegación de Administración y del Subdelegado Médico, ambos de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, de dar respuesta a la petición de treinta de agosto de dos mil veintidós. Y, del oficio que se recibe se desprende que el doce de enero de la presente anualidad, a través del diverso N° R.H./0165/2023 el Jefe de Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, dio contestación a la solicitud presentada por el quejoso Gumersindo Limón Valadez, la cual fue acordada favorable a sus intereses, pues como lo solicitó le fue autorizada la compactación de su horario al término de su jornada (30 minutos) y dicha respuesta que contiene la autorización le fue notificada personalmente. Lo anterior, tiene como consecuencia que el acto reclamado dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos fecha de audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con un minuto del tres de febrero de la anualidad en curso. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes..
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... lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos fecha de audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con un minuto del tres de febrero de la anualidad en curso. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes...
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... se difiere para las once horas con un minuto del tres de febrero de dos mil veintitrés...
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