Gumercindo Salinas Morales
Expediente 1779/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1779/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2017
Partes del expediente
- Gumercindo Salinas Morales
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de noviembre del presente año (fojas 22 a 32), a través de la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gumercindo Salinas Morales, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. De igual modo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Luego, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la ley de la materia, lo cierto es que por auto de veintidós de noviembre último (fojas 17 a 19), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, quien da fe. Doy fe.
- Principal
V.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: La certificación de cuenta evidencia que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 281), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247 con número de registro 917781, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "1. La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, así como la fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil dieciséis, cuyos actos atribuyó a la "LIX" Legislatura del Estado de México y al Gobernador Constitucional del Estado de México. 2. El primer acto de aplicación de esa norma por parte del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, consistente en la recepción del pago de derechos por concepto de compra venta, adquisición o transmisión de propiedad o posesión de más de $431,773, efectuado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente (fojas 72 a 107), en la que resolvió: "Único. La Justicia de Unión ampara y protege a Fabiola Juárez Murrieta, contra los actos y autoridades identificados en el considerando segundo de este veredicto, para los efectos precisados en la última parte del considerando séptimo de esta sentencia." El nueve de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia, el cual se tuvo por interpuesto hasta el dieciséis de ese mes, al haber desahogado el requerimiento efectuado en el proveído de nueve de marzo de dos mil diecisiete. Recurso que fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se resolvió: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión" El nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 240 y 241), se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y en la misma fecha, se requirió a la autoridad responsable Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, su cumplimiento, el cual debería ser para el efecto de que realice lo siguiente: "a) No aplique a la quejosa la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y la diversa fracción II, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del propio artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, deberá devolver las cantidades que se pagó por tales conceptos y a que se refieren los volantes universales IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, el primero con línea de captura para pago en ventanilla ITK70490878713007237 correspondiente a la inscripción del contrato de compraventa y el segundo, con línea de captura IXE70490879813007255 relativo al pago por concepto de inscripción de contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, cada uno por la cantidad de dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco pesos ($16,745.00), ambos expedidos por la Oficina Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues la concesión de amparo contra la norma reclamada, por considerarse inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a los gobernados del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deban pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, esto es, por la cantidad de $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata.." En atención a ello, mediante oficio 227B14200/620/2017, de dieciséis de octubre del año en curso, el Subdirector Jurídico y representante legal del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó haber emitido el cheque número 0004878, válido por la cantidad de 30,150.00 (treinta mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Fabiola Juárez Murrieta, misma que amparaba el monto total a restituir a la agraviada (fojas 243 a 246). Asimismo, mediante diverso comunicado 227B14000/1869/2017, de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veinte de octubre del año en curso, Salvador Hernández Becerril, en su carácter de representante legal de la quejosa, recogió el cheque referido en el párrafo anterior, mismo que cobró el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, de lo cual remite constancias para acreditar su dicho (fojas 271 a 280). En esa tesitura, la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para los efectos de que no aplicara a la quejosa la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y la diversa fracción II, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del propio artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, protección constitucional que se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, debería devolver las cantidades que se pagó por tales conceptos y a que se refieren los volantes universales IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, el primero con línea de captura para pago en ventanilla ITK70490878713007237 correspondiente a la inscripción del contrato de compraventa y el segundo, con línea de captura IXE70490879813007255 relativo al pago por concepto de inscripción de contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, cada uno por la cantidad de dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco pesos ($16,745.00), ambos expedidos por la Oficina Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de México, sin que ello implicara que no debían pagar por el servicio, lo que, en todo caso, debería hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, esto es, por la cantidad de $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que realizó lo siguiente: a) Determinó no aplicar a la parte quejosa la porción normativa correspondiente al artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6, y fracción II, inciso c), rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal 2016 (foja 244); y b) Emitió el cheque número 0004878, válido por la cantidad de 30,150.00 (treinta mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Fabiola Juárez Murrieta, el cual se cobró el veintitrés de octubre anterior (foja 280). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes.
- Principal
II.- Toluca, México; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Delegada del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, mediante el cual informa que se encuentra realizando gestiones, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite acuse de recibido del oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, con número 216001000/3137/2017, dirigido al Subdirector de Egresos del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, para acreditar su dicho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes, se toma conocimiento de dicha circunstancia y estese en espera del cumplimiento total que la autoridad dé al fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretario Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por licencia otorgada al titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/5290/2017 de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Alejandra Domínguez Santos, que autoriza y da fe.
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