Gumercindo Herrera Bautista
Expediente 223/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2018
Partes del expediente
- Gumercindo Herrera Bautista
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil dieciocho. ? Desechamiento. Visto el escrito presentado por *************, por propio derecho, contra actos del Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala y otra autoridad, fórmese el tomo I de pruebas con las copias certificadas que anexó. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece la facultad del Juez de Distrito, de poder desechar de plano una demanda de amparo, cuando del examen de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En este contexto, cabe señalar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ? Todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 637/2018, a partir de la devolución del exhorto 34/2018, debidamente diligenciado a través del exhorto 357/2018 del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, puebla ? Causal de improcedencia (definitividad) Sin embargo, respecto del referido acto reclamado, este órgano jurisdiccional, advierte que de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la disposición normativa transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente, contra actos respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aunque la agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior, pues el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En este contexto, en relación con el acto reclamado consistente en las diligencias del veintiuno y veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, a través de las cuales se dejó citatorio y se hizo requerimiento de pago de lo condenado en el juicio ejecutivo mercantil 637/2015 del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacateco, Tlaxcala, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Con el fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene transcribir el contenido de los artículos 1055, fracción IV y 1349 a 1353 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1055. Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: (.) IV. Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas bajo pena de nulidad por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certificar el acto;" "Artículo 1349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo 1351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo 1352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten." El artículo 1055 transcrito establece que los juicios mercantiles se rigen bajo diversas reglas, de las que destaca la relativa a que las actuaciones judiciales resultan anulables si no colman los requisitos legales establecidos. Por su parte, del análisis conjunto de los artículos 1349 a 1353, se desprende que los incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, los cuales se tramitan bajo dos supuestos, el primero, relativo a los incidentes de tramitación verbal en las diligencias judiciales, el segundo, relativo a las incidencias de tramitación escrita; el último precepto establece la manera en que deberán tramitarse tales incidencias. En ese orden, el Código de Comercio prevé supuestos específicos en que las actuaciones judiciales serán nulas, por lo que aun cuando instituye los incidentes de manera genérica, es en vía incidental que debe intentarse la nulidad de las actuaciones o notificaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en la ley, tal como se prevé en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio por disposición de su artículo 1054 , específicamente en el numeral 319, párrafo primero, del referido código procesal civil, que dice: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. (.)" En ese contexto, la quejosa estuvo en posibilidad de promover el incidente de nulidad contra la diligencia de requerimiento de pago, habida cuenta que se trata del medio de defensa idóneo para lograr su nulificación, pero al no hacerlo de manera previa al juicio de amparo, inobservó el principio de definitividad, lo que actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 422, Libro 48, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a diciembre de 2017, que es del tenor siguiente. "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, Tomo XVI, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2002, que dice lo siguiente. "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." ? Autos reclamados En otro aspecto, en relación con los autos de veintiocho de agosto y catorce de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, la parte quejosa tampoco observó el principio de definitividad, pues dichos acuerdo son susceptibles de ser impugnados mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, que prevé: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." En efecto, de conformidad con el numeral antes invocado, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. En el caso, en los autos reclamados se ordenó requerir de pago al quejoso -en ejecución de sentencia-, por lo que dichos mandamientos si bien son susceptibles de recurrirse a través del recurso de apelación, en el caso, ese recurso resulta improcedente por razón de la cuantía, de ahí que sea impugnable a través de la revocación. Para corroborar lo anterior, es preciso traer a colación el contenido de los diversos numerales 1341 y 1345, fracción IX, del citado código mercantil, que establecen lo siguiente. "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia;." Las disposiciones normativas transcritas disponen que en los juicios ordinarios o ejecutivos procede la apelación contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia. También se prevé que son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone. Asimismo que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Además, debe destacarse que el citado artículo 1341, no distingue para efectos de la procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes o después de que se dicte la sentencia, por lo que la interpretación lógica y jurídica debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia son recurribles por ese medio, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN. El artículo 1341 del Código de Comercio, no distingue para efectos de procedencia del recurso de apelación, que se trate de resoluciones o autos emitidos antes de que se dicte sentencia definitiva, antes bien, la interpretación lógica y jurídica de dicho precepto debe ser en el sentido de que los pronunciados en ejecución de sentencia, al no existir posibilidad jurídica y material de que se revisen en la sentencia definitiva porque ésta ya se dictó, deben ser recurribles en apelación, a condición de que causen un gravamen que no pueda repararse en la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución y de que el interés del asunto exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento, de conformidad con el diverso artículo 1340 del propio ordenamiento legal." En el caso, el auto que ordena requerir de pago, y en su caso, el embargo de bienes, en ejecución de sentencia, se trata de un acto que causa un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, porque ésta ya se dictó, de ahí que por regla general, dicho acuerdo admite el recurso de apelación. Máxime que la norma aplicable para determinar el recurso por razón de la cuantía en un juicio ejecutivo mercantil, por regla general, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, una vez que llegue el momento de recurrir. Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corete de Justicia de la Nación, que dice: "APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio." Del criterio invocado se desprende que, por regla general la procedencia de un recurso debe analizarse con base en la regla vigente al momento de recurrir; asimismo se prevén dos excepciones a dicha regla, la primera es atinente a las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no sean aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor de tales reformas; y el segundo, relativo al derecho adquirido por las partes, esto es, que antes de entrar en vigor alguna reforma, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido algún recurso de apelación, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo. Sin embargo, no se advierte la actualización de algunos de esos supuestos de excepción, pues en relación con la cuantía no se ha previsto alguna disposición transitoria que excluya su aplicación, en tanto que, de los autos del juicio de origen tampoco se advierte que las partes hubieran hecho valer algún recurso de apelación que pudiera actualizar en la actualidad que cuenta con el derecho adquirido de apelar. En ese tenor, atendiendo a la interpretación conjunta de los artículos 1334, 1339 y 1340 del Código de Comercio , vigente en el momento en que se pronunciaron los acuerdos reclamados -dos mil dieciocho-, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el diverso de apelación, a saber, en negocios cuyo valor no exceda de $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100), por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados; por lo que considerando que de las copias certificadas relativas el expediente de origen que exhibió el propio quejoso, se aprecia que la suerte principal reclamada asciende a la cantidad de $500,000 (quinientos mil pesos); por lo que el recurso de apelación resulta improcedente en contra del auto reclamado, por razón de la cuantía y, en su contra era procedente el recurso de revocación. Tal consideración encuentra sustento en las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO QUE NIEGA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA EN JUICIOS MERCANTILES, SI POR RAZÓN DE LA CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. El auto que niega decretar la caducidad de la primera instancia en un juicio que, conforme a los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos, antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque la negativa a decretar la caducidad de la instancia constituye un auto que no paraliza la prosecución del juicio, pues resuelve sobre dicha pretensión pero sin concederse, pudiendo continuar aquél hasta dictarse la sentencia que ponga fin al proceso. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, pues no resuelve el negocio o la acción de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena, como lo exigen los artículos 1077, párrafo primero, y 1325 al 1327 del código citado, sino que niega la pretensión de que se decrete la caducidad de la instancia y resuelve una cuestión durante el proceso que es indispensable dirimir antes de llegar a la sentencia que pone fin al juicio. Por lo tanto, debe agotarse el recurso de revocación en contra del auto que niega la caducidad de la instancia para estar en aptitud de impugnarlo a través del juicio de amparo; con la salvedad del caso en el que se trate de una sentencia interlocutoria, pues en este último caso no será procedente el recurso de revocación." "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Con base en lo anterior, se colige la actualización de la causa de improcedencia relativa a la definitividad de los actos reclamados, pues de manera previa a promover el juicio de amparo, la quejosa debió agotar los recursos conducentes, esto es, el incidente de nulidad en contra de la diligencia de requerimiento de pago, y el recurso de revocación en contra de los acuerdos que reclama. No se soslaya que, como se dijo anteriormente, el invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, prevé algunos casos de excepción al principio de definitividad, entre los que se encuentran aquellos que importen peligro de privación de la vida y en general los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación a proceso, excepto la sentencia definitiva en el proceso penal; y cuando se trate de persona extraña al procedimiento, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en ninguno de los casos de excepción se ubica el presente asunto, pues los actos reclamados no se tratan de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión o auto de vinculación a proceso. Por otra parte, tampoco puede considerarse que la parte quejosa sea persona extraña al procedimiento precisamente, pues le reviste el carácter de parte demandada, que compareció al procedimiento. Al respecto, es pertinente destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un tercero extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos -actor o demandado-, porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, tal como se desprende de la Jurisprudencia de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Carlos Enrique Zayas García, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por *******, en contra de los actos del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala, y otros; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 223/2018-III. Al respecto, cabe señalar que las fracciones IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)" Ahora del estudio integral de la demanda se advierte que la promovente de amparo es impreciso en señalar si tuvo ya reconocido el carácter de parte procesal dentro del juicio ejecutivo mercantil 637/2015, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala, si compareció a juicio, así como manifestar el monto total de lo sentenciado en la controversia. Lo anterior, cobra relevancia debido a que controvierte todo lo actuado en ese juicio a partir de una diligencia específica, y no a partir del emplazamiento, aunado a que se desconoce la etapa procesal en que se practicó dicha diligencia. Además, la información omitida puede subsanarse por el quejoso, pues de los antecedentes narrados se advierte que solicitó al juzgado de origen copias certificadas de todo lo actuado en la contienda mercantil, atento a lo cual, es conocedor de dicha información, misma que resulta necesaria para continuar con la tramitación del presente juicio de amparo. En consecuencia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción I, y 114, fracciones II y III de la Ley de Amparo , requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este órgano jurisdiccional: 1. Si el quejoso tiene la calidad de parte procesal reconocida en el mencionado juicio mercantil; esto es, si ya compareció al procedimiento. 2. Si en el expediente 637/2015, del índice del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala, a que hace referencia en su demanda, ya se emitió sentencia ejecutoriada o aún se encuentra en trámite. 3. De haberse emitido una sentencia, y su liquidación, precisar el monto de la condena líquida que se condenó. En la inteligencia que para subsanar esta prevención, podrá adjuntar a su escrito aclaratorio las copias certificadas del juicio mercantil de origen. ... Forma en que se debe cumplir la prevención. Lo que deberá hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Lo anterior, en virtud de que precisar los antecedentes del acto reclamado, es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. Copias del escrito aclaratorio. Se hace saber a la parte promovente que deberá acompañar (7) copias de su escrito aclaratorio para distribuirlas como sigue: (2) para la apertura del incidente de suspensión, (1) para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, (1) para la parte tercera interesada, y (3) más para las autoridades responsables; lo anterior conforme lo establece el artículo 110 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.106/2005 de rubro "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS". Requerimiento de constancias. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, a efecto de mejor proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo, requiérase al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, Zacatelco, Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente a la legal notificación de este proveído, informe si Gumercindo Herrera Bautista, es parte procesal en el juicio ejecutivo mercantil 637/2015, así como el estado procesal que guarda ese expediente, remitiendo a este Juzgado Federal copias fotostáticas certificadas, legibles y completas de las constancias que así lo acrediten. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 124, del Volumen 187-192, Cuarta Parte, Séptima Época, del rubro siguiente: "DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER." Apercibido que en caso de no hacerlo en el plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la fracción I, del artículo 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados en este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia en vigor, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. ... Notifíquese.
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