Gumaro Elías Hernández Zúñiga
Expediente 969/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gumaro Elías Hernández Zúñiga
- Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En uno de diciembre de dos mil dieciséis, el secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con un oficio y anexo registrado con el folio 19995. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio de cuenta 11597/2016, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja civil 113/2016; acúsese el recibo correspondiente; hágase del conocimiento del quejoso que la Superioridad, DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA interpuesto contra el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por este Juzgado Federal, a través del cual se desechó de plano la demanda de derechos promovida por GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívense los autos. En su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
En veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con un escrito registrado con el folio 16323. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Gumaro Elías Hernández Zúñiga, mediante el cual, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar del distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. Sin dilación alguna, remítase el escrito por el que se interpone el recurso de mérito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del referido medio de impugnación. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
En trece de septiembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el número 15730, con anexos y copias que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta suscrito por ********************por el cual da cumplimiento a lo ordenado por proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Del examen integral de la demanda de amparo se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Con base en dichas porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es dable colegir, que contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, es pertinente destacar que el acto reclamado se hace consistir en: 1) El auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, en el expediente ******************** en el cual se le dijo al autorizado de la parte demandada que no había lugar a decretar la suspensión del procedimiento, virtud a que el mismo versa sobre la contradicción de desconocimiento y reconocimiento de paternidad, promovido por ********************, en nombre y representación de su ******************** contra ********************. 2) El auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el citado Juez Tercero del Ramo Familiar, en el cual se le dijo al autorizado de la parte demandada que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud toda vez que la acción de nulidad absoluta planteada es materia de juicio autónomo que deberá promover en la vía y forma conducente. Así pues, se estima que el amparo indirecto que se promueve, es improcedente, en virtud de que conforme a la redacción del artículo 107, específicamente en su fracción V, contenido en la Ley de Amparo en vigor, los autos dictados el quince y veintidós de agosto de dos mil dieciséis, en el expediente ******************** relativo al juicio de contradicción de desconocimiento y reconocimiento de paternidad promovido por ********************, en nombre y representación de su ******************** contra ********************, no constituyen un acto en el juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos del quejoso, en los términos destacados por el legislador ordinario, pues solo constituye una violación procesal que no afecta algún derecho fundamental tutelado a favor de las personas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en instrumentos internacionales. En efecto, conforme a la anterior Ley de Amparo y de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 4/2001, registro 190368, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; se estableció que el juicio de control constitucional en que se combatan violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, empero, de modo excepcional se podrían combatir dichas violaciones, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Dicho concepto, ".en grado predominante o superior.", se sostuvo, debía determinarse de forma objetiva, por lo que se tomó en cuenta la institución procesal que estuviera involucrada, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; directrices que se concluyó, confluyeron en las cuestiones inherentes a la personalidad, pues aun cuando constituían una cuestión formal que no se tradujera en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sí estaba relacionada con un presupuesto procesal, sin el cual no queda debidamente integrada la litis, aunado a que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. De ahí, que fue considerado que tales resoluciones implicaban una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto, en tanto que causan a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, conforme lo disponía la fracción IV de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, remediable mediante el juicio de amparo indirecto, exceptuando aquélla en que el acto reclamado constituya declaración de la responsable, relativa a que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, pues entonces, la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo. Ahora, conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo (a diferencia de la fracción IV de la Ley de Amparo derogada), el legislador ordinario dio contenido a aquél concepto denominado "imposible reparación", pues al afecto determinó que por ello, debe entenderse como los actos ".que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, bajo la directriz establecida por el legislador ordinario al darle contenido a ese concepto, se estima que conforme a la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden ser considerados como de aquéllos en que se afecten derechos sustantivos, en tanto que esa violación constituye un acto procesal subsanable si se obtiene laudo o sentencia favorable, pues así desaparecerían las consecuencias originadas por aquél. No es óbice a lo anterior, que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, independientemente de la magnitud de ello, incluso procedería contra el desechamiento de todos los elementos de convicción ofertados por las partes, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se estima resultan jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional, sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos, bajo los cuales, no puede considerarse la determinación que resuelve cuestiones inherentes a la personalidad (salvo cuando se desestima la relativa a la de la parte actora, pues dada su naturaleza y consecuencias que produce, contra ésta procede el amparo directo), en tanto que sus efectos y consecuencias, pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia favorable. Además, conviene acotar que no se opone a lo considerado en el presente fallo, lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; pues como se ha expuesto, dicho criterio se ocupó de darle contenido y alcance al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que no especificaba lo que habría de entenderse por acto de imposible reparación, mientras que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del tres del mismo mes de abril de dos mil trece, da contenido a dicho concepto en su artículo 107, fracción V, el cual, no se actualiza en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto. De manera que en términos del artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se promulgó la nueva Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia antes indicada, dejó de ser aplicable a los juicios de control constitucional que se promueven a partir de que entró en vigor este ordenamiento. Cabe agregar, que en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto mayoritario de los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza, determinó desechar el proyecto que resolvía la contradicción de tesis 377/2013 (entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito), en el cual se proponía la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que dirime cuestiones de personalidad, con base en las consideraciones que sustancialmente fueron reiteradas en esta sentencia, según se puede apreciar de las versiones taquigráficas publicadas en la página oficial del máximo tribunal. Por ello, en esas sesiones los seis Ministros mencionados, votaron en contra del proyecto referido, en tanto que consideraron que la redacción actual de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, limita la procedencia del juicio de amparo indirecto, a aquellos actos dentro de juicio que afecten derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de actos procesales, como ocurre con el que define la personería de quien interviene en el proceso, con independencia de la magnitud de su afectación, ya fuera exorbitante o superior para el propio proceso, razón por la cual se ordenó returnar el asunto a diverso Ministro. Para ilustrar lo anterior, se citan las tesis IV.2o.C.5 K (10a.), registro 2005729, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto se leen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos (sic) Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, se cita la tesis II.1o.C.1 K (10a.), registro 2005910, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que se lee: "PERSONALIDAD. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El siete de febrero de dos mil trece, previo a la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expidió dicha legislación, la Cámara de Diputados adujo, entre otras cosas, que incorporaba en forma puntual criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaban el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Sobre esa base, como en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, debe entenderse que ante esa limitación, los citados en segundo plano no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata, no obstante la existencia de esos dos criterios orientadores que antaño interpretaban lo que debía entenderse por actos de imposible reparación. De ahí, entonces, que aun cuando la resolución que desestime la excepción de falta de personalidad pueda considerarse una violación procesal relevante, finalmente no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, debe reclamarse en la vía directa. De esta forma, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión, se aparta del que venía sosteniendo desde el tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema ahora analizado, y donde se había pronunciado en sentido diverso." De lo anterior, se obtiene que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, para combatir los actos que aquí se reclaman, consistentes en: 1) El auto de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, en el expediente ******************** en el cual se le dijo al autorizado de la parte demandada que no había lugar a decretar la suspensión del procedimiento, virtud a que el mismo versa sobre la contradicción de desconocimiento y reconocimiento de paternidad, promovido por ********************, en nombre y representación de su ******************** contra ********************. 2) El auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el citado Juez Tercero del Ramo Familiar, en el cual se le dijo al autorizado de la parte demandada que no había lugar a acordar de conformidad su solicitud toda vez que la acción de nulidad absoluta planteada es materia de juicio autónomo que deberá promover en la vía y forma conducente. Pues se reitera, dicha actuación no genera una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, en los términos expuestos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, en tanto que sus efectos son sólo intraprocesales, que no generan un efecto de imposible reparación sobre las personas o las cosas, y sus efectos, pueden ser reparados mediante la obtención de una sentencia favorable o bien, de serle adverso dichas violaciones podrían quedar subsanadas con el eventual cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo. En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado de que se trata no ocasiona una afectación a derechos sustantivos del quejoso, sino sólo efectos procesales o adjetivos, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por ********************. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. Doy Fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRAQCCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS EL CUAL DICE: "En veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario de Juzgado licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con la demanda de amparo promovida por GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, registrada con el número 14955, con nueve copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 969/2016-5, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.]IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado.". Con apoyo en el precepto legal invocado, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO días contados a partir de la legal notificación de este proveído cumpla con lo siguiente: En principio, es de indicarse que del contenido de la demanda de amparo se desprende que la quejosa en el capítulo de actos reclamados señala como tales: "a) El auto de fecha quince de agosto que me fue notificado por lista el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis; b) el auto de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis dictados dentro de los autos del expediente número 581/2015.". Sin embargo, no precisa qué fue lo que se acordó o resolvió en esos proveídos, pues de la redacción de la demanda se advierte: a) que Maricruz Espinoza Mireles, en representación de su menor hijo Daniel Alejandro Díaz Espinoza, demandó en forma simultánea el reconocimiento de paternidad contra Gumaro Elías Hernández Zúñiga y, José Luis Díaz Contreras; b) Que la actora en el juicio natural además reclama de la quejosa pensiones vencidas cuantificable durante todos los años de vida que tiene el menor, lo que dio origen al expediente 581/2015 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Familiar de la Capital. c) Que el quejoso promovió nulidad absoluta del juicio contradictorio, cuya procedencia de la suspensión le fue negado. d) Manifiesta también, que José Luis Díaz Contreras se allanó en todas y cada una de sus partes a la demanda instaurada en su contra. e) De igual forma refiere que es ilegal que se ordene la prueba de ADN en la persona ********************, a fin de desvirtuar el vínculo filial que ostenta como progenitor del menor ********************Por tanto, se requiere al quejoso a efecto de que precise: que fue lo que se acordó o resolvió en cada uno de los autos que señala como actos reclamados, de ser posible, exhiba copia de los autos recurridos, o bien, exhiba la transcripción íntegra de los mismos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Se apercibe al quejoso, que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; lo anterior, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a los licenciados ******************** toda vez que cuentan con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y por no acreditar la anterior circunstancia, se tiene únicamente como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******************** y como domicilio para tal fin el ubicado en ********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
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