Guimel Gaspar Cantú

Expediente 562/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
562/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Guimel Gaspar Cantú
  • Presidente Ejecutor del Tribunal de Concialición y Arbitraje del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente laboral de origen 735/2012, remítanse a su lugar de procedencia, esto es, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, debido a que remitió las constancias que integran el expediente laboral 735/2012, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que el presidente responsable adjuntó a su precitado informe, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Para comenzar, por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Guimel Gaspar Cantú, por conducto de su apoderado legal Saúl Carranza Catalán, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: ".La omisión de hacer efectivo el apercibimiento a la parte demandada, decretada en auto de fecha 02 de diciembre del 2019, correspondiente a 200 días de salario diario a la Sindica Procuradora la C. TOMASA VILLANUEVA SANCHEZ..." Sentado lo anterior, es preciso destacar que la identificación del acto reclamado, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la parte quejosa, analizando los anexos y la información allegada por las partes procesales en esa etapa inicial. De ahí que, del análisis de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que Guimel Gaspar Cantú, reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad: La falta de acuerdo al escrito que presentó en seis de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 735/2012, en el que solicitó se requiera a la parte demandada la cantidad total a la que fue condenada en el laudo respectivo, informar acerca de la multa impuesta a la demandada, mediante oficio 12451/2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho y aplicar la multa fijada a la demandada en proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La jurisprudencia resulta aplicable, no obstante de referirse a la Ley de Amparo anterior, porque en esencia, no se contrapone al sentido de la Ley de Amparo actual, en términos del artículo Sexto transitorio, del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En el caso, la autoridad responsable emitió el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 735/2012, en el cual se aprecia que acordó el escrito que presentó en seis de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 735/2012, ello debido a lo siguiente: En principio, por lo que respecta a la petición consistente en que se requiriera a la parte demandada la cantidad total a la que fue condenada en el laudo respectivo, se pronunció respecto de la planilla de liquidación respecto a la parte actora, indicando que al aquí quejoso Guimel Gaspar Cantú, le corresponde la cantidad de $641,421.06 (seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos veintiún pesos 06/100 moneda nacional). Asimismo, requirió a la Sindica Procuradora de la parte demandada, para que dentro del término de diez días hábiles, exhibiera la cantidad de $10´041,885.34 (diez millones cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional), apercibida que en caso de no hacerlo, le aplicaría una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo. Respecto a la solicitud consistente en informar acerca de la multa impuesta a la demandada, mediante oficio 12451/2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, indicó que no se ha acreditado el cobro de dicha multa, por lo que giró oficio a la Dirección de Cobro Coactivo y verificación, para que en el término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente hábil en que sea notificado, informe que ha materializado el cobro de dicha multa. En relación a aplicar la multa fijada a la demandada en proveído de dos de diciembre de dos mil diecinueve y se requiera a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de que haga efectivas las multas impuestas a la demandada, indicó que se estuviera a lo acordado en dicha autos, donde se había actualizado el requerimiento al demandado. Como resultado de lo anterior, cesó en sus efectos la omisión en la que había incurrido la autoridad responsable al haberse pronunciado sobre el acto reclamado por la parte quejosa; por lo cual, los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de marzo de dos mil veintidós Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de febrero de dos mil veintidós. Glósese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por Olga Ramírez Quiroz, Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atlilxtac, Guerrero, personalidad que acredita con la constancia que anexa al escrito de cuenta; por tanto, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo se le reconoce dicha personalidad, por medio del cual informa que en veinte de enero de dos mil veintidós, recibió los oficios 10309/2020 y 3101/2021. En tales condiciones, con apoyo en el arábigo artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase al tercero interesado apersonándose al presente juicio; circunstancia que se toma del conocimiento para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene a Antonio Alcocer Salazar y Vicente de la Cruz Hernández, como sus autorizados en términos amplios, ello debido a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tienen como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que designa en su escrito de cuenta, dado que no tienen registrada su cédula profesional en el aludido sistema. Así también, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. Además, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico y número de teléfono proporcionados con el fin de tener medios alternativos de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte tercera interesada, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Finalmente, en relación a la solicitud de la promovente, respecto la devolución de las documentales que anexa con su escrito de cuenta, dígasele que por el momento no ha lugar a devolver las documentales que solicita, ya que si bien el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece la devolución de los documentos exhibidos, ello implica que debe otorgarse a la contraparte un tiempo prudente para objetarlos, de ahí que deben obrar en el expediente en que se actúa, con el folio correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, uno de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos signado por la Juez Mixto de Paz del Municipio de Atlixtac, Guerrero, se tiene devuelto diligenciado el despacho 572/2021; por tanto, glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas que se lleva en este juzgado federal y téngase a la parte tercera interesada (Ayuntamiento Municipal constitucional de Atlixtac, Guerrero) por notificada de los oficios 10309/2020 y 3101/2021, de veinticuatro de agosto de dos mil veinte y cuatro de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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