Guimbel Rosas Monje
Expediente 377/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Violencia Familiar correspondiente a la Fiscalía General del Estado, Morelia, Michoacán
- Guimbel Rosas Monje
Actuaciones
- Principal
Causa estado auto que desechó de plano la demanda de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida, aparentemente, por Guimbel Rosas Monje, por propio derecho, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del numeral 35, segundo párrafo, del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que estos no fueron exhibidos. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Visto el sobre devuelto por la Administradora Local de Correos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve la pieza postal que contiene el oficio 4460, con la anotación al reverso "Rehusado"; en esas condiciones, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial adscrito a fin de que dé cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de marzo pasado. Lo anterior, a fin de que remita la comunicación oficial que derive del presente proveído al correo electrónico institucional magdalena.mendoza@tsjcdmx.gob.mx, debiendo confirmar su recepción al teléfono 9156-4997 extensión 663502, con la licenciada Magdalena Mendoza Guerrero, para lo cual deberá asentar la razón correspondiente a la recepción de dicho comunicado. Con independencia de lo anterior, se ordena la remisión del oficio devuelto por vía telegráfica el cual se deberá dirigir al domicilio ubicado en calle Niños Héroes 132, Torre Norte 8, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, ciudad de México, código postal 06720, a efecto de que de dicha autoridad quede debidamente enterada del contenido de dicho oficio y proceda de inmediato a su cumplimiento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Guimbel Rosas Monje, por propio derecho, contra actos que atribuye al Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Violencia Familiar, de la Fiscalía General del Estado, de quien reclama lo siguiente: "III.- ACTO RECLAMADO: de una posible orden de aprehensión que se vaya a ejecutar en contra de mi persona en forma injusta. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número IV-377/2021, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se tiene que en el ocurso de amparo se indica que el peticionario de amparo directo es Guimbel Rosas Monje, quien, por su propio derecho, formula demanda de amparo contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía de Violencia Familiar, de la Fiscalía General del Estado, mismos que se precisaron líneas atrás. Así, con relación a dicha petición de amparo, una vez que se realizó el análisis integral de la demanda respectiva, se pone en evidencia la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origina el desechamiento de la petición de cuenta; no obstante, previo a indicar cuál es la citada causa y los motivos por los que se considera actualizada, es pertinente recordar que el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J-6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Precisado lo anterior, como se indicó, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que dice ser promovida por Guimbel Rosas Monje, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, segunda parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la lectura del precepto 6 de la ley de la materia, se obtiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su representante legal -acreditada esa personería con el documento idóneo-; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona -supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal-. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad del quejoso para acudir al juicio de amparo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada rige el procedimiento constitucional. Es decir, que necesariamente para estar en condiciones de analizar cualquier petición de amparo, debe contarse con la manifestación de quien se dice afectado en sus derechos, en el sentido de que es su voluntad acudir a dicha instancia constitucional, pues sólo de esa forma puede impulsarse la maquinaria jurisdiccional de amparo a fin de verificar si los actos que se reclaman son atentatorios de los derechos humanos de la parte quejosa. Lo anterior implica que de no contarse con la aludida expresión de voluntad, es inconcuso que -ante una petición de amparo carente de tal requisito fundamental- la demanda de amparo resultará improcedente, dado que no existe petición de amparo de parte agraviada que deba ser atendida por el tribunal constitucional. Hasta aquí con el análisis de los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia que se considera actualizada en el caso concreto. Hemos mencionado que este juzgado federal no puede emprender el análisis de la oportunidad, urgencia o cualquier otro requisito de procedebilidad de una determinada demanda de amparo, si la petición de que se trata no cuenta con la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, en el sentido de que desea acudir al juicio de amparo. Así, tenemos que tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación, y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Ya dejamos establecido que para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada; asimismo, que esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma autógrafa del quejoso, su representante o apoderado y en original -es decir, no en copia- el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico en original, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate, precisamente porque la ausencia de certeza sobre la voluntad de quien aparece como quejoso, de comparecer ante la potestad federal, en acatamiento al principio dispositivo que rige en materia de amparo. Hasta aquí con el marco normativo y jurisprudencial que justifica la calificativa de improcedencia que se emitió al inicio de este proveído. En efecto, como se indicó, en el caso particular se tiene que en la demanda de amparo se indica que el carácter de quejoso directo lo es Guimbel Rosas Monje, quien actúa por propio derecho, como además se corrobora con la reproducción simple de una rúbrica al final de dicho ocurso, tal como se observa de la razón asentada por la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, lo que además se corrobora de la revisión del propio escrito, del que se observa que la firma plasmada en dicho documento constituye una copia simple; sin embargo, en el caso particular, no es factible a considerar que lo plasmado en el citado acuerdo, corresponda a la voluntad de quien aparece como agraviada, precisamente porque carece del signo que permitiría generar esa convicción, es decir, no contiene firma autógrafa. De ahí que lo indicado por el personal adscrito a la oficina de correspondencia común en cita, en el sentido de que la demanda contiene sólo una rúbrica en copia simple, impide que pueda operar la presunción a que se refiere la contradicción de tesis 353/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que dicho ocurso se recibió con firma en original, sino que únicamente permite establecer que el mismo contiene signos que pueden corresponder a firma, pero no que los mismos sean en original. Lo que además es corrobora, por un lado, con la anotación -por parte de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito- inserta en la parte superior de la demanda de amparo, en la que asentó "No contiene firma original" y, por otro lado, con la observación directa del propio documento, la cual, sin necesidad de ser perito en la materia, permite advertir que en efecto obran signos gráficos al final del documento, pero los mismos constituyen copias simples, no así originales. De ahí que este juzgado se encuentre impedido para pronunciarse con relación a la petición de amparo que se indica en el escrito que se analiza. En atención a las consideraciones preinsertas, este juzgado federal considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos, precisamente porque no se tiene certeza de que la reproducción simple carente de certificación de autoridad competente, constituya la voluntad de quien se señala como quejoso. Máxime que no estamos en presencia de alguno de los casos de excepción que eximen el cumplimento de ese requisito (esto es, en los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal), como se observa de la naturaleza de los actos reclamados que aquí se hacen valer, (orden de aprehensión), al tenor de lo dispuesto por los preceptos legales y su interpretación citados en párrafos previos. En efecto, para considerar que la petición contenida en la demanda que ahora nos ocupa corresponde a quien se señala como peticionario de amparo, resulta inconcuso que tal ocurso debe contener la firma autógrafa respectiva en original, siendo insuficiente para ello la existencia de una copia simple de tal signo gráfico para colmar el requisito en comento, como ocurre en el caso particular; es pertinente dejar anotado que no es jurídicamente factible que la aludida circunstancia pueda ser objeto de prevención, toda vez que ya se dejó establecido que la omisión en comento no constituye una mera irregularidad subsanable, sino que está ante la ausencia de un requisito fundamental para tener por expresada la voluntad del quejoso de acudir a la presente instancia constitucional. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza por los motivos y fundamentos expuestos en este acuerdo. Es menester indicar que la presente determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Señala domicilio. En otro aspecto, se tiene que en el caso particular es improcedente proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones y la autorización que para tal efecto se concede, pues como ya se precisó, el documento que se acuerda carece de firma electrónica; por tanto, no puede tenerse por hecha la manifestación de la voluntad, ni siquiera para el aspecto relativo al señalamiento de domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló que, cuando se trata del auto que ordena aclarar la demanda, es necesario notificar dicho proveído de manera personal, aun cuando el domicilio señalado quede fuera de la residencia del tribunal de amparo; ello a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Por tanto, si en el presente acuerdo se determinó desechar la demanda, inconcuso es que se deba notificar esta resolución de manera personal. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2004, visible en la página 321, tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo". Por tanto, dada la trascendencia del presente proveído y a fin de no dejar en estado de indefensión al aludido quejoso, hágase la notificación de este acuerdo de manera personal en el domicilio que señaló para tal efecto en el escrito de cuenta, el cual se encuentra ubicado en: Calle Lago de Chapala, número 56-BA, entre las calles Río Yaqui y Miguel de Cervantes Saavedra, correspondiente a la colonia Ventura Puente, en esta ciudad. En el entendido de que las notificaciones referentes a los acuerdos subsecuentes incluso los de carácter personal, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, pues como se dijo, resulta improcedente proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones señalado en la demanda. Providencias generales con relación al nuevo esquema de reanudación de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Sin perjuicio de lo señalado para quien formuló la cita referida en párrafos atrás, es pertinente anotar que este juzgado federal exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (los contendientes, terceros y auxiliares) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Notificación Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
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