Guilleromo Fernández Hernández
Expediente 1030/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guilleromo Fernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO EL AUTO DE DESECHAMIENTO. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de treinta de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Toda vez que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible...III
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de junio de dos mil veintidós. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, procede el análisis del mismo en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Tal precepto legal prevé que una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, el artículo 77 de la legislación en comento establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 2 derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, en la ejecutoria emitida, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Marisol del Valle Ortiz, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo: a) Dejara insubsistente el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 920/2021, únicamente en lo que se refiere a la fecha y hora programadas para la audiencia conciliatoria, debiendo programar dicha diligencia dentro del plazo establecido en el artículo 115 de la ley burocrática estatal, que se computará a partir del momento en que sean citadas las partes, lo que a su vez deberá verificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a que reciba el oficio mediante el cual se le comunique que causó ejecutoria esta sentencia; y, b) Citara a las partes a la audiencia conciliatoria, con la debida anticipación, pues el cumplimiento de los derechos fundamentales de prontitud y expeditez en la administración de justicia, en el caso a estudio, no sólo se cumplen con la fijación de la fecha y hora en que debe celebrarse la audiencia, sino también con la notificación oportuna a las partes de esa circunstancia, porque de ello depende que tal diligencia se desahogue dentro del plazo establecido en la ley secundaria. Al respecto, con motivo del oficio STPSH/TECA/AMP/311/2022, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo de SERGIO SÁNCHEZ MEJORADA NÁJERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a3.6a 29/07/23 11:24:50 3 veintisiete de septiembre del año pasado, emitido en el juicio laboral 920/2021, en el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señaló las doce horas del treinta minutos del cuatro de febrero para el desahogo de la audiencia conciliatoria en el juicio de origen. Asimismo, remitió las constancias de notificación hechas a las partes respecto de dicho auto de veintisiete de septiembre, el cual se notificó el treinta de septiembre siguiente a la parte actora, y el veintisiete de octubre posterior a la parte demandada, es decir, con la debida anticipación. Sin embargo, llegada la fecha señalada para el desahogo de la audiencia conciliatoria en el expediente laboral 920/2021, se tuvo a las partes por inconformes con cualquier arreglo, por lo que turnó los autos a la Secretaría General de Acuerdos para que procediera al arbitraje. En esas condiciones, se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, con lo cual la parte quejosa fue restituida en sus derechos fundamentales violados; por tanto, procede declarar que el fallo protector ha quedado cumplido. DESTINO DEL EXPEDIENTE. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar o promoción pendiente por acordar y ya que el expediente físico coincide con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio. DESTINO DEL PRESENTE JUICIO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional...M-IV
- Principal
...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de treinta de junio de dos mil veintidos, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Guillermo Fernández Hernández, contra un acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo ya actuario de su adscripción, fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1030/2022-III-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo no continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración. Al examinar la demanda, se estima actualizada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Es importante mencionar que, la Ley de Amparo en la fracción V del artículo 107 establece un concepto más preciso para comprender de manera clara el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al señalar que por dichos actos se entienden "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De suerte tal que con esa aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación de la que se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: 1. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo, lo que ocurriría por ejemplo si quien tiene interés en una controversia no es llamado a juicio, pues de facto se negaría su derecho fundamental de audiencia y, por consiguiente, se vería imposibilitado a ejercer su derecho a defenderse. 2. En el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la legislación de la materia. Por las razones que la sustentan se cita la jurisprudencia P./J. 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios" Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", se estima que el acto reclamado en este juicio de amparo no es violatorio de derechos sustantivos. Previo a evidenciarlo, conviene señalar los antecedentes del acto reclamado que narró el quejoso, bajo protesta de decir verdad: ? "Dentro del expediente número 607/2021, formado con motivo de la demanda interpuesta por Marco Antonio Fernández Madrid, en contra del suscrito Guillermo Fernández Hernández, se llevó a cabo el día 31 de enero del 2022 la audiencia de Conciliación, demanda contestación y excepciones. ? El día 03 de marzo del 2022, en el expediente antes citado se lleva a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, reservándose la autoridad responsable el acuerdo de admisión de cada parte. ? Se dictó un acuerdo de fecha 11 de marzo del 2022, en el cual se provee: En su punto 1. Téngase a la parte actora Marco Antonio Fernández Madrid través de su apoderado legal ofreciendo como pruebas de su parte las contenidas en un escrito constante de dos fojas útiles, las cuales se admiten en su totalidad por estar ofrecidas conforme a derecho lo anterior en términos del artículo 776 al 780 de la ley federal del trabajo. En su punto II. Se tiene a la parte demandada Guillermo Fernández Hernández a través de su apoderado legal ofreciendo como pruebas de su parte las contenidas en un escrito las cuales se admiten en su totalidad a excepción de la marcada con el numeral 2 por no estar ofrecida conforme a derecho y no ser parte de la litis, por lo que respecta a lo solicitado en uso de la voz, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado toda vez que no es parte de la litis." Como ya se estableció el juicio de amparo es improcedente ya que el acto reclamado no constituye ni produce efectos de imposible reparación, pues de existir violaciones en cuanto a la inadmisión de pruebas, sólo se refieren a cuestiones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos. Se asevera lo anterior, toda vez que los efectos del acto reclamado únicamente inciden en el desarrollo del procedimiento. En efecto, se reclama la inadmisión de pruebas marcadas con el numeral dos del escrito del quejoso, y en uso de la voz de su apoderado legal en audiencia de pruebas, solicitó se girara oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual no se acordó favorable por no ser parte de la litis. Como se ve, tales efectos son meramente adjetivos, porque es un acto emitido dentro de un juicio laboral. Se insiste, el acto reclamado únicamente genera afectaciones procesales por lo que no es de imposible reparación, ya que no vulnera los derechos sustantivos del accionante; sino que, sus efectos, en su caso, sólo se traducen en violaciones adjetivas, susceptibles de ser reparadas al dictarse el sentencia, si ésta es favorable a los intereses del promovente y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamar esas violaciones a través del juicio de amparo directo. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.J/344, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, página 555, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Si de la demanda de garantías que se proponga en la vía indirecta se desprende que el acto reclamado lo constituye alguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo como una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso y que, por lo mismo, tiene que ser reclamada a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, debe concluirse entonces que es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de garantías en la vía indirecta contra el mismo acto, por lo que procede desechar la demanda con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En ese sentido, toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos, sino únicamente atañe derechos adjetivos, es claro que el juicio de amparo promovido en su contra es improcedente. En el entendido de que tales violaciones podrán reclamarse por Guillermo Fernández Hernández cuando promueva amparo directo contra la sentencia que ponga fin al juicio, si ésta no es favorable a sus intereses. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda promovida por Guillermo Fernández Hernández. AUTORIZADOS Y DOMICILIO DEL QUEJOSO. Se tiene como tal el ubicado calle de Mejía 206, frente a la estación del Ferrocarril, en esta ciudad. Se tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones a Leonardo Hernández Hernández, Leonardo Manuel Hernández Jiménez, María Guadalupe Alvarado Ortega, Ma. De Lourdes Jiménez Huerta, Emmanuel Chávez Reséndiz y Adalid López Nieva. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Se tiene al quejoso proporcionando el número telefónico 7751550612 así como la cuenta de correo electrónico leonardo_hernandez_hernandez@hotmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. Gerardo Damián Luna Reyna 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.b5 26/05/23 14:49:48 ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...III
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