Guillermo Yunior Vargas Mejia
Expediente 862/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guillermo Yunior Vargas Mejia
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de catorce de julio actual, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Guillermo Yunior Vargas Mejía, contra actos que reclama del Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y otras autoridades; para todos los efectos legales correspondientes.
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por **, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 862/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharlo de plano. Al respecto, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Establecido lo anterior, esta Juzgadora estima que en el caso se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que, en lo atinente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de derechos es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el segundo numeral prevé que tratándose de actos emanados de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Al respecto, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. En efecto, el Pleno de ese alto tribunal estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", por lo cual, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, porque mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Ahora bien, en el particular, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la omisión de proveer respecto a los escritos de fechas dos, once, quince y veintidós de junio de dos mil veintiuno, presentados por el solicitante de amparo, dentro del juicio escrito familiar número 1278/2018 del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Empero, tal actuar sólo puede tener efectos intraprocesales, por lo que no puede considerarse como irreparable para que con ello resulte procedente la vía biinstancial, o la acción constitucional que como medio de defensa hace valer el impetrante de amparo, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia. Lo anterior, pues la omisión reclamada se traduce en una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, de tal manera que, aun cuando se aleguen violaciones al artículo 17 constitucional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una omisión autónoma al juicio del que el quejoso forma parte, si no que se da dentro del mismo. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), con número de registro 2011580, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, tomo II, página 1086, la cual es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Aunado a lo anterior, debe decirse que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis antes invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la falta de proveer respecto de los aludidos escritos dentro del juicio escrito familiar de origen; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la inacción por parte de la autoridad responsable dentro del plazo que la legislación aplicable establece para proveer el escrito de mérito. En segundo lugar es así, ya que la omisión combatida tampoco conlleva una dilación abierta en el procedimiento natural que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que para ello la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado un parámetro mínimo objetivo a fin de otorgar certeza jurídica a los justiciables, el cual permite definir cuándo una dilación procedimental en materia laboral puede considerarse como una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización; y si bien en el caso la materia del controvertido de origen es la familiar, el criterio del Alto Tribunal de la Nación, sirve como orientador a efecto de establecer que la dilación que se reclama no se actualiza en el caso concreto, tal como se verá a continuación. En efecto, la Segunda Sala de ese alto tribunal, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, resolvió la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada. De dicha ejecutoria, emergió la jurisprudencia de registro 2019400, de la Décima Época, emitida, como se dijo, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 01 de marzo de 2019, tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), que sirve de apoyo como como criterio orientador, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden de ideas, se reitera que en la especie no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, en la medida que no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo previsto por el artículo 48 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, para proveer los escritos cuya omisión se reclama. Con el objeto de sustentar lo anterior, es necesario conocer el contenido del artículo 48 de la citada legislación familiar, aplicable a la controversia que dio origen el presente asunto, el cual dispone: "Artículo 48.- El secretario o el encargado de la oficialía de partes harán constar el día y la hora en que se presente un escrito. Recibido por el secretario, dará cuenta con él, a más tardar dentro de veinticuatro horas bajo la pena de hasta tres veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, sin perjuicio de las demás que merezca conforme a las Leyes." De manera que, del precepto transcrito se advierte que los Juzgadores familiares están obligados a emitir el acuerdo conducente dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en la que haya sido recibida la promoción correspondiente. En ese contexto, sí como se adelantó, en la demanda de amparo el acto reclamado se trata de la omisión de proveer respecto de los escritos de dos, once, quince y veintidós de junio del año en curso presentados por el solicitante de amparo, dentro del juicio escrito laboral 1278/2018, es inconcuso que el término de veinticuatro horas que tenía la responsable para dictar el acuerdo correspondiente transcurrió tomando en consideración el primero de los escritos presentados (dos de junio de dos mil veintiuno) del cuatro de junio al diecinueve de julio de la presente anualidad. En tanto que del cuatro de junio de dos mil veintiuno, a la fecha de la presentación de la demanda que se atiende -doce de julio del año que transcurre-, sólo han transcurrido treinta y ocho días, que hace referencia la jurisprudencia citada con antelación. En esa virtud, resulta inconcuso que la omisión que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues aun y cuando se está en presencia de un acto que aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; lo que no se actualiza, en virtud de la proximidad de la data en que feneció el término de veinticuatro horas con que contaba el Juzgado señalado como responsable para proveer el escrito presentado por la aquí quejosa el dos de junio de dos mil veintiuno y por consiguiente los presentados con posterioridad, al ser este el más antiguo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia en examen, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, en el caso, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***. En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tienen por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DOMICILIO En atención a la petición del quejoso, no ha lugar a tener como domicilio y/o medios para llevar a cabo las notificaciones relativas al presente juicio, el correo electrónico y números telefónicos que proporciona, debido a que dichas vías no se encuentran contempladas en el artículo 26 de la Ley de Amparo; sin embargo, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Por lo anterior, hasta en tanto, el quejoso no señale algún domicilio en esta ciudad, se tienen como el lugar para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, en virtud de no haberse encontrado registro de su cédula en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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