Guillermo Yael Chávez Medellín

Expediente 1337/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1337/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Yael Chávez Medellín
  • Guillermo Yael Chávez Medellín y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues por una parte se concedió la medida cautelar definitiva, y por otra, se negó; por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos exhibidos, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos, como lo dispone el artículo 18, párrafo segundo del Acuerdo General citado. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa en términos de lo ordenado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1337/2022-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado y recibido el catorce de noviembre de dos mil veintidós por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, Guillermo Yael Chávez Medellín, por derecho propio y, en representación de su menor hijo de iniciales A.D.C.L., solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Previo desahogo de prevención, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. Asimismo, en el referido acuerdo se designó representante especial al impúber, a quien en el diverso acuerdo de ocho de diciembre del citado año, se tuvo aceptando y protestando el cargo. De igual forma, el doce de diciembre de esa anualidad, se tuvo como tercera interesada a Dayani Abril Lavielle Olvera, ordenando su emplazamiento a juicio, mismo que se practicó por lista el dieciséis de ese mes y año -previo citatorio-. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: 1. La sentencia interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictada por la autoridad responsable Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dentro de los autos del juicio de Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del derecho Familiar 608/2020, por la cual confirmó el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. 2. El auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en dicho controvertido, en el que la responsable aclaró la referida interlocutoria. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Tercero Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, ya que al rendir su informe justificado aceptó su existencia (promoción 19027). Lo que se corrobora con las documentales que remitió la autoridad al rendir su informe con justificación, relativas al legajo de copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente 608/2020 de su índice, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por tratarse de la reproducción certificada de actuaciones judiciales expedidas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Consecuentemente, al no advertirse causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo, al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se haga necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, se advierte que en síntesis la parte quejosa vierte sus conceptos de violación, en los que esencialmente aduce: A) Respecto a la sentencia interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, que confirmó el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Que la autoridad responsable violenta los preceptos Constitucionales 1, 14, 16, 17, que contemplan los principios de legalidad, igualdad entre las partes y el debido proceso, toda vez que: 1. Al resolver el recurso de revocación interpuesto por Dayani Abril Lavielle Olvera -aquí tercera interesada- contra el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dejó sin efectos el diverso de seis de ese mes y año que no fue materia del medio de impugnación y, que incluso, adquirió firmeza al no haberse recurrido, contraviniendo el numeral 1.194 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. 2. Que no podía dejar sin efectos un acuerdo que deriva de un acto consentido, pues al no haber sido impugnado el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, adquirió firmeza. 3. Pasa por alto que el auto que estableció las convivencias en el mencionado Centro -acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós-, en ninguna parte ordena que la convivencia sea supervisada; aunado a que en la interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veintiuno, que revocó el diverso auto de veintitrés de septiembre de ese año-, tampoco estableció una convivencia supervisada. B) Por cuanto hace al auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Que la autoridad responsable violenta los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, en virtud de que la responsable: 1. Cambia el sentido de la interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, ya que en el considerando "V" estableció que no había necesidad de girar oficio al Centro de Convivencias y, por el contrario, en auto de veintisiete posterior, ordena que sí se gire dicho oficio; por lo que no se trata de una aclaración, sino de cambiar el contenido de la referida interlocutoria. 2. Que ordena con ello, sin fundamentación, sin motivación, y sin pruebas que justifique la necesidad de tal medida a fin de evitar la convivencia paterno-filial. Sin embargo, previo a proceder al análisis de aquéllos planteamientos, se estima importante enunciar los siguientes hechos que constituyen el antecedente del acto reclamado: 1. El dos de septiembre de dos mil veintidós, Dayani Abril Lavielle Olvera -aquí tercera interesada-, por propio derecho y en representación de su menor hijo, promovió controversia del estado civil de las personas y del derecho familiar contra Guillermo Yael Chávez Medellín -aquí quejoso-, correspondiendo conocer de ese procedimiento al Juzgado Tercero Familiar de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, registrándose bajo el número 608/2020. En dicho acuerdo, se admitió a trámite el procedimiento de mérito, ordenando el emplazamiento de la parte enjuiciada -aquí quejoso-; de igual forma, decretó como medida provisional que la progenitora tendría la guarda y custodia del impúber; así como lo relativo a una pensión alimenticia a cargo del progenitor en favor del menor. 2. Mediante escrito ingresado ante la autoridad responsable, en auto de diez de noviembre de dos mil veinte, se tuvo al accionado contestando la demanda relativa al procedimiento instaurado en su contra. 3. A petición del progenitor dadas las manifestaciones que expresó en el ocurso con registro 1484, en torno a que hay dificultad por la pandemia para que se materialicen las convivencias con el menor, peticionó que, sin que implicara el cambio de convivencias de tránsito a supervisadas, se llevaran a cabo en un Centro de Convivencias; por tanto, el dos de febrero de dos mil veintidós, se autorizó un régimen de visitas y CONVIVENCIAS SUPERVISADAS, en el Centro de Convivencias Familiar de Ecatepec de Morelos, ordenándose girar el oficio correspondiente. 4. El seis de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió un acuerdo en el que, a petición del progenitor y dado el informe de la perito en psicología, respecto a las convivencias, por los motivos que ahí expuso, ordenó que la CONVIVENCIA entre el demandado -aquí quejoso- y su descendiente se realizara en la MODALIDAD DE TRÁNSITO, girando el oficio respectivo al referido Centro de Convivencias. 5. Atento a la solicitud de la actora -aquí tercera interesada- en torno a que se continuaran llevando las convivencias de manera supervisada en el Centro de Convivencias conforme al acuerdo de dos de febrero de ese año -toda vez que no se ha desahogado la pericial en psicología para determinar el estado de salud del progenitor y su familia extendida-; la autoridad responsable el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, bajo el argumento de que no ha sido emitido el dictamen pericial en materia en psicología, acordó que una vez que se cuente con él -dictamen-, se estará en posibilidad de determinar lo conducente y, en su caso, modificar el régimen de visitas y convivencias paterno filial en beneficio del interés superior del menor. 6. Inconforme con el acuerdo mencionado, Dayani Abril Lavielle Olvera, interpuso recurso de revocación, el cual se admitió a trámite el cinco de octubre siguiente, dándose vista a la parte contraria para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera. Medio de impugnación en el que la recurrente expuso como agravios: ".omite precisar que el régimen de visitas y convivencias paterno-filial, atendiendo al INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, a la seguridad física y psicológica de mi menor hijo, quien solo cuenta con la edad de dos años, continuarán llevándose a cabo de manera SUPERVISADA EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE ECATEPEC, conforme a lo ordenado por auto de fecha dos de febrero del año en curso, hasta en tanto se desahogue en sus términos la pericial en Psicología.ordenando girar atento oficio al CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE ECATEPEC para hacerle del conocimiento esta determinación, dejando sin efectos la convivencia de tránsito. .deberá revocarse el auto de fecha VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS y en su lugar dictar otro que precise el régimen de visitas y convivencias paterno filial continuarán llevándose de forma SUPERVISADA." 7. El veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la jueza responsable dictó la sentencia interlocutoria que resolvió dicho recurso de revocación dentro de los autos del juicio de Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del derecho Familiar 608/2020, por la cual confirmó el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mismo que ordenó que una vez que se emita el dictamen pericial en materia de psicología, se estará en posibilidad de modificar el régimen de visitas y convivencias paterno filial en beneficio del interés superior de su menor hijo. Asimismo, dejó sin efectos el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, para que las CONVIVENCIAS SIGAN SIENDO SUPERVISADAS en el Centro de Convivencias. También apuntó que no había necesidad de girar oficio a dicho Centro porque ya tenía conocimiento de cómo deben llevarse las convivencias entre el progenitor y el menor. 8. Mediante el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la responsable aclaró el contenido de la referida interlocutoria, para comunicar mediante oficio al Centro de Convivencia Familiar con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, que la convivencia paterno filial seguirá siendo SUPERVISADA en términos del auto de dos de febrero de dos mil veintidós, por ende, DEJÓ SIN EFECTOS LAS CONVIVENCIAS DE TRÁNSITO. Sexto. Estudio de fondo. Debe precisarse que lo expuesto por la parte quejosa en los conceptos de violación que vierte, se analizarán en su conjunto en el desarrollo del presente considerando, al guardar estrecha relación, como a continuación se explica: En el caso, resultan infundados e insuficientes para conceder el amparo solicitado, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo previsto en el numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo; pues los motivos de inconformidad se analizarán conforme al interés superior de la infancia, derivado del estudio que amerita la figura de convivencia familiar, así como a la satisfacción de una necesidad afectiva de los infantes, para poder consolidar su derecho a ser cuidados y educados por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando así las relaciones familiares, en términos del numeral 4º Constitucional, que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Concluyendo con ello, que los órganos jurisdiccionales, en los asuntos que conozcan donde intervengan derechos de infantes, deberán resolver privilegiando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en términos de la tesis jurisprudencial 2a./J. 113/2019 (10a.), registro 2020401, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, agosto de 2019, Tomo III, página 2328, Décima Época, de rubro siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE." Primeramente se estima oportuno resaltar que el principio de seguridad jurídica, se encuentra consagrado en el artículo 14 constitucional, que refiere el derecho de legalidad y que a su vez comprende los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución o acto gubernamental. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito, debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como se adelantó, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado; por lo que, un acto es legal, cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador; atento a que el principio de legalidad, es la esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. Así, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo, el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Consideraciones que desde luego, resultan aplicables a las determinaciones emitidas por una autoridad civil dado que ejerce actos jurisdiccionales, pues está obligada a fundar y motivar sus actuaciones citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." En ese orden de ideas, en el caso concreto, al pronunciarse la responsable en el acto reclamado, respecto a la totalidad de los agravios vertidos por la recurrente en torno a la impugnación que formuló la accionante -aquí tercera interesada, revelan que en la resolución que constituye el acto reclamado, la responsable se constriñó a resolver sin excederse respecto a los puntos debatidos por la recurrente con el medio de impugnación, es decir, sólo por el tópico relativo a la convivencia peticionada y lo atinente a girar oficio al Centro de Convivencias, como a continuación se verá: Proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós Recurso de revocación (agravios) Resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós Acordó que dado que no ha sido emitido el dictamen pericial en materia en psicología, una vez que se tenga, se estará en posibilidad de determinar lo conducente y, en su caso, modificar el régimen de visitas y convivencias paterno filial en beneficio del interés superior del menor. ".omite precisar que el régimen de visitas y convivencias paterno-filial, atendiendo al INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, a la seguridad física y psicológica de mi menor hijo, quien solo cuenta con la edad de dos años, continuarán llevándose a cabo de manera SUPERVISADA EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE ECATEPEC, conforme a lo ordenado por auto de fecha dos de febrero del año en curso, hasta en tanto se desahogue en sus términos la pericial en Psicología.ordenando girar atento oficio al CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE ECATEPEC para hacerle del conocimiento esta determinación, dejando sin efectos la convivencia de tránsito. .deberá revocarse el auto de fecha VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS y en su lugar dictar otro que precise el régimen de visitas y convivencias paterno filial continuarán llevándose de forma SUPERVISADA." Resolvió dicho recurso de revocación, por la cual confirmó el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mismo que ordenó que una vez que se emita el dictamen pericial en materia de psicología, se estará en posibilidad de modificar el régimen de visitas y convivencias paterno filial en beneficio del interés superior de su menor hijo. Asimismo, dejó sin efectos el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, para que las CONVIVENCIAS SIGAN SIENDO SUPERVISADAS en el Centro de Convivencias. También apuntó que no había necesidad de girar oficio a dicho Centro de Convivencias porque ya tenía conocimiento de cómo ha de llevarse ésta entre el progenitor y el menor. Por lo que este resolutor estima que la resolución cumple con tales subprincipios de congruencia y exhaustividad, puesto que de la porción normativa citada, así como de los preceptos Constitucionales transcritos, revelan que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, los cuales no deben interpretarse limitativamente, es decir, que sólo en este tipo de acuerdos, fallos o resoluciones deba cubrirse aquel derecho fundamental, sino en sentido amplio, esto es, que todas las resoluciones emitidas por autoridades que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales tengan que colmar tales requisitos con el fin de otorgar seguridad jurídica al gobernado con motivo del acto de autoridad. El primer principio, se refiere a que todo acuerdo, sentencia o resolución interlocutoria debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis; la congruencia es aquella característica consistente en que los autos, sentencias o resoluciones no contengan afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna), así como que comprendan todos los aspectos materia de dicho controvertido (congruencia externa). Ilustra lo anterior, por las razones que la conforman la tesis de la con registro electrónico 272666, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen XI, cuarta parte, materia común, página 193, que establece: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." Por otra parte, el principio de exhaustividad, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto a todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica en sentido amplio, que la obligación del juzgador para decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, debe realizarse tomando en cuenta los argumentos expuestos, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia de debate. Aplica a lo anterior, por las razones que la conforman la tesis II.1o.141 C, Octava Época, con registro electrónico 212832, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, abril de 1994, materia civil, página 346, que a la letra dice: "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario." Así las cosas, cuando la autoridad dicta algún acuerdo o resolución sin resolver sobre cierto punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, aquel proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó y por ende; es dable afirmar que existió falta de exhaustividad, como acontece en el caso concreto. Es aplicable a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 34/99, registro 193136, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Octubre de 1999, página 226, Novena Época, Materias(s): Civil, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). El principio de congruencia de las sentencias que establece el artículo 57 del código procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida." Por lo anterior es que en el caso, se estima que contrario a lo vertido por el quejoso, no se transgrede lo establecido en el numeral 1.194 de la Legislación procesal civil de esta Entidad; ya que el acto reclamado cumple con tales exigencias constitucionales; pues como se dijo, la responsable en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se contrajo al tema materia de lo debatido, es decir, se limitó a realizar pronunciamiento respecto al motivo de agravio que expuso la recurrente en el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintinueve de septiembre de ese año, que no acordó de conformidad la solicitud de la actora -aquí tercera interesada- en torno a que se continuaran llevando las convivencias de manera supervisada en el Centro de Convivencias, conforme al acuerdo de dos de febrero de ese año, dado que no se ha sido emitido el dictamen pericial en materia en psicología, por lo que, una vez que se cuente con él, se estará en posibilidad de determinar lo conducente y, en su caso, modificar el régimen de visitas y convivencias paterno filial en beneficio del interés superior del menor. Cabe recordar que en la determinación de mérito la responsable, resolvió el referido medio de impugnación bajo tres aspectos relevantes: 1. confirmando el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mismo que ordenó que una vez que se emita el dictamen pericial en materia de psicología, se estará en posibilidad de modificar el régimen de visitas y convivencias paterno filial en beneficio del interés superior de su menor hijo; 2. dejando sin efectos el acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, para que las convivencias siguieran siendo supervisadas en el Centro de Convivencias; 3. también apuntó que no había necesidad de girar oficio a dicho Centro de Convivencias porque ya tenía conocimiento de cómo tenía que llevarse ésta, entre el progenitor y el menor. Cuestiones que revelan que atento al principio de legalidad, así como a la seguridad e integridad del infante, la responsable en la interlocutoria de mérito, se limitó a resolver lo atinente a los agravios, sin excederse de su obligación como revisor del proveído impugnado; por ende, resultan infundados los conceptos de violación que esgrime el impetrante contra el acto reclamado 1 -resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintidós- y que en este fallo se identificaron con los numerales 1, 2 y 3; pues si bien en lo toral aduce que con tal sentencia se dejó sin efectos el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós que aduce adquirió firmeza, lo cierto es que tal pronunciamiento constituye una consecuencia lógico-jurídica de lo resuelto en el citado recurso ordinario. Lo anterior se afirma, pues debe recordarse que de los antecedentes antes transcritos se encuentra que, atento al principio del interés superior del menor y dados los pormenores que ha estimado el juez de origen, se ha ido fijado la modalidad de las convivencias provisionales; a saber, el dos de febrero de dos mil veintidós (supervisadas), seis de septiembre de ese año (de tránsito), veintinueve de septiembre de dicha anualidad (supervisadas), veintiuno de octubre del año pasado (supervisadas); asimismo, que el veintisiete del mes y año citado en último término aclaró que ".las CONVIVENCIAS SIGAN SIENDO SUPERVISADAS." De lo antes resumido, se concluye que si bien en la citada interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós la responsable, estimó que por ser contradictorio con el diverso de veintinueve de septiembre del citado año, dejó sin efectos el acuerdo de seis de septiembre de ese año, no lo hizo de manera arbitraria, sino que es una cuestión que pronunció como consecuencia de lo que resolvió, pues apuntó que la convivencia se debería continuar como se había determinado el dos de febrero del año pasado; esto es evidente toda vez que mencionó: ".analizado el agravio expuesto por la recurrente, se estima inatendible e inoperante, habida cuenta que en ningún momento se ha modificado el régimen de convivencias, por lo tanto, deberá continuarse tal y como se acordó en proveído de fecha dos de febrero de dos mil veintidós. .toda vez que el acuerdo de fecha seis de septiembre dek (sic) año dos mil veintidós, es contradictorio con el dictado en fecha veintinueve de septiembre del mismo año, se deja sin efecto el auto de fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, para que las convivencias se sigan realizando de manera supervisada en el Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec, atendiendo a la seguridad e integridad del infante." Por ende, dado lo anterior, también resultan infundados los conceptos de violación 1 y 2 que esgrime por cuanto hace al segundo de los actos reclamados -auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós-, bajo el argumento de que no se trata de una aclaración, sino que con aquél cambia el contenido de la referida interlocutoria, toda vez que sin pruebas que lo justifique, la responsable modifica el sentido de la interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, ya que en el considerando "V" estableció que no había necesidad de girar oficio al Centro de Convivencias y, por el contrario, en el citado auto de veintisiete posterior, ordena que sí se gire dicho oficio. En efecto, contrario al argumento del quejoso, tal proceder de la responsable, de igual forma atendió a que, si la interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós remitía al proveído de dos de febrero de ese año (convivencia supervisada), resultaba pertinente que aclarara el apartado del mencionado considerando V, donde negó girar la misiva que describe el quejoso; ello, pues con antelación a la interlocutoria, en el auto que se dejó sin efectos -seis de septiembre de ese año-, había ordenado hacer del conocimiento al Centro de Convivencia Familiar de Ecatepec, que se decretaba un régimen de convivencia paterno filial de tránsito; es decir, no alteró la esencia de los considerandos previamente fallados. No se soslaya, lo que refiere el quejoso en torno a que tampoco en la interlocutoria de catorce de octubre de dos mil veintiuno, que revocó el diverso auto de veintitrés de septiembre de ese año-, se estableció una convivencia de tránsito; sin embargo, tampoco puede pasar inadvertido que con posterioridad, específicamente en el auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se decretó un régimen de visitas supervisadas, por lo que en todo caso, la resolución reclamada y su aclaración, remiten a esa actuación. Incluso, no puede soslayarse que en materia familiar no opera en estricto sentido la figura de la cosa juzgada, sobre todo, tratándose de aspectos relativos a la guarda y custodia, régimen de visitas, alimentos, etcétera, pues en tales aspectos el juez familiar rector del proceso puede modificar sus decisiones previas, si el interés superior del menor así lo exige, por lo que en todo caso, el hecho de que haya decidido esperar a contar con el dictamen pericial en materia de psicología para definir el régimen de visitas respectivo, no se estima excesivamente desproporcional e inadecuado, pues ello permitirá definir tal temática con mejores elementos en función del entorno más benéfico para el menor. Por tanto, como se adelantó se desprende que en el análisis que incorporó la responsable en la resolución que recayó al medio de impugnación, cumplió con los subprincipios derivados de legalidad, los consistentes en la congruencia y exhaustividad que toda determinación debe observar, pues se concluye que atendió a los puntos sujetos a debate en los agravios, al estudiarlos, contestándolos sin introducir aspectos distintos a la Litis o materia de conocimiento del medio ordinario de impugnación de mérito. Se invoca al efecto, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Máxime que conforme al motivo de debate del controvertido de origen, el juzgado responsable es quien tiene que pronunciarse en el análisis total de lo sujeto a su conocimiento por ser obligación irrestricta de la autoridad de origen realizarlo para no incurrir en el dictado de resoluciones violatorias de los derechos de legalidad y seguridad jurídica de las partes contendientes, incluso, en acatamiento al referido interés superior del menor, ya que de observar una situación de hecho y el grado de afectación, que en su caso origine una suspensión o restricción del régimen de convivencias, tiene la responsabilidad de evaluar un posible riesgo y, en su caso, determinar lo conducente en aras de la correcta integridad del impúber. Al respecto, se invoca la tesis aislada 1a. C/2016 (10a.), registro 2011387, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1122, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ATENCIÓN A ESTE PRINCIPIO, CUANDO LOS PROGENITORES EJERZAN ACTOS DE VIOLENCIA SOBRE LOS HIJOS, PUEDE RESTRINGIRSE SU CONVIVENCIA. Un derecho primordial de los menores radica en no ser separado de sus padres, a menos de que sea necesario en aras de proteger su interés superior. Este derecho se encuentra directamente relacionado con la patria potestad, ya que si bien ésta se encomienda a los padres, ello es en beneficio de los hijos, ya que se dirige a protegerlos, educarlos y formarlos integralmente; así, aunque para dar cumplimiento a la función que se les encomienda a través de la patria potestad, tienen el derecho de corregir a sus hijos, esa corrección debe ser en un ámbito de respeto a su dignidad; de ahí que la patria potestad no puede utilizarse como estandarte para ejercer actos de violencia sobre los hijos, pues ésta, en cualquiera de sus clases, no se justifica como una forma de educación o formación. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, desde la Observación General No. 1, relativa al tema "Propósitos de la educación", señaló que el castigo corporal es incompatible con la educación, pues ésta debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca del niño y se permita expresar su opinión libremente, insistiendo en la necesidad de prohibir todas las formas de violencia por leves que sean; además, definió en la Observación General No. 8 el castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que sea, indicando que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero igualmente crueles o degradantes, e incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño -como los castigos en los que se menosprecia, humilla, denigra, convierte en chivo expiatorio, amenaza, asusta o ridiculiza al niño-. En atención a lo anterior, cualquier maltrato físico, por leve que sea y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, así como que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor, es incompatible con su dignidad y respeto; no obstante, es importante destacar que cuando el Comité rechazó toda justificación de violencia y humillación como formas de castigos a los niños, no rechazó el concepto positivo de disciplina, pues incluso reconoció que la crianza y el cuidado de los menores, especialmente de los lactantes y niños pequeños, exigen acciones e intervenciones físicas para protegerlos, pero aclaró que ello es totalmente distinto al uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles cierto grado de dolor, molestia y humillación. Además, destacó que no incumbe a dicha Convención prescribir detalladamente de qué manera los padres deben relacionarse u orientar a sus hijos; sin embargo, sí ofrece un marco de principios que sirve de guía para las relaciones dentro de la familia, porque los niños aprenden lo que hacen los adultos, no sólo de lo que dicen, por ejemplo, cuando los adultos con los que están estrechamente relacionados utilizan violencia y humillación en sus relaciones con los menores, no sólo demuestran una falta de respeto por los derechos humanos, sino que además transmiten un mensaje poderoso y peligroso en el sentido de que son medios legítimos para procurar resolver conflictos o cambiar comportamientos. De lo anterior se concluye que el interés superior del menor autoriza a restringir la convivencia entre el menor y sus progenitores, cuando es objeto de violencia por alguno de éstos. Ahora bien, dicho interés también dicta que tienen derecho a ser cuidados y educados por sus padres; por tal motivo, el principio de protección de los niños contra la agresión, incluida la que tiene lugar en la familia, no implica que en todos los casos cuando salga a la luz el castigo corporal de los niños por sus padres, deban ser juzgados, pues la situación de dependencia de los niños y la intimidad característica de las relaciones familiares, exigen que las decisiones de enjuiciar a los padres o de intervenir oficialmente de otra manera en la familia, deban tomarse con extremo cuidado, pues en la mayoría de los casos no es probable que el enjuiciamiento de los padres redunde en el interés superior de los hijos. También se cita la tesis aislada I.4o.C.238 C, registro 165510, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2149, Novena Época, Materias(s): Civil, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA. LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS SÓLO SE JUSTIFICA EN ARAS DE TUTELAR SU INTEGRIDAD Y CORRECTA FORMACIÓN. Las disposiciones y acciones dirigidas a tutelar un valor sustantivo, se deben formular, interpretar y llevarse a cabo de tal manera, que tengan como resultado la satisfacción de la finalidad perseguida y no efectos opuestos a ella. Al aplicar esa consideración con base en la protección de los intereses de los menores de edad, considerados uniformemente como valores superiores dentro del sistema jurídico y de la organización social, conduce a determinar que ese interés no debe verse limitado en modo alguno sino cuando la limitación resulte la única medida posible para asegurar la integridad física y psicológica de los sujetos protegidos o evitar la distorsión de su formación integral. La convivencia entre padres e hijos se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, las medidas que se asuman al respecto deben buscar invariablemente su prevalencia, de modo que sólo podrá ser objeto de suspensión temporal, en los casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. Esto es, la suspensión de esas relaciones únicamente debe imponerse en los casos de extrema gravedad, en que la autoridad judicial, como garante de los derechos de los menores, considere que existe una afectación al interés superior, precisando la situación de hecho y el grado de afectación que produce, con la finalidad de que el familiar que se vea afectado por la decisión judicial, conozca las causas que justificaron el menoscabo a su derecho de convivencia." Por tanto, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA PARTE QUEJOSA. Sin que amerite mayor pronunciamiento respecto a los alegatos del representante especial del impúber quejoso (promoción 19285), dado que lo que vierte en torno al interés superior del menor, se verificó al emitir la presente determinación. Por lo expuesto, infundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por derecho propio y, en representación de su menor hijo de iniciales ***, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso sexto de esta resolución. Notifíquese, vía oficio a la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la tercero interesada ********************, por medio del cual se apersona al presente asunto, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ******************** Atento a ello, con fundamento en el artículo 5o, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente juicio constitucional. Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal el señalado en su escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. De igual manera, por señalado el correo electrónico y teléfono que proporciona, únicamente para entablar comunicaciones no procesales en caso de que este juzgado lo estime necesario. Finalmente, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el dieciséis de diciembre del año en curso se emplazó al presente juicio a la tercera interesada Dayani Abril...; por tanto, para dar margen a que se imponga de la totalidad de las constancias de este juicio de amparo; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de enero de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano