Guillermo Vázquez Alcalá
Expediente 248/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guillermo Vázquez Alcalá
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el expediente se encuentra debidamente integrado con las notificaciones correspondientes; por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado de este circuito que por turno y materia corresponda, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer en contra de la sentencia dictada por este juzgado. Notifíquese.
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RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADO HIPÓLITO HERNANDEZ GONZALEZ, MEDIANTE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por autorizado del quejoso ********************, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Finalmente, una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE ONCE DE ABRIL DOS MIL VEINTITRES, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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TIENE NOTIFICACION PERSONAL LA PARTE TERCERO INTERESADA (ESTRADOS)...
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RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADO HIPÓLITO HERNANDEZ GONZALEZ, MEDIANTE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, CUYA SINTESIS DICE: Vistos, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 248/2023; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Guillermo Vázquez Alcalá, por conducto de su apoderada legal Merit Camacho García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE. ORDENADORA: Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORAS: Secretario Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Secretario de Seguridad Pública Municipal. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS. "Al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, reclamo: La orden que emitió en el expediente 44/2019-3, para privar de la posesión y propiedad a mi poderdante Guillermo Vázquez Alcalá del inmueble consistente en la casa número cuatro del Condominio Princess, del conjunto condominal Puente al Mar, ubicado en el polígono uno norte, de la zona turística conocida como "Acapulco Diamante", carretera a Barra Vieja, número oficial mil, Acapulco de Juarez, Guerrero. Al Secretario Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, reclamo: El lanzamiento y/o desalojo de 21 de febrero de 2023, que realizó en cumplimiento a la orden que dio el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares (.). Al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclamo: El auxilio que proporcionó al Secretario Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, en la realización del desalojo de 21 de febrero de 2023 (.)." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 248/2023; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó la notificación de la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la afectación a un inmueble que afirma, es de su propiedad, dentro de un juicio que se tramita ante una autoridad judicial que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción, respecto del cual se ostenta tercero extraño. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a los lineamientos que para el dictado de las sentencias de amparo, establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Guillermo Vazquez Alcalá, en su carácter de tercero extraño; reclama de las autoridades responsables la afectación del inmueble identificado como casa número 4, del Condominio Princess, del conjunto condominal Puente al Mar, ubicado en el polígono uno norte, de la zona turística conocida como "Acapulco Diamante", carretera a Barra Vieja, número oficial mil, en esta ciudad, dentro del juicio especial hipotecario 44/2019-3, promovido por Hipólito Hernández González en contra de María del Socorro Salazar y Manuel Torres Segura, con motivo del desalojo acontecido el veintiuno de febrero pasado. Lo anterior, sobre la base de que el quejoso adquirió la propiedad del aludido inmueble mediante compraventa celebrada con María del Socorro Salazar y Manuel Torres Segura, que quedó protocolizada mediante escritura pública 28,401, tirada por el Notario Público Número 15 del Distrito Notarial de Tabares, de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Consideraciones sobre el incidente planteado por el tercero interesado. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril pasado, se reservó a proveer sobre el incidente de falsedad planteado por la parte tercera interesada respecto de la escritura pública a que se refiere la anotación que aparece en la copia simple del folio registral electrónico 204154, relativa a la cancelación de la hipoteca que dio origen al juicio natural; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución, como se expondrá en un apartado subsecuente, resulta innecesario su trámite, pues aún y cuando dicha incidencia resultara fundada, el sentido de la decisión no orbitaria en torno a la falsedad del documento en cuestión. Aunado a lo anterior, el documento en cuestión no fue exhibido en la presente instancia, sino que sólo constituye una referencia inserta en un documento allegado en copia simple; extremo sobre el cual debe ponderarse el contenido de los autos de once y dieciocho de mayo pasado. Por ende, la sustanciación de la incidencia en cuestión y la eventual estimación sobre lo fundado de la misma sólo traería como consecuencia proceder en términos de lo dispuesto por el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, dar vista al Ministerio Público de la adscripción, aspecto sobre el cual la parte interesada tiene expedido su derecho para hacerlo valer ante la instancia ministerial. Por tanto, se concluye lo innecesario de dar trámite al incidente de referencia, porque ello no traería como consecuencia excluir del análisis de la constitucional del acto reclamado, la documental tildada de falsa, por lo que pueda avizorarse que el sentido de la decisión no mutaría con motivo del resultado de la demostración o no, de la falsedad alegada. CUARTO. Certeza del acto reclamado. En ese sentido, SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables ya que al rendir sus respectivos informes con justificación, así lo reconocieron expresamente; manifestación que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, constituye una confesión, y que se robustece con las constancias que como sustento a tales informes allegaron relativas a las actuaciones que integran el juicio especial hipotecario 44/2019-3; a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del invocado código adjetivo federal. QUINTO. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, con independencia de lo alegado sobre el particular por la autoridad responsable, este juzgador oficiosamente advierte que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones. El argumento toral de la parte quejosa orbita en torno a que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés adquirió mediante compraventa celebrada con los demandados en el juicio especial hipotecario 44/2019-3, el inmueble identificado como casa número 4, del Condominio Princess, del conjunto condominal Puente al Mar, ubicado en el polígono uno norte, de la zona turística conocida como "Acapulco Diamante", carretera a Barra Vieja, número oficial mil, lo que quedó protocolizado en la escritura pública número 28,401, tirada por el Notario Público número 15 del Distrito Notarial de Tabares. Por ende, la consecuencia de estimar fundado el motivo de disenso planteado, sería extraer la afectación de dicho bien raíz del juicio especial hipotecario en cuestión derivada del desalojo acontecido el veintiuno de febrero anterior, es decir, suscitado cuatro días después de que se protocolizó la compraventa consignada en el instrumento notarial de mérito; dado que el quejoso efectivamente tiene el carácter de tercero extraño a la contienda, tiendo como eje de ese proceder, la premisa que dicho bien salió del patrimonio de los demandados previamente a su afectación. Sin embargo, en el caso se advierte que no sería jurídicamente factible atender aquel extremo, partiendo del hecho de que ello implicaría en realidad un pronunciamiento sobre la prelación de un derecho real con exclusión de otro; aspecto que sólo corresponde realizar a la potestad común. Lo anterior se estima así, tomando en consideración que de las constancias allegadas a los presentes autos se advierte que con antelación a la protocolización de la escritura pública 28,401, durante la etapa de ejecución se adjudicó en favor del tercero interesado Hipólito Hernández González, como cesionario de los derechos litigiosos, el inmueble en cuestión, lo que se declaró firme mediante auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Es decir, si se parte del hecho de que la actuación judicial autónoma denominada adjudicación, es una etapa del remate, mediante la cual se adjudica el bien a favor del acreedor o ejecutante, que constituye una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad a favor del adjudicatario; de ello se sigue la imposibilidad material y legal para que este juzgador extraiga de la contienda natural el derecho sustantivo adquirido por el quejoso con posterioridad a la creación de otro de la misma naturaleza, pues de hacerlo así -como se indicó-, en realidad se estarían dilucidando cuestiones atinentes a la preferencia de un derecho de propiedad frente a otro derecho real. Lo anterior se concluye así, porque durante la etapa de ejecución dentro del juicio especial hipotecario 44/2019-3, se exhibió el certificado de libertad de gravámenes número 2582/2022, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, que reportaba que el inmueble de que se trata, se encontraba afectado por la hipoteca que dio origen a la contienda en comento, contenida en escritura pública número 30,537, de nueve de febrero de dos mil ocho, con fecha de asiento registral de veintiséis de septiembre de ese mismo año -la cual fue exhibida como documento basal-, sin que se hubiera allegado evidencia que permita válidamente establecer que dicho gravamen fue levantado previamente a la celebración de la compraventa protocolizada en el instrumento notarial allegado por la parte quejosa. Incluso, a igual conclusión se arribaría si se otorgara eficacia probatoria a la documental allegada en copia simple por la parte tercera interesada, de lo al parecer es el folio registral electrónico 204154, pues aunque podría inferirse que la cancelación de la hipoteca contenida en escritura pública número 30,537, de nueve de febrero de dos mil ocho, derivó del acto jurídico contenido en la diversa escritura pública 10824, del índice del Notario Público Número 89 del Estado de México, no puede soslayarse que dicha anotación data del diez de enero de dos mil veintitrés; es decir, con posterioridad a la adjudicación efectuada en favor de Hipólito Hernández González dentro del juicio especial hipotecario 44/2019-3, aunado a que también se arribaría al extremo de dilucidar sobre la vigencia del derecho de quien ejerció la acción real en el juicio natural; por lo que, de proceder en el sentido pretendido por la parte quejosa implicaría anular cuestiones previas al nacimiento del derecho que estima violentado y/o dilucidar sobre la vigencia del derecho como acreedor del actor Pendulum, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, actuando a su vez como apoderado legal de CIBanco, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, como titular de los derechos hipotecarios derivados de la referida escritura pública número 30,537, quien a su vez los cedió al referido tercero interesado; frente a la moral denominada Hipotecaria Su Casita, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, como acreedora original. Entonces, si se parte de la base de que el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; de ello se sigue que los alcances de una eventual sentencia amparadora contra los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, carecería de sentido porque lo relatado en líneas precedentes pone de relieve el hecho de que este juzgador no se encuentra en aptitud de analizar la preferencia de un derecho real frente a otro, habida cuenta que no se restituiría al quejoso en el goce del derecho que estima violentado, sino que también se anularían cuestiones previas a su génesis. Por tanto, -se insiste-, no sería jurídicamente factible otorgar la protección de la justicia federal para que la autoridad responsable dejara insubsistente la afectación del inmueble que defiende la quejosa, si esto último aconteció con anterioridad a la adquisición del derecho que pretende le sea salvaguardado, por lo que resulta jurídica y materialmente imposible que ello se subsane en la presente instancia constitucional, pues ese punto debe ser dilucidado por la potestad común; situación que pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el arábigo 74 del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 248/2023, promovido por Guillermo Vázquez Alcalá, por conducto de su apoderada legal Merit Camacho García, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, y por los motivos reseñados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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