Guillermo Vargas Zenteno
Expediente 1400/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Guillermo Vargas Zenteno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de diciembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1400/2015, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el primero de diciembre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6655/2015 de veintitrés de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del uno de diciembre del dos mil quince, que en lo conducente dice: SENTENCIA DEFINITIVA 1. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1400/2015-I promovido por Guillermo Vargas Zenteno, por derecho propio, contra la autoridad y respecto del acto que más adelante se precisa, por considerarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 2. Mediante escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Guillermo Vargas Zenteno, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguientes: "III. (.) Autoridad Responsable. Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (.) IV. (.) Único. La falta de fundamentación y motivación del oficio DPyRL/DTP/062/2015 de fecha 7 de enero de 2015, derivado de mi solicitud presentada el 26 de noviembre de 2014 y notificado a esta parte el 26 de junio de 2015." 3. Mediante acuerdo del veintiuno de julio de dos mil quince, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez, al que por cuestión de turno le correspondió conocer de la demanda, la admitió a trámite registrándola con el número 1400/2015-I, además, ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 13 a 16). 4. Previo diferimiento, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta del veintitrés de septiembre del año en curso (foja 48). 5. El diez de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento al Acuerdo General 10/2008 por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, y al Acuerdo General 3/2013, punto quinto, inciso 2, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados el catorce de abril de dos mil ocho y el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, así como al oficio STCCNO/119/2015 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa a este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, para el dictado de la sentencia correspondiente, por lo que dichos autos fueron recibidos el trece de noviembre de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en esta ciudad, y entregados en este juzgado en esa misma fecha. 6. Mediante acuerdo del trece de noviembre de dos mil quince se tuvieron por recibidos los autos que conforman el juicio de amparo 1400/2015-I, por lo que se ordenó radicar el asunto en este órgano auxiliar con el número 517/2015 y, en su momento, dictar la sentencia que en derecho corresponda. II. COMPETENCIA 7. El Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 10/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados el catorce de abril de dos mil ocho y el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, así como lo dispuesto en el oficio STCCNO/119/2015 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO 8. Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , se precisa como acto reclamado el siguiente. El oficio DPyRL/DTP/062/2015, emitido por el Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, como respuesta a la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil catorce. IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 9. Es cierto el acto reclamado al Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, consistente en el oficio reclamado, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 21 a 23); por tanto, se tiene plenamente demostrada esa circunstancia . V. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA -FUNDADA- 10. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto , ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. 11. Sobre este aspecto, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el oficio emitido por el Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, con motivo de la solicitud formulada mediante escrito al escrito del veintiséis de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual solicitó una constancia o certificación de ingresos del último salario que percibió en las plazas señaladas, así como la hoja de servicios en la que conste la fecha de ingresos y los cargos que desempeñó en el citado Instituto de Educación básica. 12. En esas condiciones, se colige que la petición formulada por el quejoso se realizó dentro de una relación laboral, en la cual el funcionario señalado como autoridad responsable funge como la parte patronal, y el solicitante de amparo, como empleado de dicha dependencia, lo cual cobra especial relevancia, pues se traduce en que dicha solicitud deriva de coordinación y no de supra a subordinación. 13. Por lo anterior, de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." 14. De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. 15. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. 16. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. 17. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." 18. De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares , puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. 19. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. 20. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 21. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. 22. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. 23. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. 24. Bajo esas premisas, y conforme a los criterios invocados, los órganos u organismos del Estado no pueden ni deben ser considerados como autoridades para los efectos del juicio de amparo, cuando emiten determinaciones adoptadas dentro del ámbito del derecho laboral o de seguridad social que rijan las relaciones con su personal, en razón de que la causa generadora de la misma deriva del acuerdo de voluntades en el que la autoridad, en su carácter de patrón equiparado, y el particular, como parte trabajadora, contraen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, cuyas diferencias deben ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, como procedimiento ordinario previsto para tal efecto. 25. Esto es, si bien en toda relación laboral existe una relación de subordinación del trabajador respecto del patrón, ello no implica que se esté ante un acto de autoridad, pues dicha relación jurídica emana de un plano de coordinación. 26. Corroboran lo anterior los criterios emitidos por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los actos realizados por los órganos del Estado, en su carácter de patrones, en los que han establecido: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral." (Tesis 2a. C/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo X, julio de 1999, página 370, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad." (Jurisprudencia 2a./J. 111/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXXII, agosto de 2010, página 444, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." (Jurisprudencia 2a./J. 38/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXV, marzo de 2007, página 275, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto." (Jurisprudencia 2a./J. 97/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 152, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." (Tesis P. XXVIII/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXVIII, febrero de 1997, página 119, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) 27. Ahora, tratándose de la respuesta emitida por el Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, se debe atender al caso particular, es decir, al tipo de solicitud que se elevó a dicha autoridad, pues dependiendo del carácter con el que se solicite que actúe, deberá determinarse si la omisión de referencia puede considerase o no como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. 28. Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de peticiones relacionadas con prestaciones de seguridad social, las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de petición a los distintos entes aseguradores, no pueden considerarse como peticiones formuladas a una autoridad. 29. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 2ª./J. 211/2009, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, y que además de tener la función de autoridad fiscal autónoma tiene el carácter de ente asegurador. Ahora bien, contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador, no procede el juicio de garantías pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en comento en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente." (9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; Pág. 303). 30. También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2013, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE LE RECLAMA LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, Y NO SE APLIQUE ALGÚN PRECEPTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El referido Instituto, como organismo descentralizado, tiene la atribución de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado con las aportaciones realizadas por los patrones en favor de sus trabajadores y que forman parte del patrimonio de éstos, quienes para disponer de esos recursos deben sujetarse a las modalidades establecidas en las leyes. Por ello, cuando un trabajador le solicita un crédito o la información prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica de ente administrador, en cuanto no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores, de forma distinta al papel que asume como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados. Por tanto, la circunstancia de que tal institución niegue la entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda respecto de los que figura como su administrador, por considerar que aún no se cumplen los supuestos en que esté obligado a su entrega, involucra una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos, porque la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del quejoso, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de tales fondos, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, ya que no es quien decide con imperio sobre el destino de los recursos de vivienda, sino que ello compete a los órganos de justicia laboral, como es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así, las relaciones jurídicas entre el trabajador o sus beneficiarios frente al mencionado Instituto, tratándose del derecho a disponer de los recursos de la subcuenta de vivienda acumulados, se dan bajo un plano de coordinación, a diferencia de cuando aplica el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, caso en el que actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que unilateralmente, con fundamento en el mencionado artículo transitorio, transfiere los fondos citados al Gobierno Federal, lo que presupone el ejercicio de una facultad inexcusable prevista en ley, situándolo en una relación de supra a subordinación con el particular, sin que para ello requiera acudir a los órganos jurisdiccionales." (10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1283). 31. En ese mismo sentido, y de modo equiparado a la respuesta que por esta vía se pretende reclamar, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha afirmado que el Instituto Mexicano del Seguro Social no es autoridad cuando resuelve en un recurso de inconformidad sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social, pues su actuación derivad de su carácter de ente asegurador y no como órgano dotado de facultades de fiscalización. 32. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, cuyo rubro y texto dice: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." 33. Entonces, se reitera que para conocer si el oficio reclamado constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe atender al tipo de solicitud al cual recayó como respuesta. 34. En efecto, al ser el derecho de petición uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica que implica la garantía individual. 35. Entonces, el derecho de petición implica la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. 36. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. 37. En el caso concreto, se debe tomar en cuenta que lo solicitado por la parte quejosa en el escrito del veinticinco de noviembre de dos mil catorce al Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, consistió en una constancia o certificación de ingresos del último salario que percibió en las plazas que señaló en dicho ocurso, así como la hoja de servicios en la que conste la fecha de ingresos y los cargos que desempeñó en el citado Instituto de Educación básica. 38. En ese contexto, resulta evidente que la solicitud de la parte quejosa se refiere a una cuestión de carácter laboral derivada del vínculo que la une con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos ; de ahí que el citado escrito no puede considerarse como una petición formulada a una autoridad, aun cuando se funde en el artículo 8º Constitucional, ya que dicho Instituto tendría el carácter de patrón-equiparado . 39. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, Página: 126) 40. En consecuencia, se colige que el oficio DPyRL/DTP/062/2015 del siete de enero de dos mil quince, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se insiste, la solicitud que motivó la emisión de dicho oficio, relativa a la expedición de una constancia o certificación de ingresos del último salario que percibió en las plazas que señaló en dicho ocurso, así como la hoja de servicios en la que conste la fecha de ingresos y los cargos que desempeñó en el citado Instituto de Educación básica, se realizó en el plano de una relación laboral, por tanto, de coordinación y no se supra a subordinación. 41. Por último, cabe destacar que si bien se admitió a trámite la demanda de amparo, ello se debe a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no. 42. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 929, Libro X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Julio de 2012, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." VI. DECISIÓN 43. Al ser improcedente el juicio de amparo contra el acto reclamado al Director de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada legislación. 44. Finalmente, en cumplimiento al punto quinto, inciso 6), del Acuerdo General 10/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, remítase este expediente, junto con el archivo electrónico de este fallo, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con domicilio en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, a fin de que proceda a la notificación de la sentencia. 45. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se VII. RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1400/2015-I promovido por Guillermo Vargas Zenteno, respecto del acto precisado en el punto III de esta sentencia, por los motivos señalados en el punto V de la misma. SEGUNDO. Como está ordenado en la última parte de la sentencia, remítase el expediente de origen 1400/2015-I y el archivo electrónico de esta sentencia al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con domicilio en Cuernavaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en esta ciudad. Cúmplase. Así lo resolvió y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, hoy uno de diciembre de dos mil quince, asistido de Alejandro Sánchez Sánchez, Secretario con quien actúa y autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio signado por el Juez Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, mediante el cual remite copia certificada del oficio que le fue enviado por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de la Administración de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante el cual informa la forma y términos en que habrá de entregarse la pensión alimenticia que de manera retroactiva deberá realizar el tercero interesado PEDRO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, así como la notificación a la actora. Por consiguiente, con el oficio de cuenta y constancia anexas, dése vista tanto a la parte quejosa como a la parte tercero interesada, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de TRES DÍAS, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia en base a los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA y TERCERO INTERESADA. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el secretario JORGE MANUEL DÍAZ CARRANZA, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de agosto de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual remite copia certificada del auto de veinticinco de mayo del año en curso, del que se advierte que señaló las nueve horas con treinta minutos del tres de septiembre de dos mil quince, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora; agréguese para que obre como legalmente corresponda. En consecuencia, es procedente requerir a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que en el término de veinticuatro horas siguientes en que se desahogue la testimonial antes referida, remita copia certificada del acuerdo que recaiga dentro del expediente laboral 01/176/13-IV. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
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