Guillermo Vargas Mendoza

Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
635/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Vargas Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado, archivo

  2. Principal

    Devuelven exhorto. Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 554/2023-V, número de orden 559/2023-V, del índice de este órgano jurisdiccional; agréguese, y dese de baja en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos estadísticos correspondientes. Consecuentemente, advirtiéndose de las constancias que remite la autoridad oficiante que se llevó a cabo la diligencia encomendada, se tiene por notificada a la parte quejosa del proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés

  3. Principal

    En la misma fecha, doy cuenta a la Jueza, con la certificación que antecede y con la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de defensor particular de********************. Conste.Nezahualcóyotl, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve********************en su carácter de defensor particular de********************, personalidad que acredita bajo protesta de decir verdad, contra actos del Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México; fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 635/2023-V. Decisión sobre la instancia constitucional (desechamiento). Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano, como se verá enseguida. A efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Análisis de la causal de improcedencia. Del estudio de la demanda, quien ahora provee obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De la lectura del primero de los artículos citados, se aprecia que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se actualice una causal de improcedencia o alguno de los motivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo, lo que evidencia la voluntad del legislador de que los motivos de improcedencia previstos en el citado precepto sean de naturaleza enunciativa, mas no limitativa. En tanto que el último de los dispositivos en mención establece que el juicio de amparo procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, en sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquellos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. En ese contexto, de los referidos preceptos legales y su interpretación, se concluye que para la procedencia del juicio de amparo indirecto se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal; a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución, y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia de rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Por ello, como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación -que afecten materialmente derechos sustantivos-, aunque con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero sin perjuicio de que en cada caso se analicen las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal. Caso concreto. Ahora bien, en el caso en estudio, el acto combatido consiste en la determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en que la responsable admitió la prueba de refutación en materia de psiquiatría ofrecida por la fiscalía en los autos de la causa de juicio ********************/2022 del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, no tiene efectos de imposible reparación, toda vez que sólo entraña una posible infracción a los derechos adjetivos de la parte quejosa que produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales; por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la actuación de la que se queja la parte inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, puede quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse sentencia que decida la controversia de origen, la cual puede ser a su favor y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del referido fallo, en la medida en que trascienda a su resultado. De lo antes señalado, se colige que el acto combatido no causa a la parte solicitante del amparo perjuicios de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial contra actos dentro de juicio, pues para que una violación de derechos procesales se ubique en tal hipótesis es necesario que produzca una afectación en grado predominante o superior. Luego, sus efectos o consecuencias son simplemente procesales mientras no se dicte la sentencia que decida el fondo de la controversia, y si bien existe la posibilidad de que el fallo sea desfavorable a la parte solicitante del amparo; sin embargo, tal probabilidad no basta para conferir un interés jurídico al mismo para acudir de inmediato al juicio de amparo indirecto, pues también es posible que la violación de referencia no llegue a concretizarse, si el fallo resulta favorable a la parte agraviada, pese a existir un acto de procedimiento estimado ilegal, porque esa violación procesal cometida en el procedimiento no trascendería al fallo y no habría conculcación a sus derechos sustanciales o fundamentales. En tales condiciones, como en la especie no se aprecia que por las circunstancias del caso exista una conculcación inmediata de derechos humanos, sino que por el contrario, según quedó expresado con antelación, aquélla sólo podrá actualizarse al dictarse sentencia definitiva (de resultar desfavorable a la parte quejosa), es de concluirse que no estamos en presencia de un perjuicio irreparable. En ese sentido, los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo vigente, establecen que los juicios seguidos ante los tribunales, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, cuando se afecten las defensas del quejoso y dichas violaciones, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia que decida dicho recurso. Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justificó el criterio jurídico que por regla general, tratándose de la admisión de medios de prueba en la etapa intermedia, el juicio de amparo es improcedente, pues de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos humanos, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1319, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Materia Penal, Undécima Época, registro digital 2023906, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente". De lo anterior, se desprende que la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 6/2021, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dilucidó si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su admisión o no en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Por lo cual, estimó que verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. Además, consideró que cualquier ilegalidad relacionada con la inclusión o exclusión del medio de prueba, puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, arribó a la conclusión que el amparo, por regla general, es improcedente en tratándose de inclusión o exclusión de pruebas, por ende, estableció que una posible violación a los principios informadores de la prueba como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, hará improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, es decir, a la valoración que en su caso lleve a cabo el Tribunal de Enjuiciamiento. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se la encuadre en el juicio de protección constitucional. Lo anterior, se corrobora con lo establecido en el criterio jurídico dilucidado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número digital 2023589, de la Undécima Época, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." De lo hasta aquí expuesto, se concluye que la determinación de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en que la responsable admitió la prueba de refutación en materia de psiquiatría ofrecida por la fiscalía en los autos de la causa de juicio ********************/2022 del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, no se considera un acto de imposible reparación, pues de acuerdo a los criterios jurisprudenciales en cita, es improcedente el amparo indirecto en tratándose de inclusión o exclusión de pruebas a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación", ya que residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, es decir, a la valoración que en su caso lleve a cabo el Tribunal de Enjuiciamiento. Por tanto, dicho acto se da en el plano del proceso penal y no se le puede encuadrar en el juicio de amparo; además, no impone cargas injustificadas al imputado; tampoco se advierte que sea de ejecución inmediata o que trastoque derechos fundamentales independientes del propio proceso penal, sino que se advierte tendiente a dilucidar cuestiones propias del citado proceso. De lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción V, interpretado a contrario sensu de la citada ley, con fundamento en al artículo 113 de la ley de la materia procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por********************en su carácter de defensor particular de********************. No es inadvertido para quien ahora provee, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Designación de domicilio. Toda vez que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, se ordena notificar por lista los acuerdos subsiguientes que deriven del presente asunto, hasta en tanto subsane tal omisión, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción I inciso c) de la Ley de Amparo y lo dispuesto por los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, así como lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por única ocasión gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, instruya a quien corresponda, y con copia simple del presente proveído notifique al defensor particular********************en el domicilio ubicado en calle ********************número ********************Despacho ********************colonia ********************Alcaldía ********************debiendo requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Nezahualcóyotl, Estado de México), en el entendido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista correspondiente, con apoyo en el ordinal 26, fracción III, de la ley en la materia. En la inteligencia de que si al constituirse el actuario en el domicilio señalado para tal efecto éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que el quejoso en comento puede ser notificado en otro domicilio, practique la notificación encomendada en autos, en el domicilio indicado por el informante, debiendo asentar la razón correspondiente en su caso, siempre y cuando se realice dentro de la jurisdicción de ese tribunal. A fin de que la diligencia ordenada pueda realizarse por el actuario adscrito a dicho juzgado, con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita días y horas inhábiles para tal efecto. Consulta electrónica. Ahora bien, como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta electrónica de las determinaciones emitidas en el presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, ello de conformidad con los artículos con los artículos 34, 36, 38, 39, 55, 57, 58, 60, 61 y 63, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los Asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva, al usuario********************. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ya que se encontró registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica Federal. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos; apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que, de ser necesario, notifique los autos que deriven del presente juicio, en días y horas inhábiles. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el cuaderno principal y si se creara, en el incidente de suspensión respectivo); por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en los artículos 22 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante diverso Acuerdo que abroga los acuerdos por contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, dígase a las partes que las copias que en su caso soliciten, y que incluyen evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente; asimismo, para el caso de contar con usuario autorizado para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en su equipos de cómputo las constancias que obren en el mismo, las cuales como se dijo, respaldadas por la respectiva firma electrónica tienen el valor de copias certificadas.

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