Guillermo Torres Sanchez

Expediente 165/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
165/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Torres Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, mediante el cual comunica que el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia planteada por este Juzgado para conocer del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado Federal se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.

  2. Principal

    MESA I CÚMPLASE

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Torres Sánchez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Número Cuarenta y Tres en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 165/2019-I-B INCOMPETENCIA Ahora bien, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, éste Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, por las razones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este precepto se desprenden tres reglas que fijan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Cuando el acto tenga ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demanda que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. El propósito del legislador fue hacer del juicio de garantías un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. En el caso concreto, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso a), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción tendrá ejecución el acto reclamado, esto es, el dejar sin efectos la orden contenida en el oficio 1850/2016-TUA-43 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, con motivo de la determinación de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro de juicio agrario 383/2016-43, que se tramita ante el Tribunal Unitario Agrario Número Cuarenta y Tres en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. Así, analizada la demanda de amparo promovida por Guillermo Torres Sánchez, se observa que esencialmente señala como acto reclamado, la determinación de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Número Cuarenta y Tres en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, dentro del expediente 383/2016-43, en la que ordenó el levantamiento de la medida precautoria decretada en el juicio natural y ordenando para ello girar oficio al Ingenio Azucarero Fagsa (ahora Ingenio Pánuco SAPI), con residencia en Pánuco, Veracruz, a fin de que dejara sin efectos la orden contenida en el oficio 1850/2016-TUA-43 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, promovido por el aquí impetrante de amparo. De ahí que resulte inconcuso que el cumplimiento de la cancelación de la orden contenida en el oficio 1850/2016-TUA-43, de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente natural 383/2016-43, se ejecutará en Pánuco, Veracruz, lugar en que se localiza Ingenio Azucarero Fagsa (ahora Ingenio Pánuco SAPI), con residencia en Pánuco, Veracruz, y por ende, la competencia para conocer de este asunto, se surte a favor un Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano. En efecto, los actos relativos a la determinación de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Número Cuarenta y Tres en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, dentro del expediente 383/2016-43, generó el levantamiento de la medida precautoria por parte del Ingenio Azucarero Fagsa (ahora Ingenio Pánuco SAPI), con residencia en Pánuco, Veracruz, pues ello implica dejar sin efectos la orden contenida en el oficio 1850/2016-TUA-43 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, y por ende, constituye un acto que evidentemente conlleva una ejecución material y, conforme a lo expuesto, tendrá verificativo en Pánuco, Veracruz, porque será ante el Ingenio Azucarero Fagsa (ahora Ingenio Pánuco SAPI), que se materializará el acto reclamado, sin que en el caso dicho acto pueda reputarse como declarativo, pues sus consecuencias si trascienden al mundo fáctico, ya que modifican el estado de las cosas en la esfera física y no solo en el ámbito formal, pues implica realizar una serie de actos dirigidos a ejecutar la ejecución de la determinación de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitida en el juicio natural, por lo que se insiste el acto reclamado en este asunto, sí tiene una ejecución material. Sin que exista dato alguno que demuestre que la ejecución de los actos reclamados por el peticionario del amparo se llevará a cabo dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; dado que, los datos que proporciona en su demanda de garantías, demuestran que se desarrollarán en Pánuco, Veracruz. Es aplicable la tesis sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y ocho, Tomo 217-228 Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dispone lo siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Se estima aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Agosto de dos mil uno, visible a página mil doscientos noventa y nueve, Materia Administrativa, Común, de contenido siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Bajo esas consideraciones, este Órgano de control constitucional, estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Guillermo Torres Sánchez, surtiéndose la misma a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, que por razón de turno corresponda conocer. Por lo expuesto, de conformidad con lo que establecen los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto cuarto, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de derechos fundamentes promovido Guillermo Torres Sánchez; en consecuencia, se declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, que por razón de turno corresponda conocer. Por tanto, una vez que se encuentre debidamente notificado el promovente del presente auto, remítase la demanda de amparo que se trata y copias de la misma, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, para que ésta para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que en razón de turno corresponda, a fin que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Se ordena formar cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado, hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Balderas Izaguirre, por encontrarse debidamente registradas su cedulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y así haberlo solicitado en su escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se autorizan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo.

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